A las ocho de la mañana, agentes de uno de los poderes fácticos del Estado, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO), entraban en la sede estatal del PSOE en Madrid, la mítica oficina de la calle Ferraz. Era la segunda vez que miembros de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado entraban en menos de una semana. El jueves pasado fueron agentes de otro de los verdaderos poderes del Estado, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) del Cuerpo Nacional de Policía. En aquella ocasión, buscando información del expresidente del gobierno español y líder espiritual del sanchismo de los últimos años, José Luis Rodríguez Zapatero.
Dos entradas ordenadas por sendos tribunales centrales de instancia de la Audiencia Nacional: el número 4, que regenta el discreto magistrado José Luis Calama, y el número 5 que dirige Santiago Pedraz, el juez que terminó la instrucción del caso Pujol o del 3%, y que también cuenta con éxitos como intentar prohibir la aplicación Telegram en España. En principio, sería por dos casos diferentes, pero que la biosfera política mezcla por las conexiones que mantienen ambos sumarios. Pero la lista es muy larga y no hace falta salir del funcional edificio de la Audiencia Nacional de Madrid.
A estos dos procesos de instrucción, se debe añadir la macrocausa del exministro José Luis Ábalos, con una parte juzgada por el caso Mascaretes pero al que se debe añadir la pieza separada donde está imputado Santos Cerdán, ex número tres del PSOE, por el cobro de comisiones a cambio de adjudicaciones de obra pública a través de Adif, de la Dirección General de Carreteras del Estado y del ministerio de Transportes. También un caso investigado en la Audiencia Nacional. Como colofón de todo, está el caso David Sánchez, hermano de Pedro Sánchez, y el caso Begoña Gómez, la esposa del presidente español, que espera fecha de juicio y que acaba de cerrar el círculo. Un dato bastante curioso es que, precisamente, el caso Begoña es la cuna de la causa que ha justificado la causa que ha terminado imputando a la gerente del PSOE, Santos Cerdán y Leire Díez y con la UCO revolviendo los cajones de la sede del PSOE. Un caso que podría terminar salpicando al PSC del presidente Salvador Illa. Es el caso de la supuesta cloaca del PSOE.
Una cosa lleva a la otra
Pero vamos por partes. Para entender la decisión de este miércoles del juez Pedraz hay que remontarse a tiempos atrás. La creación del grupo Hirurok, un nombre que significa «nosotros tres» en euskera. Una unión de hecho entre Leire Díez, Joseba Antxon Alonso y Vicente Fernández. Un grupo que, según las pesquisas judiciales del Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, se dedicaba a «orientar la resolución de expedientes de la administración pública» a cambio de comisiones tanto para beneficio propio como para terceros. Un grupo que desplegó su actividad desde el año 2020 y actúa sobre todo el año 2021 a través del entramado de empresas y sociedades que gestiona la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI). Este caso continúa en marcha y en proceso de instrucción, con las diligencias previas 89/2025 y la UCO como protagonista.
El grupo Hirurok continuó, según el juez, pero mutó en sus funciones y objetivos. En concreto, Díez fue contratada en Correos y Vicente entró a trabajar en Servinabar, la empresa investigada en el caso de comisiones ilegales donde está imputado Santos Cerdán y por el cual estuvo preso provisionalmente. De hecho, la UCO siempre ha dado mucho valor a un contrato privado, nunca elevado a público, en el que Santos Cerdán adquiría buena parte de las acciones de esta empresa. De hecho, Cerdán, según la tesis del magistrado, tendría un «papel superior» y orientador en las tareas del grupo Hirurok, que en esta segunda fase se rebautiza como Threema y que llevaría a los hechos que ahora se intenta aclarar, para saber si el PSOE tenía una cloaca contra jueces, fiscales, policías y guardias civiles que investigaban al partido y el entorno de Pedro Sánchez.
«Propósito de desestabilizar los casos del PSOE»
El juez interpreta, a través de las comunicaciones interceptadas por la UCO, que en abril de 2024 Cerdán encarga a Díez «la coordinación y ejecución de una serie de actuaciones penalmente relevantes». Unas acciones que tendrían como «propósito principal desestabilizar de manera sistemática y continuada cualquier procedimiento judicial o actuación policial que pudiera impactar directa o indirectamente en los intereses del PSOE o del gobierno del Estado». El juez remarca que, entonces, tanto la formación como la Moncloa estaban «gravemente afectados por la continua apertura de procedimientos judiciales» en los cuales se investigaban miembros del partido o la familia de Pedro Sánchez.
La trama que dibuja Pedraz consiste en «ofrecimientos a funcionarios de la Guardia Civil, investigados y fiscales de remuneraciones o favores a cambio de información o actos que serían contrarios al ejercicio de sus cargos». «La premisa era atacar la correcta instrucción de las causas», concluye el magistrado y de ahí que califique de «denuncias infundadas» las interpuestas contra jueces como Juan Carlos Peinado o Beatriz Biedma, los jueces que persiguen a Begoña Gómez y David Sánchez, contra la fiscalía anticorrupción o contra la UCO.
