Última etapa del camino procesal del juicio por los atentados del 17 de agosto del 2017 en Barcelona y Cambrils. Este miércoles, la sala de lo penal del Tribunal Supremo, presidida por el magistrado Manuel Marchena, celebrará la vista oral de los recursos de casación presentados por las defensas y varias partes en relación con la sentencia dictada por la Audiencia Nacional, que condenó a tres terroristas a diferentes penas de prisión. Es el último paso antes del recurso de amparo, si fuera el caso, ante el Tribunal Constitucional.
El abogado José Antonio Bitos, de USPAC, que representa a los agentes de los Mossos d’Esquadra que abatieron a los terroristas en Cambrils, pidió una vista pública para debatir definitivamente en el Supremo la sentencia dictada por la Audiencia Nacional y revisada por la sala de apelaciones de la misma Audiencia. Uno de los recursos también se basa en uno de los grandes misterios que ha enturbiado la instrucción del caso. En concreto, sobre la figura del imam de Ripoll, Abdelbaki el Satty, cerebro de la célula yihadista.
Las defensas de los condenados y de los padres del pequeño Xavier, el niño de Rubí asesinado en la Rambla, dirigida por Agustí Carles y Jaume Alonso-Cuevillas, han puesto en entredicho la verdad judicial que sostiene que el imam está muerto, entre otras cosas por los defectos formales de la investigación de su ADN. El fiscal del caso, sin embargo, ya ha anunciado en su escrito que esto es «irrelevante» para decidir sobre el recurso y la sentencia de los hechos.
Penas iniciales rebajadas por el primer recurso en la Audiencia Nacional
La resolución que convocaba la vista oral también detallaba que la sala que revisará la sentencia estará compuesta, además de Marchena, por los magistrados Juan Ramón Berdugo, Antonio del Moral, Andrés Palomo y Javier Hernández. De hecho, la mayoría de las partes, tanto defensoras como acusadoras, interpusieron recurso de casación después de la rebaja de penas que se decidió en la apelación a la Audiencia Nacional, sobre una primera condena de un total de 107 años de prisión.
Finalmente, en el caso de Mohammed Houli Chemlal la pena quedó en 43 años de prisión —había sido condenado a 53 años—, la de Driss Oukabir en 36 años —estaba condenado inicialmente a 46 años—, mientras que a Said Ben Iazza se le mantuvieron los ocho años de prisión, a pesar de que ya se encuentra en libertad provisional. La sala ya fijó el límite de cumplimiento máximo en los veinte años de prisión. De hecho, la Guardia Civil propuso la expulsión de algunos de los condenados, pero la Audiencia Nacional rechazó la petición hasta, como mínimo, la celebración y resolución del recurso de casación.
«Especial trascendencia del debate» y las dudas sobre la muerte del imam
Marchena justificó la decisión de hacer una vista oral por este recurso, que normalmente no se celebra si no es a petición de una de las partes. El magistrado ha aplicado el artículo 893 bis a) de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Es decir, aplica la “trascendencia pública de los debates” que se podrán observar. La casualidad ha hecho que finalmente llegue en el mismo momento que el debate de investidura, con una batalla pública abierta entre el poder jurisdiccional y el poder político por la polémica presentación de la proposición de ley orgánica de amnistía.
La sala que presidirá Marchena entiende que es del todo necesario hacer una vista oral porque, además de la petición por parte de una de las acusaciones, entiende que lo justifican las suspicacias que rodean la figura del imam de Ripoll. En este sentido, la sentencia que se discute mantiene que El Satty murió en la explosión de Alcanar, donde se preparaba el atentado, que tenía que ser con bombas. Pero la misma resolución dejaba una puerta abierta a averiguar la “verdad material” si se incorporaban pruebas nuevas.
La defensa de los condenados busca una rebaja de la pena y alega la vulneración de derechos fundamentales en el proceso de detención y enjuiciamiento, así como errores contra las garantías penales en el proceso de investigación e instrucción. En cambio, la acusación de Javier Martínez quiere asegurar que se deja la puerta abierta en una futura investigación de la muerte del imam con más concreción, sin obviar la posibilidad de acudir a instancias internacionales.
