El caso de Nuet acredita el carácter político del nuevo juicio a la Mesa de Forcadell

La sala de vistas del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) es el escenario del revival de uno de los juicios claves contra el Proceso. A las diez de la mañana se ha comenzado la repetición de la vista por desobediencia contra los miembros soberanistas de la Mesa del Parlamento que presidía Carme Forcadell. A pesar de que la vista parece el día de la marmota, y que incluso el ministerio fiscal parece que arrastre los pies, la vista ha empezado a ofrecer algunas sorpresas. De entrada, el alegato de las defensas sobre la carencia de legitimación de la Abogacía del Estado y, en segundo término, el caso del «quinto beatle» de la Mesa del Primero de Octubre, el exmiembro de Cataluña Sí Que Se Puede, Joan Josep Nuet, condenado por los mismos hechos pero por el Tribunal Supremo, porque después fue diputado en el Congreso.

Precisamente, fue la sala de lo penal del Supremo, que preside Manuel Marchena, la que ordenó repetir el juicio de los exvicepresidentes de la cámara catalana, Lluís Corominas i Anna Simó, y los exsecretarios Ramona Barrufet y Lluís Guinó. En este caso, a diferencia del primer juicio, ha quedado fuera la cupaire Mireia Boya, que fue absuelta en primera vuelta. El resto fueron condenados a 20 meses de inhabilitación y una multa de 30.000 euros, pero el Supremo admitió que se había vulnerado el principio de imparcialidad de los magistrados y ha obligado a repetir el juicio sin que haya cambiado ni un milímetro la acusación tanto del ministerio fiscal, como de la abogacía del Estado o de Vox, que actúa como acusación popular.

Una querella donde Nuet no estaba

Luego que se han expuesto las cuestiones previas de las defensas y después de un receso de 30 minutos, los abogados han iniciado los interrogatorios a los cuatro acusados que no han contestado a ninguno de las acusaciones. Uno de los puntos más destacados es el caso de su compañero de filas, Joan Josep Nuet, que entonces era el líder de EUiA que formaba parte de la coalición de Cataluña Sí Que Se Puede y que era secretario de la Mesa. La querella de la fiscalía que ha dado lugar a este procedimiento no incluyó Nuet porque no era independentista y porque «creyó que solo podía hacer un control formal de las iniciativas parlamentarias que se presentaban a la Mesa». El hecho que se discriminara Nuet de aquella querella evidencia que el resto fueron objeto de la denuncia por su condición de independentistas y, por lo tanto, el carácter político de su acusación.

Precisamente este es el argumento que han expresado los cuatro procesados de manera reiterada en sus declaraciones. Los cuatro han insistido que como miembros de la Mesa solo podían controlar el cumplimiento formal de las iniciativas que presentaban los grupos. En este sentido, hábilmente, han recordado que la jurisprudencia alegada por las acusaciones, que interpretan que las mesas de dirección de las cámaras también tienen que mirar la «coherencia constitucional» es posterior a los hechos. En definitiva, los hechos que se los acusa es por las admisiones a trámite de declaraciones políticas y de las leyes de transitoriedad del año 2017. En cambio, se aporta el cambio de criterio legislativo y constitucional con sentencias del año 2019, 2020 y 2021. Un cambio de doctrina que los habría dejado desamparats.

El juicio de la Mesa de Torrent, de trasfondo

Otro de los frentes expuestos ha sido la reciente absolución de los miembros soberanistas de la Mesa que presidía Roger Torrent. De hecho, una de las tácticas de las defensas ha sido asimilar los dos casos. Incluso, han señalado que los requerimientos del Tribunal Constitucional eran más claros los destinados a la Mesa de Torrent que no los que recibió la Mesa de Forcadell durante la tramitación de las leyes de transitoriedad y las declaraciones de soberanía de la cámara parlamentaria. En esta línea, todos han defendido que su prioridad era garantizar el derecho de iniciativa política de los diputados tal como entonces defendía la misma doctrina del Tribunal Constitucional.

También han salvo el armario uno de los argumentos estrella del juicio pasado. En concreto que algunas de las resoluciones que se llevaron a votar se llevaron directamente al plenario, donde la Mesa ya queda disuelta en el conjunto de la cámara y no tiene ninguna potestad para vetar los debates. Así han recordado que la entonces presidenta, Carme Forcadell, leyó en voz alta los requerimientos del TC en toda la cámara. Un argumento para resaltar que si el TC no quería que se celebrara el debate tendría que haber enviado el requerimiento a todos los diputados del Parlamento.