El caso Santos Cerdán tiene polisemia. Algunos lo llaman ‘caso Koldo’, otros ‘caso Ábalos’, algunos ‘caso Moncloa’ y otros, ‘caso Aldama’, en referencia al empresario Víctor de Aldama, que es el mínimo común divisor entre casi todos los casos que asedian la Moncloa. De hecho, Aldama es un punto de referencia central. Es decir, está procesado por el ‘caso Mascarillas’ -que incluso lo llevó a prisión-, del cual se deriva la trama Koldo García y se ve envuelto en el ‘caso Air Europa’ que afecta de lleno la subtrama de José Luis Ábalos. También es uno de los protagonistas del caso Hidrocarburos, una megacausa que continúa en instrucción por parte del magistrado Santiago Pedraz y de la cual ahora se juzga una parte, -la operación Drake- y, además, fue el primero en poner los nombres de Leire Díez y Santos Cerdán sobre la mesa de los investigadores.
El papel de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, el ministro Fernando Grande-Marlaska y su peculiar relación con la ministra de Defensa, la también magistrada Margarita Robles, la persecución al fiscal anticorrupción José Grinda, abogados de renombre, la crisis en la Fiscalía General del Estado, las saunas del suegro de Pedro Sánchez, el Centro Nacional de Inteligencia, las compras por la COVID, el petróleo de Venezuela, las filtraciones de la Audiencia Nacional a la Moncloa y un juicio que continuará la próxima semana en la funcional sede de San Fernando de Henares comienzan a ofrecer las claves de un proceso que promete ser largo y que tiene un hilo rojo que conecta diversas polémicas de la agenda política de los últimos años y ha despertado sospechas sobre consultoras o sobre qué fondos se utilizaron para una de las etapas más oscuras de la operación Cataluña, el ciberespionaje con Pegasus y Candiru.
Los diversos informes policiales, documentos aportados por la fiscalía en juicios orales, grabaciones, declaraciones a la prensa, decisiones judiciales y audios convenientemente filtrados ayudan a completar un rompecabezas de uno de los escándalos políticos y mediáticos más importantes de la era de Pedro Sánchez en el poder. Todo ello, en un ambiente enigmático por el desconocimiento y la inseguridad que tienen muchos de los investigados y muchos de sus contactos de la información que acumula la Guardia Civil, a raíz de la cantidad de teléfonos y otros dispositivos móviles intervenidos, y de los acuerdos o pactos con la justicia a los que han podido llegar investigados como Koldo Garcia, Víctor de Aldama o el mismo José Luis Ábalos. Un escenario que dibuja posiblemente una cloaca que podría tener diversas salidas y muchas vías interconectadas. De hecho, Junts ya ha presentado preguntas por escrito a Marlaska para aclarar puntos que pueden ayudar a completar el dibujo de la situación. Elementos que podrían bien configurar un gran best seller de traiciones, dinero y poder.
Aldama, el misterio que nace en el caso Hidrocarburos
Uno de los nombres centrales de los casos que apuntan al PSOE es Víctor de Aldama. De hecho, algunos ya lo han bautizado como el Francisco Paesa del siglo XXI, el famoso espía y conseguidor de los episodios más estrambóticos y llamativos de la transición y la post-transición. Víctor de Aldama es uno de los principales investigados en un caso tan oscuro como enrevesado, el caso Hidrocarburos. Un sumario que se encuentra en manos del titular del Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz. Un caso de fraude en hidrocarburos que, según algunos informes de la Guardia Civil que constan en la causa, podría ascender a más de 230 millones de euros, aunque el juez lo limita a 182.513.923,15 euros. Delitos graves contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales y organización criminal que llevaron al juez a encarcelarlo en Soto del Real el diez de octubre de 2024 por el temor a la destrucción de pruebas y el riesgo de fuga de él y su socio, Claudio Rivas, por la gravedad de los delitos.
La prisión duró poco. Un giro de guion comenzó a enseñar las costuras de una trama con raíces profundas con varios actores del socialismo. El 15 de noviembre siguiente, un mes y cinco días después de ser encarcelado, Aldama recibió la visita de dos personas en la prisión, aún por identificar y sin dejar rastro de su identidad en el registro del centro penitenciario. Unas condiciones que solo pueden ostentar por seguridad cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. El resultado fue que seis días después, el 21 de noviembre salía de la prisión, justo después de haber declarado vaciando el buche ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número dos de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, en relación al caso Mascarillas.
