Nuevo paso procesal de los presos políticos indultados de ERC. Las defensas de Oriol Junqueras, Raül Romeva y Dolors Bassa han presentado sus recursos de amparo al Tribunal Constitucional contra la revisión de la condena por la 1 de Octubre a raíz de la derogación del delito de sedición. Un recurso que es el último escalón del proceso judicial español antes de acudir a la justicia europea, al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Con el recurso, todos reclaman que mientras no se resuelva se suspenda cautelarmente la inhabilitación que la reinterpretación de la condena por parte de la sala de lo penal del Tribunal Supremo mantuvo.

El amparo llega después de que el Supremo también rechazara el incidente de nulidad presentado por los republicanos el último mes de marzo. Los abogados Andreu Van den Eynde -para Junqueras y Romeva- y Mariano Bergés, para Balsa, insisten en su escrito que su participación en el referéndum del Primero de Octubre «no constituye ningún delito«. En concreto, niegan que hubieran cometido ningún delito de corrupción que justifique mantener la pena por malversación, tal como sentencian los magistrados.

El abogado Andreu Van den Eynde justo antes de la vista al TJUE sobre el caso de la inmunidad de Oriol Junqueras / ACN

«No se aplica la reforma»

El escrito de amparo resalta que los hechos probados de la sentencia del Primero de Octubre no incluye ningún tipo de referencia ni en «la apropiación» ni a «el ánimo de lucro». “Reiteramos que la interpretación del Supremo en este extremo se aleja de la voluntad evidente del legislador con la reforma”, remarca el letrado Van den Eynde. A consecuencia de esta decisión, el Supremo mantiene la inhabilitación absoluta de 13 y 12 años por los condenados. Una pena que, a su parecer, vulnera los derechos de representación y participación política. De hecho, llegan a asegurar que la resolución del Supremo «persigue silenciar una opción política determinada».

En último término, los abogados entienden que la pena se mantiene de una manera «irracional» porque una vez ha caído el delito más grave -la sedición- la pena resta intacta. “Resulta irracional y contrario a primeros de proporcionalidad penal que la desaparición del delito de sedición no tenga ningún impacto en la determinación de la pena”, arguye el recurso. En definitiva, los presos políticos de ERC piden la nulidad de la revisión y la restitución de sus derechos fundamentales, así como la suspensión cautelar de la inhabilitación mientras el tribunal no se pronuncie.

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