Finalmente, la macrocausa que abrió la persecución judicial contra el Procés puede acabar archivada para la cuarentena de procesados, salvo dos. La causa del juzgado de instrucción 13 de Barcelona ha alimentado el resto de procedimientos judiciales contra el independentismo. En concreto, su instrucción llegó al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo y sirvió para fundamentar las condenas a los presos políticos.
Ahora, cuando hace meses que se ha probado la amnistía, la fiscalía, con la firma del teniente fiscal Amadeu Melis, ha emitido un informe, de 88 páginas al cual ha tenido acceso El Món, en el que comunica a la jueza instructora que es favorable a la aplicación de la amnistía a casi la totalidad de los procesados. También reclama que se levanten las medidas cautelares. Entre los procesados se encuentran, el exnúmero dos de Exteriores con Raul Romeva, Aleix Villatoro, o el exdirector de TV3 y actual director general del Grupo El Món, Vicent Sanchis, y el exdirector de Catalunya Ràdio, Saül Gordillo así como los exsecretarios de Difusión, Antoni Molons; de Presidencia, Joaquim Nin; de Trabajo, Josep Ginesta; o de Comunicación, Jaume Clotet. También hay cargos del CTTI, de Vicepresidencia y Economía, de la CCMA, de Exteriores, y algunos empresarios.
Pero, la fiscalía hace una excepción muy curiosa. Pide seguir el procedimiento por la presunta comisión de los delitos de prevaricación administrativa del art. 404 CP en relación Albert Royo, exdirector del Diplocat y Rosa Clavell Soldevila, y ruega abrir el procedimiento abreviado, y que se remita competencia a la Audiencia de Barcelona.
Un largo escrito
El teniente fiscal aprovecha el escrito para reescribir la historia de cada uno de los procesados para justificar la aplicación de la ley de amnistía en cada conducta por la cual se les investigó. Para el fiscal las conductas quedan «claramente comprendidas» en el artículo 1 de la ley de amnistía por tratarse de «conductas directa o indirectamente orientadas a la consecución de los fines propios del proceso independentista catalán». Pero el argumento para dejar fuera dos contratos de prestación de servicios de limpieza y de auditoría solo sirve para mantener la presión del banquillo contra Royo y Roser Clavell. Dos procesados a quienes la fiscalía parece haberles fijado el ojo.
