Los lunes, como diría el gato Garfield, tienen fama de ser un mal día. Pero hoy ha sido una excepción para los abogados de las defensas que asisten a los acusados del macrojuicio de la operación Mito. Un caso de narcotráfico, narcotransporte y blanqueo contra la supuesta organización de José Ramón Prado Bugallo, alias Sito Miñanco, 48 personas más y cinco empresas. Entre los acusados, está Gonzalo Boye – abogado del presidente en el exilio, Carles Puigdemont–, a quien la fiscalía le imputa haber participado en el blanqueo de dinero de la organización de Miñanco.
De hecho, esta mañana, la funcional sala de vistas de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares, cerca de Madrid, ha comenzado con cierta tensión y con las defensas tomando las medidas de los testimonios que pasarían por el estrado. En concreto, del segundo testimonio previsto, el de la inspectora 127.263 de la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera (UDEF), que ha articulado los atestados sobre blanqueo del macrojuicio, un delito que multiplica la pena solicitada. Tenía que ser una jornada dura, pero la obsesión de la inspectora y del fiscal Ángel Bodoque con Boye les ha desbaratado la tesis incriminatoria. Una tesis según la cual Boye habría participado como abogado con prácticas ilícitas para recuperar casi 900.000 euros confiscados en el aeropuerto de Barajas en febrero de 2017. Un dinero que recuperó en parte, con la supervisión y reducción de la multa dictada por parte del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
El primer testimonio ha sido el de un agente de estupefacientes de la Costa del Sol que ha resultado un espectáculo. Un policía que ha insistido tres veces, como San Pedro, que no recordaba nada de las tareas que había hecho, pero ha asegurado que no había firmado ningún acta. El abogado del acusado Luis García Arango, sin embargo, le ha repreguntado sobre estos actos, y el policía ha continuado con la misma versión. Hasta que el letrado, con un gesto, le ha mostrado tres actas firmadas por este agente que decía que no firmaba ninguna. «Si las he firmado, las he firmado», ha replicado con resignación. El abogado le ha insinuado si tal vez había hecho el acta otro agente y él le dejaba el TIP para firmar. Pero el presidente del tribunal ha cortado el interrogatorio y ha advertido al abogado que insinuar que la policía miente «no es un buen camino». Ninguna defensa ha querido continuar el interrogatorio al interpretar que el magistrado ha salido al rescate de un policía que no sabía dónde estaba. De hecho, el magistrado Guevara lo ha dejado claro al final de la vista de hoy: «Será un juicio muy importante, lo reconozco».
La inspectora de la UDEF, el fiscal y las defensas
En este contexto, ha subido al estrado la inspectora 127.263, que ha descifrado sus atestados en un guionadísimo interrogatorio del fiscal Bodoque, que ha centrado las preguntas, de forma obstinada, en la supuesta participación de Boye en el entramado financiero de la organización de Miñanco. De hecho, parecía que el fiscal criminalizara los trabajos que habitualmente hacen los abogados sobre todo en materia mercantil o fiscal. Tanto ha sido así que se ha olvidado de preguntar sobre la participación de otras personas físicas acusadas y, sobre todo, de cuatro de las cinco empresas imputadas. La policía no ha fallado en ninguna de las preguntas de Bodoque, pero, como expresa un famoso abogado de Barcelona, un testimonio a favor tuyo es un arma cargada por el diablo, hasta el punto que el presidente del tribunal ha cortado el interrogatorio a las dos, y no ha querido dar ni un minuto más de tiempo añadido para evitar una carnicería de los indicios aportados por la UDEF.