En aquella declaración, Aldama abre la caja de los truenos y asegura al juez que pagó 400.000 euros en efectivo a José Luis Ábalos y 250.000 euros a su asesor, Koldo García, y que hizo llegar 15.000 euros más al secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, en un bar frente a la histórica sede del PSOE en la calle Ferraz de Madrid. El juez Moreno que instruye el caso Mascarillas, ordenó a la UCO investigar la veracidad del relato de Aldama y elevó la declaración al Tribunal Supremo, al juez Leopoldo Puente, que ya investigaba a Ábalos por la compra de mascarillas y material sanitario. Aldama aportó documentos, con firmas de Koldo García, que fueron autenticados caligráficamente, que acreditaban la relación de Aldama con Koldo y, de rebote, con Ábalos y supuestamente con Santos Cerdán. A pesar de salir de la prisión, el proceso por el caso Hidrocarburos y el dinero que se habría defraudado, por su parte, unos 70 millones, aún no se sabe dónde están.
El caso Drake, Hamlyn y la cloaca del PSOE?
Siguiendo este hilo, entran más protagonistas y más casos. El mes de marzo de este año, Aldama apunta que tres «fontaneros del PSOE» se habrían puesto en contacto con empresarios investigados en el caso Hidrocarburos para ofrecer indultos a cambio de que declararan contra él. A finales de mayo, aparece un audio difundido por El Confidencial que implosiona aún más la trama. En el despacho de Jacobo Teijelo, abogado que co-defiende actualmente con Benet Salellas, a Santos Cerdán, graban una conversación con Leire Díez y el empresario, víctima de la brigada política, Javier Pérez Dolset así como uno de los principales procesados de la operación Drake, el empresario vasco Alejandro Hamlyn. Fuentes conocedoras de la investigación añaden que hay un invitado de piedra, J.F. un exagente del Centro Nacional de Inteligencia, que proviene del ejército del Aire y que tiene mano en interceptaciones de comunicación.
El encuentro es del 25 de febrero de 2025. En ese encuentro piden información sobre el teniente coronel de la UCO Antonio Balas para justificar la nulidad de las grabaciones del caso Hidrocarburos o el comandante Juan Vicente Bonilla, de la misma unidad y relacionado con el caso Hidrocarburos, que ahora es responsable del sistema de Salud de la Comunidad de Madrid, con Isabel Díaz Ayuso al frente. También reclaman información comprometida de otros mandos y de miembros de la fiscalía. En concreto, apuntan como uno de los objetivos al fiscal anticorrupción José Grinda. En este punto hay que subrayar un episodio que ha quedado detenido en las investigaciones. Concretamente, un hipotético intento de soborno a Grinda a través de Pere Rusiñol, director de Mongolia. Un ofrecimiento de un destino de oro a cambio de dejar de lado investigaciones. Una propuesta que fue denunciada a la fiscalía de Madrid y al superior de Grinda, Alejandro Luzón, el mismo fiscal que ha reclamado la prisión de Santos Cerdán, y que se archivó porque, según informaba el ABC el siete de junio, no se pudo localizar al mensajero que había hecho llegar la propuesta a Grinda.
Precisamente, Hamlyn el día de la reunión se conecta por red porque se encontraba de viaje en Dubái aunque la fiscalía le reclamaba entonces 50 años de prisión y multas millonarias por el caso Drake, otro fraude de 154 millones de euros en hidrocarburos que se juzga en la Audiencia Nacional de San Fernando de Henares desde el pasado 30 de junio. Curiosamente, Hamlyn tiene como abogado a José Antonio Choclán, el mismo letrado que Aldama y, que en el juicio del caso Drake, ha impugnado con cierto éxito las grabaciones aportadas por la UCO a la instrucción, casualmente aportadas por la misma unidad y mando que las aportadas en el caso Santos Cerdán y donde se involucran los mismos agentes del instituto armado. Además, J.F., el exagente del CNI que participó en la reunión en el despacho de Teijelo, habría sido el responsable de seguridad del grupo Hafesa Energía, la principal empresa procesada en el caso Drake.
De Aldama, al yihadismo y a Santos Cerdán
La relación de Aldama, pues, con Cerdán, Ábalos, Koldo y Díez tiene suficientes indicios que han espoleado a los jueces instructores del Supremo y de la Audiencia Nacional para investigar a fondo las conexiones y la información aportada por el empresario. Aunque todavía no ha dado ninguna explicación razonable en el caso Hidrocarburos donde, a pesar de que se encuentra en instrucción, los delitos son de alta gravedad. La paz con que vive Aldama, que incluso, osa enfrentarse a Díez, en una rueda de prensa en Madrid, comienza a mostrar alguna explicación.
