«Comunican la incapacidad técnica de llevar a cabo esta operación en el plazo establecido por la ley de enjuiciamiento civil ni tampoco técnicamente» y «la imposibilidad de realizar el traslado de las pinturas murales para restituir la Sala Capitular del Real Monasterio de Sixena sin ponerlas en riesgo». Con estas dos explicaciones, los servicios jurídicos del Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC) han presentado el incidente de ejecución ante el juzgado de Huesca para justificar la imposibilidad técnica de cumplir con la resolución del Tribunal Supremo que obligaba a restituir los frescos en posesión del MNAC.
Según ha comunicado la misma institución, que recuerda el cumplimiento del acuerdo del 16 de junio, que incluso cuenta con la participación del gobierno de Aragón, no tienen el mismo problema las pinturas profanas que forman parte del mismo procedimiento judicial. El MNAC asegura que «sus características y estado de conservación, desde un punto de vista estrictamente técnico, son diferentes: no sufrieron las consecuencias del incendio, no requieren un tratamiento previo de consolidación y todas ellas se encuentran sobre un soporte rígido y plano». Con esta premisa considera que los riesgos para su manipulación y traslado «son inferiores» y el museo estudia de «forma separada» su proceso de reintegración.
Un acuerdo del 16 de junio
El anuncio del incidente de ejecución llegó de la mano del patronato del MNAC, en la reunión extraordinaria celebrada el pasado 16 de junio. Sus integrantes, por unanimidad, decidieron presentar el incidente de ejecución tal como habían recogido diversos juristas que han estudiado la causa o en sus derivadas. Además, los servicios técnicos del MNAC firmaron un informe en que constataban la «imposibilidad» de restituir los frescos a la sala capitular del monasterio «sin ponerlos en riesgo».
Con todo, el patronato manifestó la «voluntad» de cumplir la sentencia e instó a las administraciones del consorcio a crear un grupo de trabajo «de carácter técnico» integrado «únicamente por personal especializado» y con técnicos de Aragón para evaluar los trabajos para hacerla efectiva. Participaba el gobierno del Estado, la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona. Aragón aportó tres técnicos, que ya han celebrado dos reuniones de trabajo.
Unos encuentros que han dejado polémica como que la Generalitat había retirado de los puntos del acuerdo la referencia al riesgo que suponía su traslado o que ya se había establecido un plazo de unos 9 meses para el retorno. El MNAC respondió con un nuevo comunicado en el cual aseveraba que «los acuerdos establecidos se están desplegando con toda normalidad y la máxima celeridad».