4.000 euros al mes
Para llevar a cabo todo este plan, Leire Díez contaba, supuestamente, con el apoyo de Santos Cerdán, que habría acordado, siguiendo el relato del juez, remunerar sus servicios con 4.000 euros al mes, a cargo de los fondos del partido. Para vehicular estos pagos se utilizarían las sociedades y la asesoría jurídica de Gaspar Zarrías y las del abogado Ismael Oliver, así como la participación de Jacobo Teijelo, que era el abogado de Santos Cerdán cuando el exsecretario de organización del PSOE fue imputado por el caso de las comisiones, y el empresario Javier Pérez Dolset, víctima de la policía patriótica a través de la operación Zed y uno de los testigos de la operación Kitchen que más sorprendió al tribunal. Todos estos pagos se habrían hecho «con el presumible concierto» de la gerente de la formación socialista, Ana María Fuentes Pacheco, a través de facturas de servicios simulados.
El contexto de esta operativa nace con la ofensiva judicial contra el PSOE. El 12 de febrero de 2024 se destapan las diligencias 65/2023 del Tribunal Central de Primera Instancia número 2. Una instrucción que supuso la detención de Koldo García, exasesor del exministro José Luis Ábalos, y el empresario intermediario y delator Víctor de Aldama. El caso terminó implicando el procesamiento y juicio del exministro de Transportes por el caso Mascaretes, aunque continúa imputado en otras investigaciones, como la que hay sobre los pagos de comisiones a través de su ministerio. Paralelamente, el 16 de abril, el Juzgado de Instrucción 41 de Madrid abría las diligencias contra Begoña Gómez a raíz de una denuncia de la fiscalía en la sombra, el parasindicato Manos Limpias.
«La carta a la ciudadanía», el inicio
Poco más de una semana después de la incoación de diligencias a la esposa de Sánchez, el 24 de abril de 2024, y justo al inicio de la campaña electoral de las elecciones al Parlamento de Cataluña del 12 de mayo que llevarían a Illa al Palau de la Generalitat, se registra un fenómeno inédito en la política española. Sánchez se aparta cinco días de sus funciones como presidente para reflexionar y hace pública una Carta a la ciudadanía. Es en este paréntesis, a criterio de los investigadores, cuando Santos Cerdán acelera y activa de lleno el grupo que coordinaría operativamente Leire Díez. Así, habría convocado una reunión en la sede del PSOE donde habrían participado, además de Cerdán, otros cargos orgánicos del partido, Díez, Pérez Dolset, Juan Manuel Serrano y Fernando Antolín, director de comunicación del PSOE. Excusó su presencia Patricia López, la periodista que dirigía Crónica Libre, fallecida el pasado mes de diciembre.
A partir de esta cumbre, se habría comenzado a llevar a cabo «una serie de acciones destinadas a socavar los procedimientos legales que implicaban al PSOE o al gobierno y que presentaban como objetivo la protección de los intereses en juego», que «afectaban principalmente al PSOE y, directa o indirectamente, a miembros del gobierno». Todo coordinado por Díez con la ayuda de Pérez Dolset y Gaspar Zarrías siguiendo las instrucciones de Santos Cerdán. Según los atestados de la UCO que recoge el magistrado, esta «organización llevaba a cabo una actividad continuada y estructurada a través de diversas líneas de acción coordinadas con el objetivo de alcanzar sus propósitos penalmente relevantes». «El objetivo era obstruir de manera sistemática y continua cualquier procedimiento judicial o acción policial que pudiera afectar directa o indirectamente los intereses del gobierno o del PSOE, al frente del cual estaba la persona que en ese momento era el secretario de organización, Santos Cerdán», añade el juez como conclusión. De hecho, Pedraz afirma que al menos se han constatado 17 reuniones entre Díez y Santos Cerdán entre el 26 de abril de 2024 y el 21 de mayo de 2025.
Así pues, el caso Leire Díez acumula todas las causas que afectan al PSOE con el entendido de que los investigadores razonaban que querían detener, desvirtuar o desacreditar las causas judiciales que afectan a los socialistas. De ahí, la necesidad de obtener informaciones sobre el fiscal Ignacio Stampa, depurado por el aparato de Álvaro García Ortiz después de que involucrara al ex fiscal general del Estado y a la exministra de Justicia Dolores Delgado en la macrocausa Tándem, que investigaba las actividades del comisario José Manuel Villarejo. O información delicada del fiscal José Grinda, así como de mandos de la UCO o de los magistrados que instruían las causas que todavía persisten contra el PSOE. Y eso que entonces aún no había estallado el caso 77/2024, el caso Zapatero, en manos del juez José Luis Calama.
