Sorpresa. La formación política Podemos, especialmente beligerante con el pujolismo y la herencia postconvergente, ha decidido apartarse como acusación popular del caso Pujol. En un escrito registrado en la sala penal de la Audiencia Nacional, al que ha tenido acceso El Món, el abogado de la formación, Jaime Montero, ha anunciado que desiste de la acción penal y se aparta del caso dejando todo el peso de la acusación al ministerio fiscal. La decisión llega en pleno contexto mediático y político donde a través de documentos aportados al Congreso de Diputados sobre la operación Catalunya muestran cómo la policía patriótica articuló diferentes investigaciones contra la familia.

De hecho, a estas alturas, no se sabe quién será el fiscal que pondrá voz a la acusación pública porque la fiscal adscrita al caso, Belén Suárez, alumna aventajada del histórico fiscal anticorrupción y uno de los arietes judiciales del antipujolismo Carlos Jiménez Villarejo, ha sido promocionada a la sala penal del Tribunal Supremo por parte del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Todo esto a un año vista de que comience la vista oral del juicio que la Audiencia Nacional ha situado en el mes de noviembre de 2025. Después de más de 10 años de instrucción.

El empresario e hijo primogénito del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol, Jordi Pujol Ferrusola | EP
El empresario e hijo primogénito del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol, Jordi Pujol Ferrusola | EP

Presumir del trabajo hecho

En el escrito, de una sola página, el abogado se jacta de su trabajo como acusación durante la instrucción. «Esta acusación popular ha impulsado desde su mismo inicio la investigación de graves conductas delictivas, lo que ha servido para depurar y aclarar hechos muy relevantes que serán objeto de enjuiciamiento a partir del mes de noviembre de 2025 en este procedimiento», razona en el escrito.

Pero, a pesar de este trabajo, desiste de continuar. «Visto el estado actual del procedimiento, en el que ya consta personada la acusación pública representada por el Ministerio Fiscal, cuya misión es la de promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley». Con esta premisa considera que ya está suficientemente cubierta la acción penal por la acusación pública y, que en todo caso, Podemos ya ha «contribuido» con su iniciativa a la depuración de los hechos investigados. Una afirmación curiosa porque aún queda un año para celebrar el juicio que ha de depurar los hechos y las responsabilidades. 

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