Cueste lo que cueste y diga lo que diga el Tribunal Constitucional. La exfiscal general del Estado y una de las cuatro fiscales del juicio del Procés, Consuelo Madrigal, sostiene que el presidente en el exilio Carles Puigdemont, debe ser detenido cuando entre en el Estado español aunque el Tribunal Constitucional avale la amnistía. Una opinión que comparte también, a raíz de sus resoluciones, el magistrado encargado de la instrucción del caso, Pablo Llarena.
Así lo ha asegurado en un coloquio de Pioneras14 celebrado en Madrid esta mañana. De este modo, Madrigal entra de nuevo a la defensiva ahora que el Constitucional comienza a tramitar recursos de amparo de los condenados del Procés o que ya pueden empezar a entrar los recursos de amparo de los miembros del exilio que el juez instructor del Procés y la sala penal del Tribunal Supremo se han negado también a otorgar la amnistía. La opinión de Madrigal también debe contextualizarse en un entorno de crisis y debilidad de la Fiscalía General del Estado, en manos de Álvaro García Ortiz, procesado por un delito de revelación de secretos y uno de los firmes defensores de la aplicación de la amnistía a los líderes del Procés.
Las órdenes de detención, la excusa
Madrigal argumenta la detención de Puigdemont en el hecho de que tiene una orden de detención a raíz del caso del Primero de Octubre. “No puede venir sin ser detenido” y debe ser “puesto a disposición del Tribunal Supremo incluso en el caso de que el Tribunal Constitucional (TC) avale la amnistía”. Por lo tanto, debe ser el Supremo quien decida cómo actuar.
De hecho, Madrigal mantiene la línea expresada en el rechazo de la amnistía de los fiscales del Procés que entendían que el delito de malversación no entraba dentro de la competencia objetiva de la ley del olvido penal para el independentismo. Una tesis que obligó al Fiscal General a ordenar que fuera la Primera teniente fiscal del Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, quien se encargara de defender la aplicación de la amnistía, sin ningún éxito porque el Tribunal que presidía Manuel Marchena compartió con los fiscales del Procés su tesis del delito de malversación.
Por otro lado, cabe aclarar que el fiscal Pedro Crespo, representante del ministerio público ante el Tribunal Constitucional, también se ha negado a levantar las inhabilitaciones de Oriol Junqueras, Raül Romeva y Dolors Bassa durante la tramitación de su recurso de amparo con el argumento de que sería prejuzgar una decisión. En cambio, por parte de las defensas del exilio, creen que la fiscalía podría mantener un papel más sereno en tanto que no hay condena aún y las órdenes de detención son medidas cautelares. Aun así, fuentes jurídicas y judiciales prevén que el Tribunal Constitucional avalará la ley de amnistía, pero dejará en manos de los tribunales ordinarios su aplicación o interpretación. Un hecho que, por ejemplo, no se dio en el caso de los ERE de Andalucía, que sí levantó condenas y penas.
