Antes se habían formalizado equipos para investigar el yihadismo o el crimen organizado, pero esta vez se dio un paso más. Los Mossos d’Esquadra articularon parejas de trabajo con el Cuerpo Nacional de Policía para investigar a activistas independentistas y llevarles ante los tribunales. Lo destapa el sumario de los cuatro jóvenes de Tarragona juzgados para participar en las protestas contra la sentencia del Proceso. Un caso del cual esta semana ha salido la sentencia, con condena en un año de prisión para tres de los cuatro acusados juzgados –el cuarto fue absuelto– y multas que no superan los 350 euros.
Según el largo sumario del caso, al cual ha tenido acceso El Món, se investigaron hasta quince personas, pero finalmente se procesaron solo cuatro. Todos los investigados habrían participado en el segundo día de las protestas, el 15 de octubre del 2019. Hasta entonces, los Mossos d’Esquadra habían participado en casos que comandaba, como policía judicial, o bien el Cuerpo Nacional de Policía o bien la Guardia Civil, aportando información o elaborando atestados que después se libraban a la policía española, que hacía de «fuerza instructora». Incluso, con casos como el Azor 88, un mosso de la Comisaría General de Información que trabajaba para aportar información a l‘Audiencia Nacional.
Ahora bien, el caso de las diligencias previas 277/220 del juzgado de instrucción número 6 de Tarragona muestra otro modus operandi policial en la persecución al independentismo. En concreto, la creación de parejas mixtas de miembros de las Comisarías Generales de Información de los Mossos d’Esquadra y del Cuerpo Nacional de Policía. Unos «binomios» que disponían de recursos ingentes para instruir causas contra activistas independentistas con operativos policiales, para hacer intervenciones de comunicaciones, seguimientos, monitorización en las redes, análisis forense de imágenes o, incluso, estudios sobre los tatuajes de los investigados.
Un inspector del CNP y un sargento de los Mossos, los jefes del equipo
En el caso de Tarragona, Mossos y CNP abren una «operación conjunta» y elaboran a cuatro manos un primer atestado policial con fecha del 17 de enero del 2020, que después ampliarán el 19 de febrero del 2020. Unos informes sobre posibles delitos de desórdenes públicos agraviados del artículo 557 del Código Penal, de atentado contra agente de la autoridad, también agraviado, del artículo 550 y coacciones para obligar a hacer huelga del 315.3 (un artículo actualmente derogado, desde el 2021). Los firman conjuntamente el inspector del Cuerpo Nacional de Policía con TIP 129659, que actúa de instructor, y el sargento de los Mossos d’Esquadra 4078, que actúa de secretario, los dos de las respectivas comisarías generales de información de sus cuerpos policiales.
De hecho, el atestado empieza dejando claro el origen de las investigaciones, que definen como «fruto del trabajo conjunto entre la Brigada Provincial de Información del CNP y de la Comisaría General de Información de los Mossos d’Esquadra». En este marco resaltan que la «investigación conjunta del CNP y Mossos se forma con el objetivo de aclarar una serie de hechos susceptibles de ser tipificados como ilícitos penaltis». Unos hechos «relacionados con los graves incidentes que tuvieron lugar a Tarragona después de la publicación de la sentencia del Tribunal Supremo sobre la Causa Especial 20907/2017 respecto al llamado Proceso».
Los Mossos, pues, comparten el habitual tono y sesgo de las policías españolas en los informes policiales contra independentistas. Así, se refieren a las manifestaciones como una «oleada de violencia sin precedentes en nuestro ámbito de actuación». «Miles de personas», continúan, «se abocaron en las calles en numerosos puntos del territorio catalán, y la provincia de Tarragona, y especialmente su capital, fue testigo en primera persona de los hechos expuestos en este atestado». Tanto el inspector como el sargento no se están de usar termas como «alborotadores», «actos vandálicos», «hechos violentos», «actitudes hostiles», «medios coactivos con alta carga de violencia», «formación de barricadas», «lanzamiento de objetos», «crema de contenedores» o un «claro ánimo de causar daño a primeros de autoridad», así como una «clara intención de herir y lesionar los agentes actuantes». Todo ello explicado con formas condicionales de los verbos, como ahora «habrían hecho» o «podrían haber hecho». Los autores del informe tienen que recibir la ayuda dos agentes más, el del CNP 130768 y el de los Mossos 6442, porque no dan el alcance a hacer el papeleo de la instrucción.
Un gran operativo
Los atestados y los oficios muestran un enorme despliegue de medios para perseguir a los manifestantes independentistas que, finalmente, han sido condenados con penas más que mínimas, y uno ha sido absuelto. En este contexto hay que señalar que CNP y Mossos llevaron a cabo seguimientos operativos de los investigados y analizaron con alta tecnología forense sus aparatos móviles. Por otro lado, el atestado aporta un grueso informe de visionado de imágenes para identificar los procesados en las manifestaciones. Un anexo que también se completa con un reconocimiento facial de los sospechosos por parte de un subinspector del Área Regional de Recursos Operativos (ARRO) de Tarragona -antidisturbios de la policía de la Generalitat.
El informe también incluye un análisis de los tatuajes de los investigados, así como una lista de las consignas que habrían gritado durante las concentraciones. Incluso aprovechan y sacan fotografías de los sospechosos con diputados independentistas del Parlamento, como el entonces secretario de la Mesa del Parlamento Eusebi Campdepadrós, de Junts per Catalunya, que tenía el escaño por Tarragona. Así mismo, relacionan los investigados con organizaciones como Arran o La Forja, todas relacionadas con la CUP o conocidas como las «juventudes de la CUP». La policía incluso remitió un oficio al Rectorado de la Universitat Rovira i Virgili para que elaboraran un informe de los daños causados a la sede universitaria a raíz de las protestas.
Una exhaustiva investigación policial y un fiasco judicial
La investigación conjunta, que empezó con quince sospechosos, acabó con cuatro acusados en el juicio. De este, tres fueron condenados a una pena mínima y uno quedó absuelto. Y precisamente el absuelto es el que ha dejado más en evidencia la investigación. En concreto, se trata de Arnau M., que el equipo conjunto de Policía Nacional y Mossos considera que «no solo formó parte de los graves disturbios registrados a Tarragona, sino que, además, ejerció en todo momento un rol de liderazgo». «En definitiva», continúan, «Arnau M. es considerado por esta instrucción como uno de los dinamizadores, líderes y caudillos de los disturbios a Tarragona».
En cambio, el titular del juzgado penal 1 de Tarragona que juzgó a los cuatro acusados no comparte en absoluto esta conclusión policial. Todo lo contrario. De hecho, Arnau M. es el único que ha quedado absuelto «al existir dudas razonables de la participación del acusado en los hechos». Incluso, el juez deja claro que las versiones policiales no pueden desacreditar la veracidad de las explicaciones del acusado absuelto y los reprocha que no aportan ninguna prueba de su inculpación. Una «investigación conjunta», pero que todo y los ingentes recursos, no ha servido de mucho.
