El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña no falla. Los magistrados Jesús María Barrientos, María Eugènia Alegret y Nuria Bassols han decidido alargar el procedimiento de la aplicación de la amnistía al expresidente Quim Torra, al exdiputado Pau Juvillà y el exalcalde de Agramunt y consejero de Exteriores, Bernat Solé, todos condenados por desobediencia. Los tres magistrados han firmado las tres resoluciones con que piden a las partes, que en el plazo de diez días, digan la suya sobre la posibilidad de presentar una cuestión de constitucionalidad ante el Tribunal Constitucional o una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Hay que tener presente que en el caso Torra, Vox hace de acusación popular y en los tres, fiscalía ha defendido la aplicación de la ley del olvido penal. La resolución del TSJC llega el mismo día que el Tribunal ha decidido no aplicar la amnistía al expresidente de la Generalitat, Artur Mas, la exvicepresidenta Joana Ortega, y la ex consejera de Eduació, Irene Rigau, por la organización de la consulta soberanista del 9 de noviembre de 2014. Los tres fueron condenados a inhabilitaciones y multas de entre 24.000 y 36.000 euros.
«Aclarar dudas»
Según las resoluciones, el texto y el objetivo de la ley «coloca» los magistrados «en la necesidad de aclarar, previamente a hacer efectivos los efectos de la amnistía, los serios y fundadas dudas de adecuación de esta norma extintiva a principios y valores constitucionales superiores como el de la igualdad de todos ante la ley del artículo 14 de la Constitución Europea, al de la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos del artículo 9.3 y de exclusividad de la función jurisdiccional del artículo 117.3 de la Carta Magna. De hecho, los togados del TSJC aplican el manual que un grupo de jueces difundió a través de los canales internos de la judicatura por entorpecer la aplicación de la amnistía.
Los casos que contemplan las resoluciones del TSJC corresponden al caso de la pancarta del presidente Torra, el lazo amarillo en el despacho que Juvillà tenía a la Paeria de Lleida cuando era regidor de la CUP en la ciudad, y Bernat Solé, por su colaboración en el referéndum del Primero de Octubre, cuando era alcalde de Agramunt. Otros alcaldes procesados por los mismos hechos fueron absueltos o su causa archivada.