Los abogados de las defensas venían preparados y descansados de las vacaciones de Navidad. Sobre todo, con más ganas de mambo después de las pistas que habían dejado los otros policías y técnicos que sustentaban la acusación de blanqueo en la última jornada de juicio antes de las fiestas. La facilidad con la que la inspectora había respondido a la fiscalía se ha desvanecido en el primer interrogatorio del abogado de Sito Miñanco, Jacobo Teijelo. Lo ha tenido fácil y no ha utilizado ningún prólogo: «¿Qué dinero ha blanqueado Prado Bugallo?». El silencio de la policía de la sala ha permitido notar cómo tragaba saliva. «El de la organización», ha respondido al cabo de unos segundos. Tejeiro ha continuado el interrogatorio con destreza de gato viejo hasta que le ha arrancado la frase que esperaba. «El dinero tenía una procedencia ilícita que no puedo determinar… solo que procede de dinero en efectivo», ha argüido. Es decir, que, por el hecho de que era dinero en efectivo, a juicio de la policía y de la fiscalía ya es ilícito. Una conclusión que ha sorprendido a la sala. Al ver la autopista que había abierto la policía, todos los abogados han pisado el pedal del acelerador para ir a fondo. En definitiva, los abogados salían satisfechos porque se ha confirmado su tesis: que la policía no puede vincular el dinero con la droga confiscada en la operación Mito.
Letras, inmobiliarias y pisos alquilados
Los abogados de los otros acusados, el de García Arango y el de David Pérez Lago, han continuado el baile, y después ha intervenido la abogada de la inmobiliaria Saturnino, el letrado de Complutum y el de CYRSA, tres de las personas jurídicas acusadas. Entre respuestas de «no lo sé», «no tengo constancia», «no lo recuerdo», «lo tendría que comprobar», «no puedo contestarle eso», «no tengo esos datos en mi poder», «no puedo contestar esa pregunta» o «no tengo acceso a esa información», la testigo ha soltado algunas afirmaciones que han satisfecho mucho más de lo esperado a las defensas. Como que las letras que se utilizaron para reclamar el dinero confiscado en Barajas no eran falsas pero que quizás el negocio jurídico que las justificaba, sí. O bien, que Boye podía no saber que las letras utilizadas para solicitar el retorno estaban endosadas a otro acreedor.
Sobre las inmobiliarias que se utilizaban presuntamente para blanquear a través de compraventa de inmuebles y contratos de alquiler. Una sociedad que Prado Bugallo no podía controlar porque estaba encarcelado. Además, la policía ha tenido que aceptar que todas las propiedades y negocios derivados de los inmuebles que habían investigado, de un total de cien, como los arrendamientos, existían. También ha tenido que admitir que Boye era el abogado que le llevaba los procesos penitenciarios y que su hija había hecho prácticas en su despacho a raíz del máster de abogacía. Así como la relación que tenían los acusados con diferentes abogados que participaron en el proceso judicial y administrativo para recuperar un dinero que la policía no ha podido establecer un nexo evidente o indiciario con Prado Bugallo.
La defensa de Boye, al ataque
Después de casi dos horas de interrogatorio ha llegado el turno de Eduardo García, el abogado de Boye, que ha iniciado las preguntas con un tono cordial que recordaba la cadencia del televisivo teniente Colombo. Poco a poco ha ido subiendo de tono hasta llegar al quid de la acusación. Es decir, cómo la UDEF implicó a Boye en el caso con una declaración del imputado Manuel Puentes Saavedra hecha dos años después de abrir el caso y en la cual aseguró que el dinero de Barajas era de Sito Miñanco. Una declaración que le supuso la libertad provisional pactada con la fiscalía, a pesar de las graves imputaciones que le quedan por afrontar con la justicia española y la contradicción que suponía con sus primeras declaraciones.
García ha señalado esta declaración como el inicio de la investigación y de los atestados ampliatorios que implican a Boye en la supuesta trama de blanqueo. Ha comenzado a presionar para esclarecer los secretos de las anotaciones escritas a mano que encontraron en un registro, pero que la letrada del Juzgado de Instrucción 3 de la Audiencia Nacional no relacionó y que interpretaban como un pago a Boye. O bien, cómo es que no se informó al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac) de la operación a pesar de que ya había expedientes administrativos sobre el dinero confiscado. La inspectora tampoco ha podido informar de ningún indicio directo de la preparación de la salida del dinero y su procedencia. «No me consta ninguna conversación donde se hable de que sacarían dinero de España», ha llegado a sentenciar y eso que ha admitido que tenían los móviles intervenidos de los implicados. Además, tampoco ha podido certificar ningún dato del contenido de la reunión que supuestamente tuvieron para preparar la recuperación del dinero en un restaurante Vips de Madrid. Finalmente, el magistrado ha querido presionar al abogado ante el cerco a la policía hasta que ha pedido «cambiar de tema» mañana martes a las diez de la mañana.
