La virulencia de la revuelta de los jueces, que incluso han pedido apoyo a Europa, contra la ley de amnistía que negocian el PSOE y los independentistas catalanes, ha encendido las alarmas en Ferraz. En la sede de los socialistas españoles se han recibido con sorpresa los ataques frontales del Poder Judicial y de las principales asociaciones de magistrados y fiscales contra un texto que ni siquiera se ha cerrado. En un clima de tensión en las calles y despachos de Madrid, el PSOE y el PSC intentan hacer control de daños y calmar los ánimos de la magistratura, asegurando que “no habrá revisión de sentencias”, a pesar de que conceptualmente sea una cosa que en ningún momento se plantea: una amnistía es una decisión política que deja sin efecto determinadas sentencias, ni las revisa, ni las cuestiona, ni las enmienda jurídicamente, simplemente se interrumpe el cumplimiento de la condena.
Aun así, varias fuentes del PSOE y del PSC están utilizando esta expresión para contrarrestar la guerra mediática iniciada por los jueces, que se quejan de que no se respeta la división de poderes. El último en salir al paso de las críticas ha sido el primer secretario del PSC, Salvador Illa, que, en una entrevista en Catalunya Ràdio, ha relativizado el alcance de la referencia a efectos de las comisiones de investigación que se mencionan en el acuerdo del PSOE con Junts. El pacto apunta que, para decidir qué casos se consideran
Para asegurar que este mecanismo no se extralimitará, Illa ha dicho: «No habrá ninguna revisión de sentencias judiciales. No se puede hacer”, ha insistido. “Veremos qué frutos dan [las comisiones] y qué recorrido tienen sus recomendaciones”. El líder del PSC ha asegurado que el Congreso no enmendará las sentencias y que si “ha habido errores judiciales, será el mismo error judicial quién lo enmendará”, a pesar de que esto ya no es cosa de la ley de amnistía, sino de los recursos judiciales que puedan presentar los afectados.
La batalla por el ‘lawfare’ enciende los jueces españoles
La ley de amnistía ya se percibía desde el Poder Judicial como un “ataque” en el estado de derecho y a su trabajo, pero el pacto de Juntos y el PSOE, que incluye basarse en comisiones de investigación en el Congreso para identificar posibles casos de lawfare, ha puesto en pie de guerra todos los jueces. Primero solo fueron los sectores más conservadores, atizados por el PP, que se opusieron a la amnistía, pero la batalla por el lawfare –que implica una “guerra sucia” de los tribunales para perseguir y represaliar el independentismo– ha encendido incluso los magistrados progresistas.
La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), con los votos de todos los magistrados, excepto uno, ha aprobado este jueves un llevar comunicado para mostrar su “oposición frontal” a la creación de las comisiones parlamentarias para perseguir el
Asens, sorpres por la reacción de los jueces
El portavoz de En común Podemos en el Congreso, Jaume Asens, se ha mostrado muy sorprendido por la reacción de las asociaciones de jueces y fiscales. «Tienen la piel muy fina», ha dicho antes de acusar los jueces de querer ser actores políticos. «Hay muchos jueces que se consideran los principales guionistas de la política española. La amnistía busca poner fin en esto», ha remachado. En este sentido, ha acusado los jueces de querer suplantar la voluntad de los legisladores con comunicados y de interferir en el debate público. «Desconocen el contenido de la ley de amnistía, donde no aparece el concepto de lawfare», ha concluido.
