La causa Volhov, que investiga la supuesta trama civil y mercantil del Proceso, está en fase de eternizarse. La sustituta del juzgado de instrucción 1 de Barcelona, Antonia Coscollola, que suple el histórico magistrado Joaquín Aguirre, ha pedido a las acusaciones que se pronuncien sobre una nueva prórroga de instrucción por seis meses más, que empezaría el próximo 29 de julio. Un nuevo alargamiento de la causa, en este caso de la pieza separada número 2, que investiga las relaciones de Xavier Vendrell con la empresa Events y su posible relación con la financiación y la logística del Tsunami Democràtic.
Si esta prórroga se acepta, la causa superará los tres años desde la razia de detenciones de octubre del 2020 y desde que se levantó el secreto de sumario. En aquel momento, la instrucción ya venía de lejos después de meses de intervenciones telefónicas, balizas, seguimientos y peticiones rogatorias internacionales de documentación. De hecho, la Volhov es una causa que emerge de la operación Estela, otra macrocausa con nueve piezas separadas de las cuales ya se han archivado sed.
Seis meses más y la Audiencia Nacional se lo saca de encima
En la providencia judicial, a la cual ha tenido acceso El Món y firmada el pasado 26 de junio, la instructora pide al ministerio fiscal y a las partes personadas que, en un plazo de tres días, manifiesten su parecer sobre esta nueva prórroga. Una solicitud de más tiempo que fuentes judiciales motivan por dos cuestiones. Por un lado, el colapso de la instrucción a raíz de la ingente documentación que los investigadores de la Guardia Civil recogieron de todos los investigados. Y, por otra, la situación complicada del juzgado y de la causa: el representante del ministerio fiscal ha cambiado y el juez —ahora de baja y sustituido— ya había necesitado otra magistrada de apoyo, que tenía desde septiembre de 2022, otorgada por Carlos Lesmes en sus últimos días como presidente del Consejo General del Estado.
Además, esta instrucción de la pieza número 2 ha recibido un serio revés por parte de la Unidad Central Especial de la Jefatura de Información de la Guardia Civil, que ha instruido la causa del Tsunami Democràtic al juzgado central de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, las famosas diligencias 85/2019. En el informe, bautizado como ‘8’ y al cual ha tenido acceso El Món, los investigadores del instituto armado admiten que “no han encontrado ninguna información de interés respecto de Tsunami Democràtic”, después de analizar 26 teléfonos móviles, tabletas, lápices de memoria, ordenadores y discos duros confiscados el octubre de 2020.
Ninguna evidencia
Así, la investigación forense, que ha requerido el apoyo del spyware
Por ahora, a la vista de los resultados de la investigación de la Volhov sobre la relación de los principales encausados —los empresarios Xavier Vendrell, David Madí y Oriol Soler y el jefe de la oficina del presidente Carles Puigdemont, Josep Lluís Alay—, la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha hecho una primera lectura del sumario y sopesa volver la causa en Barcelona porque no ve suficiente entidad en los indicios recogidos para plantear una causa por un supuesto delito terrorista, tal como apuntaban las primeras pesquisas. En todo caso, el pasado mes de junio, la fiscalía reconocía que el juez Manuel García Castellón, instructor de la causa, todavía no los había dado traslado para manifestarse. En este contexto, fuentes del ministerio público, aseguraban en El Mundo que, una vez el juez lo ordene, harán el informe y será entonces cuando “se incline por una postura”. Sea como sea, la causa Volhov va por largo. De hecho, su causa madre ya lleva en danza desde principios de 2016.
