Nuevo frente de la que empieza a ser la macrocausa del Tsunami Democrático. El titular del Juzgado Central número seis de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, continúa insistiendo en su intento de encontrar pruebas e indicios que refuercen su tesis que la plataforma de Tsunami Democrático cometió actas de terrorismo, para poder acusar de este delito Carles Puigdemont, Marta Rovira y el resto de imputados. Según ha podido saber El Món, el 16 de enero, Fernando Galindo Elola-Olaso, secretario de la Junta Electoral Central, remitió un escrito de la Guardia Civil a todas las Juntas Electorales de Cataluña, para que hicieran un listado de los «actos, protestas y acciones convocadas por Tsunami Democrático durante la jornada de reflexión del 9 de noviembre de 2019», el día antes de las elecciones españolas del 10-N.
Así, la Unidad Central Especial 3 de Riesgos desestabilizadores (UCE 3) de la Jefatura del Servicio de Información de la Guardia Civil, en cumplimiento de la orden judicial del pasado 27 de noviembre, se ha dirigido a las secretarías de las Juntas Electorales durante la última semana para reclamarlos este listado de acciones. Tienen que ser, según los agentes, aquellas que los integrantes de las juntas consideren que fueron «contrarias a aquello que dispone la ley orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) y que hubieran pasado durante la jornada de reflexión en toda la comunidad autónoma de Cataluña».
En este sentido, el juez reclama «en particular, si se emitió ningún requerimiento para impedir que se llevaran a cabo estos actos». Especialmente, piden nombres de identificados y el «resultado» que, finalmente, tuvo todo ello. El objetivo es acreditar que la plataforma que convocaba las protestas contra la sentencia del Proceso dictada por el Tribunal Supremo intentó boicotear las elecciones en el Congreso del 10 de noviembre del 2019. Unos comicios que acabarían con la victoria del PSOE y la consolidación de un gobierno de Pedro Sánchez con Podemos y el apoyo de ERC, Bildu y el PNB. Los actos de Tsunami se celebraron sin ningún incidente en todo Cataluña y, además, la Junta Electoral, todo y la denuncia del PP, no los prohibió.
Un atestado de la Guardia Civil convenció el juez
La decisión del juez de reclamar a los secretarios de las Juntas Electorales datos y actas para alimentar su tesis y argumentar la acusación por terrorismo tiene el origen, según la interlocutoria a la cual ha tenido acceso El Món, en un oficio de la Guardia Civil. Concretamente, un atestado del 16 de diciembre del 2019, firmado por el comandante de la Guardia Civil L-04282-W, que recoge una serie de hechos y disturbios que podrían ser constitutivos, siempre a parecer suyo, de un delito de terrorismo.
En este atestado se detalla que «el uno de noviembre de 2019, con motivo de las elecciones generales previstas para el 10 de noviembre, a través de la red social Twitter y de la aplicación de mensajería instantánea Telegram, Tsunami Democrático convocaba sus seguidores a desobedecer la Junta Electoral Central». En este contexto, los analistas del instituto armado aseguran que la plataforma «organizaba durante la jornada de reflexión del 9 de noviembre, una serie de actividades culturales, políticas y festivas en todas las ciudades, pueblos y barrios del territorio de la comunidad autónoma de Cataluña». Para los guardias civiles investigadores, estas «actividades fueron en realidad articuladas como actas de desobediencia a la Junta Electoral, interfiriendo la jornada de reflexión, además de constituirse como propaganda independentista y anticonstitucionalista».
Dos carteles, prueba de cargo
Al atestado, los agentes aportan dos documentos como prueba de cargo de su exposición. En primer término, un cartel con el nombre de Tsunami Democrático donde se lee el lema
En este documento, la plataforma hacía un «llamamiento a desobedecer la Junta Electoral con una jornada de actividades culturales, políticas y festivas el día 9 de noviembre». Unas acciones que tenían que celebrarse entre las cuatro de la tarde y las ocho de la tarde. El objetivo era «hacer reflexionar sobre la condena del Tribunal Supremo y las decenas de presos políticos y exiliados» y sobre «la violencia policial aplicada contra la población pacífica». En la misma línea, el comunicado rogaba que el Estado reflexionara «sobre su incapacidad para dialogar, sobre cómo se utiliza continuamente Cataluña como una arma para sacar réditos electorales, sobre cómo impide el ejercicio de derechos fundamentales a su ciudadanía».
