La amnistía y el Procés no dejan descansar las agendas del Tribunal Constitucional. Así lo indica el orden del día del pleno que los magistrados celebrarán la próxima semana entre el 6 y el 7 de octubre. No solo deben admitir a trámite los recursos de amparo de los exiliados Carles Puigdemont, Lluís Puig y Antoni Comín por la inaplicación de la amnistía, sino que deben deliberar sobre la cuestión de inconstitucionalidad presentada por la sala penal del Tribunal Supremo sobre la constitucionalidad de incorporar a la ley de amnistía el delito de desórdenes públicos y el recurso interpuesto por el gobierno de Aragón contra la ley.
En principio, el pleno debe servir para que los magistrados decidan sobre la aplicación del artículo 56 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, es decir, levantar las medidas cautelares que afectan a los exiliados. En concreto, las órdenes de detención estatal que el magistrado instructor de la causa del Procés, Pablo Llarena, mantiene vigentes ante un posible retorno del presidente al exilio en Cataluña. Curiosamente, en las últimas semanas, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha podido evaluar un informe sobre este levantamiento de las medidas cautelares según la ley de amnistía, y en principio, avalaría esta opción.
Ningún magistrado apartado
Este pleno llega sin ninguna carga, ya que la semana pasada el mismo tribunal rechazó todas las recusaciones presentadas contra varios magistrados. Así, en el recurso de Puig, el tribunal escuchará la opinión del ponente del caso, el magistrado César Tolosa Tribiño. En cuanto a Carles Puigdemont, será la magistrada catalana y catedrática de derecho Constitucional en la Universidad de Barcelona, Laura Díez; y el magistrado Enrique Arnaldo será el ponente del caso Comín. En cuanto a la cuestión de inconstitucionalidad presentada por el Supremo, el ponente será Ricardo Enríquez Sancho y sobre el recurso de los aragoneses, la encargada será Laura Díez. De momento, solo son primeras deliberaciones.
