La Audiencia Nacional investiga la siderúrgica vasca Sidenor por vender acero sin autorización al fabricante de armas israelí Israel Military Industries (IMSI). El magistrado Francisco de Jorge ha imputado al presidente de Sidenor, José Antonio Jainaga, y a otros dos directivos de la compañía por delitos de contrabando y participación por complicidad en un delito de lesa humanidad o de genocidio, ya que considera que los tres sabían que el cliente era una empresa militar israelí y que el material suministrado tenía como objetivo fabricar armas para las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) que luego pueden ser utilizadas en Gaza.
Según el magistrado, que hoy ha levantado el secreto de las actuaciones, la venta de acero se habría llevado a cabo sin haber solicitado la correspondiente autorización del Gobierno y sin inscribirse en el registro correspondiente, tal como consta en un oficio de la Comisaría General de Información del 10 de septiembre pasado. Los tres investigados en este procedimiento, que se inició a raíz de una querella de la Asociación Comunidad Palestina de Cataluña-Tierra Santa, han sido citados a declarar como investigados ante el juez el próximo 12 de noviembre.
Una guerra de dominio público
El magistrado justifica su decisión porque la guerra en la Franja de Gaza es un hecho de dominio público y que, por tanto, eran conocedores de que el Tribunal Penal Internacional ha emitido una orden de detención internacional contra el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, por crímenes de guerra y de lesa humanidad; que la Relatora Especial de la ONU, Francesca Albanese, y la UNRWA, entre otras personas y agencias de Naciones Unidas, han presentado denuncias; y que el Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, ha ordenado investigar el genocidio en la Franja de Gaza y los crímenes cometidos por Israel.