Esta semana El Mundo avanzaba que la Guardia Civil condecoró a Aldama por su colaboración en operaciones encubiertas y de obtención de información. En el listado de los informes que avalaban la medalla al Mérito con Distintivo Blanco, que recibió el 27 de septiembre de 2022, se cuentan misiones como haber obtenido información de empresas como Globalia, Huawei, Correos o empresas VTC o la lucha contra el yihadismo internacional. Pero, casualmente, son empresas que la UCO utilizó para elaborar un informe, el pasado octubre, que justificó a Pedraz que lo encarcelara en Soto del Real.
La operación Corso, el ejemplo
Entre los informes, a los que ha tenido acceso parte El Món, se enfatiza especialmente una operación donde Aldama tuvo un protagonismo extraordinario. Consiste en la ‘Operación Corso, un delicadísimo operativo de inteligencia internacional contra el yihadismo donde participaba la Unidad Central Especial 2 del Servicio de Información de la Guardia Civil (UCE 2) que alimentaba también la UCE 3, dedicada a «movimientos desestabilizadores internos, como el independentismo o el anarquismo».
Según los informes de la Guardia Civil, en «la operación Corso estaba especialmente interesada la Dirección General de Seguridad Interior Francesa», la poderosa DGSI. Un dispositivo que se debía mantener en estricto secreto y que requería de gran habilidad para la obtención de información. «Gracias a la intermediación de Víctor, se consiguió un puesto de trabajo que se adaptaba al perfil de la fuente y a las necesidades de salario y horario durante el año 2020 y 2021», asegura el documento. «Fruto de ello, la Unidad y la DGSI francesa obtuvieron una fuente importante de información en el plan de inteligencia de relevancia en la estrategia de la operación», concluye el cuerpo. Esta colaboración tan intensa podría hacer pensar que Aldama habría participado en operaciones encubiertas de la Guardia Civil, como por ejemplo, investigaciones contra el Procés, o incluso, que hubiera financiado guerra sucia política del PSOE contra líderes independentistas.
¿Dónde está el dinero?
Con todo este relato sobre la mesa, repartido en no solo estos dos juzgados, sino en una causa también archivada en el Juzgado de Instrucción 31 de Madrid que ha enviado el expediente a la Audiencia Nacional, el magistrado instructor de la causa que depende del Supremo, aún busca el dinero. De hecho, la UCO aún no ha entregado un atestado donde supuestamente habían encontrado el rastro del dinero que se derivaba de las comisiones. A todo esto, se une que el jueves, el juez y la UCO admitían que no les cuadraban los números declarados por Ábalos, los ingresos y los gastos, con la información recogida a través de la Agencia Tributaria.
Y, lo que aún puede ser más inquietante, que el juez Pedraz aún busca el destino de los ahora por ahora 182.513.923,15 euros millones del caso Hidrocarburos, de los cuales sospecha que Aldama podría tener controlados 70 millones. En esta búsqueda aún se añade otra derivada interesante, la filtración de los whatsapps entre el expresidente de la Audiencia Nacional, José Ramon Navarro y Ábalos, avanzando dos meses antes la sentencia absolutoria del mayor de los Mossos d’Esquadra Josep Lluís Trapero, y la petición que habría hecho José Luis Rodríguez Zapatero, al mismo Navarro, para saber si estaba investigado en el caso Hidrocarburos, a través de la trama venezolana.
De ahí que ahora fuentes jurídicas hayan abierto otra brecha. La sospecha aparece en la operación Volhov, en tanto que se reabrió gracias a un documento anónimo, que podría haber llegado al juez Joaquín Aguirre, a través de una carta anónima, remitida el día de los Inocentes de 2023que “contenía unos recortes de prensa elaborados por el equipo de investigación periodística internacional llamado OCCRP-Organized Crime and Corruption Reporting Project». La misiva sirvió para mantener bajo presión el núcleo duro de Waterloo así como el núcleo político y jurídico del presidente en el exilio Carles Puigdemont, en plenas negociaciones con el PSOE. «El patrón responde a lo que hacía la cloaca del PSOE», indican fuentes conocedoras del caso en el Tribunal Supremo, que comienzan a relacionar el uso masivo del ciberespionaje con el independentismo con dinero opaco que provenía de comisiones en adjudicaciones o con tramas de fraude como el caso Hidrocarburos. Ahora es lo que intenta averiguar Junts per Catalunya a través de una estrategia en el Congreso de los Diputados. Una batalla que será larga a no ser que el cerco judicial vea otra brecha para debilitar aún más la Moncloa de Pedro Sánchez.
