«Me ha matado públicamente y me ha convertido en el delincuente confeso del Reino de España». Con este tono de tragedia de Lope de Vega, ha testificado el hombre que quería pactar con la fiscalía por un delito fiscal y esquivar la prisión. Ha sido Alberto González Amador, pareja de la presidenta Isabel Díaz Ayuso. González Amador, además, es el querellante y acusación particular contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en la vista oral por un delito de revelación de secretos. En concreto, González Amador acusa al fiscal general de haber filtrado un correo de su abogado, Carlos Neira, ofreciendo al fiscal de delitos económicos que lo perseguía un acuerdo para escapar de la cárcel.
Esta tarde la sala de vistas parecía el escenario de El Caballero de Olmedo, del autor madrileño de tragicomedias, cuando González Amador se subió al estrado para denunciar no solo la supuesta filtración de los mails, sino la cronología de cómo fueron las negociaciones que el ministerio público difundió a través de una nota de prensa. «Para todos, a partir de ese día, entre la nota de la Fiscalía y la publicación del mail, yo me convertí en el delincuente confeso del Reino de España», concluyó. Y añadió más amargura definiendo su estado tras la supuesta filtración: «Estaba muerto». Un contexto que le sirvió para señalar al culpable de su desgracia: «El señor García Ortiz me había matado públicamente; me había destrozado».
El jefe de gabinete añade más salsa
Por si con la declaración de la pareja de Ayuso no fuera suficiente, entró en escena un experto de la comunicación pública como es el jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, alias MAR, persona fundamental para entender el entramado de la causa. Rodríguez intentó darle la vuelta a la situación, añadiendo el elemento personal de la denuncia contra González Amador. De esta forma remarcó que, a su parecer, es «indisoluble» la condición de ser pareja de Ayuso si le hacen una inspección fiscal. Un asa que utilizó para ubicar la mano de la Moncloa detrás de la supuesta filtración.
Así, a preguntas de la abogada de García Ortiz, Consuelo Castro, admitió que tanto Ayuso como él mismo calificaron de «turbias» la inspección, la denuncia y la filtración. «Si usted tiene 22 ministros insultando todo el día y el presidente del gobierno insultando desde el Congreso de los Diputados y todo el aparato del Estado, seguro que pensaría lo mismo que yo», argumentó MAR. En todo caso, la mano derecha de Ayuso admitió que difundió el mail por «obligación» a través de un chat de prensa para «desmentir» la noticia de la Sexta que atribuía la iniciativa del acuerdo a González Amador. MAR defendió que el acuerdo lo buscó la fiscalía y que se «detuvo por orden de los de arriba». Sin embargo, reconoció que frenar el acuerdo por orden de la fiscalía general solo era una «deducción lógica» porque: «¿Quién lo pararía? ¿Lo pararía alguien desde abajo?». Una pregunta bastante pertinente si se formula sobre las consecuencias de este juicio. ¿Quién y cómo se detendrá todo esto?
