Más presión judicial contra el PSOE, en el marco del caso Koldo. El titular del Juzgado Central de Instrucción número dos de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, ya ha recogido suficientes indicios y ha acordado elevar una exposición razonada al Tribunal Supremo para que investigue al exministro de Transportes y actual diputado no adscrito del Congreso José Luis Ábalos. El magistrado, en un extenso auto de 33 páginas al que ha tenido acceso El Món, ve “indicios fundados y serios” de su “papel principal” en una organización criminal que supuestamente se lucró con la venta de mascarillas durante la pandemia.
En la exposición razonada, el juez atribuye al ex número dos del PSOE, una «imputación clara y concreta» a través de una serie de indicios que evidencian su presunta participación en delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias y soborno. A la vista de estas circunstancias y por su condición de aforado, el magistrado recuerda la imposibilidad de continuar la instrucción sin realizar diligencias de investigación que afecten de manera directa al diputado, y por ello entiende que ahora la instrucción debería continuar en la Sala Segunda del Tribunal Supremo que aún preside Manuel Marchena. De hecho, Moreno ha acordado enviar las actuaciones ya al Supremo para que asuma la investigación y la continuidad de la instrucción.
Organización criminal
En la resolución, el juez atribuye a Ábalos en concreto un delito de pertenencia a organización criminal porque ocupaba un papel principal en la trama creada por el empresario Víctor de Aldama para conseguir negocios con las administraciones públicas. En cuanto al delito de tráfico de influencias, el magistrado concluye que estaría acreditada la intervención del entonces ministro para la adjudicación de los contratos de suministro de mascarillas a la empresa de De Aldama Soluciones de Gestión y Soporte a la Empresa, así como por su intervención en la contratación, por parte de dos empresas públicas (INECO y TRAGSATEC), con la mujer con quien entonces mantenía una relación personal.
Finalmente, el instructor atribuye al exministro el delito de soborno porque le fue proporcionado el uso y disfrute de una vivienda en localidad de La Alcaidesa, en la provincia española de Cádiz, como pago de su mediación en la adjudicación de los contratos de suministro del material sanitario. Otro indicio que acreditaría el soborno, según el juez, es el pago del alquiler del piso en el que residió la pareja de Ábalos en el centro de Madrid, desde marzo del 2019 hasta septiembre del 2021, por un importe de 88.101,43 euros y que fue abonado por De Aldama a través de personas y sociedades que estaban bajo su control.
