Enésimo juicio a raíz de las protestas post-sentencia del Proceso de octubre de 2019. En esta ocasión, la vista será contra tres personas acusadas de un delito de desórdenes públicos y tres delitos de atentado contra agentes de la autoridad con un delito leve de lesiones. La pena que el ministerio fiscal pide en total, sumado el que solicita para los tres, 15 años y un mes de prisión, 2.680 euros en multas y responsabilidades civiles que se ensarten hasta 11.820 euros.
Los hechos se registraron el 15 de octubre ante la delegación del gobierno español en Cataluña. Atendida la narración del fiscal, los acusados lanzaron piedras, botellas de vidrio, material pirotécnico e incluso vallas de seguridad. Los tres acusados fueron detenidos al escenario de los hechos y, siguiendo el relato de los atestados y del ministerio público, opusieron resistencia «golpeando y empujando» los agentes. El fiscal pide aplicar la agravante del uso del disfraz porque los manifestantes, supuestamente, llevaban el rostro tapado. Uno de los acusados pidió disculpas a los dos Mossos que resultaron heridos y es el que menos pena tiene pedida. Aun así, se juega 2 años y 7 meses de prisión, una pena que no permitiría la suspensión, porque es superior a los dos años, y lo obligaría a ingresar en un centro penitenciario, como los otros dos acusados.
«Un grupo superior al millar»
El escrito de acusación del fiscal indica que la protesta fue debidamente comunicada en protesta por la sentencia que condenaba a casi 100 años los líderes institucionales y civiles del Proceso. Los Mossos d’Esquadra organizaron un dispositivo de seguridad para proteger las dependencias de la delegación del gobierno, entonces bajo mando de Enric Millo. Hacia las ocho de la tarde, «más de un millar de personas» intentó llegar al edificio de la delegación, e intentaron retirar las vallas del perímetro de seguridad. Fiscalía asegura que los manifestantes lanzaron piedras, botellas de vidrio, material pirotécnico e incluso las mismas vallas contra los agentes del cordón policial. Tanto los atestados como el fiscal remarcan que «muchos de los manifestantes actuaban con la cara cubierta para impedir su identificación».
De esta acción sale, supuestamente, el primero de los acusados, una chica identificada como ‘A’. Se le imputa haber actuado con «desprecio hacia las funciones policiales» por haber «lanzado piedras contra los agentes». Una de las piedras habría impactado en el casco de uno de los agentes de los Mossos d’Esquadra. Tanto el policía agredido como su compañero la detuvieron, no sin que opusiera una fuerte resistencia. Uno de los agentes fue herido en la rodilla izquierda. La fiscalía resalta que «la acusada se llegó a tapar la cara con una camiseta, si bien no consta si lo hizo para evitar ser identificada o para protegerse del humo de la pirotécnica».
Arrancar un cable de la radio policial
Otro de los procesados, identificado como ‘Me, está acusado de empujar un agente «con las manos» y, cuando uno de los policías lo quiso detener, le va «arrancar el cable de comunicación del casco», que tiene un coste de 297,94 euros, y le «intentó tomar la defensa de las manos, retorciéndole los dichos». Cuando otro policía intentó ayudar su compañero en la detención, también le va «intentar sacar el casco y lo golpeó a la cara», según el fiscal. Precisamente, este acusado ha participado en un proceso de mediación con los agentes a través del Equipo de Justicia Restaurativa, en que se hizo responsable de los hechos y los pidió disculpas. El tercero acusado, identificado como ‘J.’, está acusado de llevar la cara tapada con una camiseta como si fuera un pasamontañas y lanzar una valla de seguridad a uno de los agentes, que le impactó en la pierna derecha. El agente tuvo que ser operado de la rodilla y estuvo de baja durante 128 días. Varios agentes denunciaron contusiones.
Por todos estos hechos, la condena que el ministerio fiscal solicita en global es dura. A la acusada A, le reclama 18 meses de prisión por desórdenes públicos; 3 años y 3 meses de prisión, por atentado contra la autoridad y una multa de 720 euros por un delito de lesiones. A M, el fiscal le pide menos pena por las disculpas pedidas y el reconocimiento de los hechos, con 15 meses de prisión por desórdenes, 8 meses por atentado y 8 meses de lesiones, así como una multa de 960 euros por desórdenes. Y para el tercero acusado, J., solicita una pena de 3 años y 9 meses por desórdenes, 4 años por atentado y una multa de 800 euros por lesiones. En global, la pena pedida para los tres suma más de 15 años.
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