El caso Inipro empieza a tener una vida paralela que ha sorprendido las partes personadas en la causa y el mismo tribunal que tiene que juzgar el caso de corrupción Inipro. Después de una larga instrucción, y a las puertas de convocar la vista oral, el Ayuntamiento de Tarragona ha decidido retirarse como acusación particular. Una decisión personal del nuevo alcalde, el ahora socialista Rubén Viñuales, ex regidor de Ciutadans, una vez logró el gobierno después de cuatro años de gobierno municipal del republicano Pau Ricomà como alcalde, que espoleó la personación del consistorio. La maniobra de Viñuales busca proteger al exalcalde de la ciudad, Josep Félix Ballesteros, también del PSC, acusado por el ministerio fiscal y, hasta ahora, también por el mismo consistorio tarraconense.
Tal y como explicó El Món, Viñuales firmó un decreto de alcaldía donde
Los cupaires piden un requerimiento
De hecho, el abogado de la CUP ya ha recibido formalmente el escrito presentado por el Ayuntamiento de Tarragona comunicando su renuncia como acusación particular en el caso Inipro. Con este documento bajo el brazo, los cupaires han replicado con un escrito ante la sala que puerta la causa para que efectúe “el correspondiente requerimiento en el Ayuntamiento de Tarragona para que informe de cuáles son las actuaciones administrativas no correctas de las cuales es conocedor el Ayuntamiento de Tarragona”. La diputada de la CUP por el Camp de Tarragona, Laia Estrada, y Eva Miguel, jefe de filas de la formación en la ciudad, han explicado en una comparecencia ante los medios su sorpresa por el contenido del decreto.
Un documento donde el mismo alcalde reconoce “posibles actuaciones administrativas no correctas efectuadas por algunos de los responsables del Instituto Municipales de Servicios Sociales de Tarragona». Además, destacan que el decreto hace un reconocimiento que los gastos con relación a las cuales no se ha seguido el procedimiento de contratación adecuado no es una excepción, sino que «se va repitiendo en el tiempo a consecuencia de la dificultad de los procedimientos de contratación y la necesidad de prestación de servicios”. Unos argumentos que las cupaires tildan «de escándalo», de forma que alertan que el mismo consistorio podría estar reconociendo uno
Desde la CUP consideran que estas afirmaciones nuevas, en las cuales el Ayuntamiento de Tarragona manifiesta ser conocedor de los hechos que tienen que ser enjuiciados, “son un escándalo y que podríamos estar ante uno y que como mínimo se tendrían que investigar”. Por eso, a través de la Audiencia, reclaman explicaciones al consistorio. Por otro lado, los cupaires enfatizan el contenido político de la decisión porque recuerdan que Viñuales, cuando era portavoz de Ciudadanos, llegó a afirmar, con relación al caso Inipro, que “todos los indicios apuntan a una financiación irregular del PSC”. Para las anticapitalistas, el «PSC estaría utilizando la institución municipal en beneficio del partido», puesto que el Ayuntamiento ostentaba la condición de parte perjudicada y el PSC consta como acusado como persona jurídica en este procedimiento.