También exigía que el Estado reflexionara sobre «cómo usa la Junta Electoral Central para coartar derechos fundamentales de manera arbitraria e indiscriminada». «La gente ya ha reflexionado, el 9-N es un buen día porque lo haga el Estado», argumentaba el manifiesto. En este sentido, la plataforma gritaba «todas las ciudades, pueblos y barrios del país a organizar una jornada de actividades culturales, políticas y festivas el día 9 de noviembre, de las 16 a las 22 horas». Para acabar de fortalecer esta acusación, la Guardia Civil aporta una prueba que resulta casi un dogma de fe: una publicación del exdiputado de la CUP David Fernàndez, del 4 de noviembre de 2019, con que espoleaba a «reflexionar por todas partes».
«Parte de una estrategia de insurgencia»
Los analistas de la Guardia Civil concluyen que las actividades convocadas durante la jornada electoral muestran el carácter «insurgente de la plataforma». El oficio de la UCE 3 opina que las convocatorias de Tsunami Democrático, con «gran eco social», se han «instaurado como una herramienta de subversión contra la orden constitucional en el marco de la estrategia global, utilizada por el entorno independentista como medio para conseguir sus objetivos». De hecho, incluyen las protestas o acciones de la jornada de reflexión como una «acción para minar la convivencia cívica».
Además, con la «materialización de sus acciones» Tsunami, para la Guardia Civil, consiguió afectar «el normal desarrollo de la vida de los ciudadanos de una parte del territorio nacional». Una manera de hacer que, atendido el instituto armado, habría «alterado la paz pública». Siguiendo el relato del atestado, la pretensión de Tsunami con todos sus actos, incluidas las acciones de la jornada de reflexión, era «desestabilizar gravemente la economía del Estado», el cual conminaba a «dialogar y a hacer que la comunidad autónoma de Cataluña pueda ejercer la autodeterminación, buscando forzar los poderes públicos a claudicar ante las exigencias de la organización». «Todo esto», continuaba la Guardia Civil, «como una parte de una estrategia de insurgencia con el fin de lograr la denominada República catalana».
El ambiente, festivo
Todo y las duras acusaciones contra los actos de la jornada de reflexión que los agentes de información del instituto armado proferían en su atestado, la realidad fue muy diferente. De hecho, la misma Guardia Urbana de Barcelona contó unos 7.000 participantes en la convocatoria de Barcelona que finalmente se llevó a cabo en la plaza Universidad. En este sentido, la gran mayoría de las crónicas utilizaba la fórmula de «el ambiente festivo» para describir el acto central de Barcelona, con la actuación de los Músicos por la Libertad, Ebri Knight, La Folie, Doctor Prats, Salva Racero, Ajo Foll, Joan Rovira, Miquel del Roig, Montse Castellà, Pepet y Mariquita, Porto Bello y Zebras, Gertrudis y la Compañía Eléctrica Dharma.
Todo con lecturas de poemas, uno de los cuales escrito por Jordi Cuixart, y recitado por David Fernàndez como rapsoda. En Girona asistieron unas 500 personas, a Tarragona 300 y Lleida 200, sin ningún tipo incidente. Por cierto, la infraestructura de los actos –sillas, escenarios y mesas– fue recogida por los mismos asistentes. Incluso, los escritorios donde los asistentes podían escribir cartas a los presos políticos.
La JEC lo permitió
La Guardia Civil y, de retruque, el juez obvian un detalle clave que, precisamente, tiene la Junta Electoral como protagonista, que no prohibió los actos del Tsunami Democrático programados para la jornada de reflexión en todo Cataluña. Ahora bien, recordó en la Generalitat que tenía que garantizar «la absoluta neutralidad de los espacios públicos». La JEC desestimó así un recurso del PP, que había pedido impedir las más de 300 actividades programadas por el Tsunami para ser «actos electorales de propaganda a favor del independentismo».
«La Junta Electoral Central no tiene competencia para prohibir de forma anticipada y con carácter general la realización de cualquier acto o manifestación durante las jornadas de reflexión y votación, como se solicita en el escrito», sentenció la JEC en su resolución. «Pero sí que le corresponde recordar en la Generalitat de Cataluña que tiene que adoptar las medidas necesarias para garantizar la absoluta neutralidad de los espacios públicos durante estas jornadas de reflexión y votación», añadió el órgano superior de la administración electoral. Ahora, más de cuatro años después, el juez del caso Tsunami, desde la Audiencia Nacional, va más allá del que dictó la Junta Electoral en Cataluña y ve en los conciertos o las actividades lúdicas de la jornada de reflexión indicios o pruebas de terrorismo.
