Los doce miembros del Tribunal Constitucional tienen mucho trabajo. Todo surge a raíz de la aprobación y no aplicación de la ley de amnistía. Tanto es así que el pleno de esta semana ha servido para poner orden, organizar y preparar una lista de recursos y cuestiones de inconstitucionalidad que diferentes tribunales, grupos parlamentarios y gobiernos autonómicos han presentado contra la ley del olvido penal para los independentistas. Este jueves, los magistrados se han visto obligados a rehacer el excel de las tareas que tienen debido a la batalla política por la amnistía.
En total, el balance que ahora tiene sobre la mesa el tribunal son 16 recursos de inconstitucionalidad y cuatro cuestiones de inconstitucionalidad. Por el momento, el tribunal ha repartido todas las causas entre diferentes miembros ponentes y habrá que ver si hay acumulación de recursos y cuestiones de acuerdo con el procedimiento que establece la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. En cualquier caso, según fuentes del tribunal, todos estos recursos quedarán resueltos en un plazo de entre seis meses y un año.
Agenda llena
En concreto, la ofensiva contra la amnistía a través de recursos la lidera Aragón, que presenta uno desde su Parlamento y otro su gobierno, así como los de Murcia y Cantabria, además de los gobiernos de Galicia, Castilla-La Mancha, Castilla y León, La Rioja, las Islas, el País Valenciano, Extremadura, Madrid y Andalucía. Por ahora, el Constitucional ha tenido que nombrar ponentes para su admisión a trámite como primer paso para su validación. Además, se debe añadir el recurso presentado por el grupo parlamentario popular. De estos, en nueve casos existen recusaciones de los magistrados Laura Díez, Juan Carlos Campo y del presidente Cándido Conde-Pumpido.
Por otro lado, los magistrados también deben gestionar las cuatro cuestiones de inconstitucionalidad registradas por cuatro tribunales. La primera, de la sala penal del Tribunal Supremo, que preside Manuel Marchena, más las tres cuestiones registradas por la sala civil y penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). Pronto, se deberá añadir la cuestión presentada por la Audiencia Nacional a raíz del caso 23S u operación Judas.
