La entrada en prisión del ex número tres del PSOE y negociador socialista con Junts, Bildu y PNB, Santos Cerdán, ha dado al caso Koldo una dimensión incontrolable. El instructor del caso, el magistrado del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, construyó una orden de prisión basada en el informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) y en el supuesto riesgo de destrucción de pruebas. De hecho, una serie de indicios sirvieron para justificar una medida excepcional para un político no independentista, como es la prisión provisional, especialmente considerando que los otros supuestos implicados en la trama, como José Luis Ábalos y el mismo Koldo García continúan en libertad.
Por ello, la defensa de Cerdán, dirigida por el abogado Benet Salellas, aprovechando su escrito de recurso de apelación contra la prisión provisional, ha desmontado los indicios que ha utilizado el juez. De hecho, el recurso, al que ha tenido acceso El Món, es un análisis forense de los datos que la UCO hace constar en su atestado, contrapuestos a los hechos según la versión de Cerdán y los documentos que aportó. Al final, Salellas en su escrito reprochaba al magistrado que haya dado por bueno de manera «acrítica» el atestado de la UCO y haya invertido la carga de la prueba. Es decir, que haya convertido los indicios en una «prueba diabólica» y que deje en manos del procesado tener que desmontarla.
Servinabar… ¿corrupta?
El recurso de apelación sigue el modelo de defensa de Salellas en sus escritos, argumentos concisos y al pie en base a los hechos. Por ello analiza uno por uno cada uno de los indicios. En primer término, pone sobre la mesa el principal indicio acusatorio, la empresa Servinabar. Siguiendo la narración de la Guardia Civil, el juez también presume actividad delictiva de esta empresa en la obtención de adjudicaciones. En concreto, y según el atestado, en dos adjudicaciones. La obra de la Mina Muga en Sangüesa y la UTE Pabellón de Navarra Arena. También añaden una obra en el túnel de Belate, que los mismos investigadores excluyeron de la instrucción.
Siguiendo este hilo, la defensa de Cerdán recuerda que no consta que «se haya llegado a dar ninguna autorización o adjudicación por parte de la administración, todo lo que consta son gestiones empresariales realizadas en el año 2015». En cuanto a la obra del Navarra Arena, consta en el atestado que la adjudicación fue en el año 2017, cuando Cerdán no ostentaba ningún cargo en la administración pública y el PSOE se encontraba en la oposición, tanto en Navarra como en el gobierno español. «Una situación en la que difícilmente podía influir o intervenir en estos procesos», señala la defensa.
Acciona- Servinabar, ¿dónde están las adjudicaciones?
Otro de los puntos que la defensa refuta de la orden de prisión es que el juez alega que Servinabar resultó adjudicataria de ciertas obras públicas, a través de una UTE con Acciona Construcciones. Salellas subraya que el atestado deja claro que las contrataciones investigadas relacionadas con Acciona como adjudicataria son en solitario o bien en una UTE con las empresas Ferrovial, Tecade SA o Aquaterra Servicios, ninguna con Servinabar. «Es por este motivo que no se llega a comprender cómo el relato indiciario se construye a partir de la pretendida relación directa de Santos Cerdán con Servinabar, si esta empresa tampoco aparece relacionada con las adjudicaciones investigadas», sentencia la defensa del ex número tres del PSOE. Es decir, pone en duda que Servinabar formara parte de una trama de corrupciones porque no hay ninguna adjudicación que lo apunte.
Pero la relación con Servinabar no acaba aquí, según los investigadores y el juez. De hecho, ambos señalan que Cerdán «disponía, al menos hasta 2018 de una cierta capacidad de administración» de la empresa Servinabar. Pero aquí la defensa también ataca. De entrada, recuerda que ni en el Registro Mercantil ni tampoco en ninguna de las declaraciones administrativas o fiscales de la sociedad mencionada aparece ningún rastro del ex número tres del PSOE. En este sentido, remarca que esta «capacidad» vendría por una captura de pantalla de una transferencia realizada por Servinabar a la Fundación Fiadelso que se había hecho por parte de Antxón Alonso, amigo de Santos Cerdán, y que él mismo afirma que recibe el mail confirmando la transferencia.
El atestado de la UCO afirma que hay unos mensajes de WhatsApp de Santos Cerdán que curiosamente no aparecen ni transcritos, ni fotografiados, a pesar de la multitud de mensajes y correos que contiene el informe policial. Ninguno de estos dos indicios puede hacer interpretar que fue Santos Cerdán quien ordenó la transferencia. «Difícilmente se puede concluir sus poderes de administración de acuerdo con la participación en un chat», argumenta Salellas. En el mismo sentido, critica que se dé valor a una copia de un documento privado encontrado en un maletín en un trastero de Antxon Alonso, sobre la venta de participaciones de Servinabar a Cerdán. Un documento que se firmó cuando Cerdán no tenía ningún poder institucional y cuando temía por si un día tenía que volver a la actividad privada, después de los desastres electorales del PSOE.
Candidatos, obras y ¿dónde están el dinero?
La defensa cree que, a pesar de poner el foco en Servinabar, en realidad no se investigan obras de esta empresa. Asimismo, todo se centra en la llamada trama navarra, pero finalmente esta cuestión tampoco forma parte de la instrucción. En este marco, Salellas se queja de que ahora el instructor ha reclamado expedientes solo para comprobar si los topónimos referidos en los audios de la causa se podrían corresponder con unas adjudicaciones concretas.
Esto significa que la defensa vislumbra una especie de investigación prospectiva para encontrar algún indicio delictivo concreto. «No hay ninguna duda de que estamos ante una causa general contra Santos Cerdán y que el objetivo es investigar para ver si finalmente aparece un indicio sólido que lo relacione con alguna actividad delictiva», escribe en su apelación Salellas. En la misma línea, critica que el juez considere un indicio delictivo que Cerdán proponga nombres para cargos de gobierno o que se felicite por conseguir obras para una carretera de alta mortalidad en Navarra, trabajos que mejoraban la seguridad vial.
En todo caso, y siguiendo el hilo del atestado y de la orden, la defensa también combate la idea de que Cerdán «tenía un papel de reclamación de cantidades de dinero a las constructoras indebidamente favorecidas». «No consta ninguna comunicación entre Cerdán y las constructoras ni tampoco la existencia de pagos, reclamaciones, cobros o ninguna transmisión de activos entre Cerdán y estas empresas adjudicatarias», recuerda. En este sentido, aduce que «no se puede olvidar en este punto que Servinabar, no es adjudicataria de ninguna de las obras investigadas». También reprocha que lo hagan responsable de «repartirse el botín» cuando no hay ninguna constancia de «pagos, reclamaciones, cobros o ninguna transmisión de activos entre Cerdán, Koldo García y Ábalos». «Esta cuestión se construye totalmente a partir de la hipótesis acusatoria, pero sin ningún sustrato probatorio», concluye la defensa.
