Los testimonios los carga el diablo. Bien lo saben los que cada día entran en un juzgado. Sobre todo, porque un testigo es una persona, y como ser vivo, tiene memoria selectiva, aplica el principio de supervivencia y, si formulas las preguntas adecuadas, responde hacia donde quiere quien pregunta. Así se ha vivido la tercera jornada del juicio del caso Efial en la Audiencia Nacional, un sumario que juzga a 15 personas por presunta malversación de fondos públicos por contratos presuntamente ilícitos de la consultora que da nombre al asunto ayuntamientos de todo el país, principalmente en las comarcas del Campo de Tarragona y las Tierras del Ebro.
Este jueves se celebraba la segunda jornada del juicio entendida como práctica de prueba. La primera había sido un largo mañana de cuestiones previas -sobre vulneración de derechos y prescripciones de acciones- con un microjuicio incorporado por la conformidad de cuatro de los acusados. La segunda jornada, celebrada el miércoles, sirvió para desestimar todas las peticiones de nulidad y comenzar las declaraciones de los agentes de la Guardia Civil que investigaron el caso. Unos agentes que remarcaron la correspondencia entre los ingresos en Andorra para el exalcalde de l’Ametlla de Mar, Andreu Martí, uno de los principales acusados, y su entorno con adjudicaciones efectuadas a través del consistorio o las sociedades municipales a la consultora, que calculan serían alrededor del 5%. Así como detalles como el alquiler de una casa del alcalde a Efial o una factura de mil euros por conexiones de datos desde las Islas Mauricio y Seychelles que querían cargar al Consejo Comarcal.
Si el miércoles no fue suficiente, más agentes se sentaron ayer en el estrado para relatar que Martí llevaba una libreta donde apuntaba religiosamente las comisiones, casi con el mismo deleite que el Ebenezer Scrooge que esbozaba Dickens en su Canción de Navidad. Cabe decir que la Guardia Civil no había hecho lo suficientemente bien el trabajo para asegurar la prueba y las defensas aprovecharon. Pero especialmente interesante fue el testimonio de Xavier Pujol, un trabajador de la consultora que expuso los intríngulis de la consultora con las administraciones y cómo el presidente de Efial, Antonio Martos, manejaba las contrataciones investigadas.
El presidente de Efial, el responsable
Pujol aportó detalles sobre el funcionamiento interno de la consultora y cómo intervenía en las empresas públicas que promovieron en Tortosa o l’Ametlla de Mar. De hecho, lo podía explicar porque trabajó como consultor en Efial entre 2008 y 2015. El testigo relató que la relación de la consultora con la empresa municipal de Tortosa GUMTSA era «continuada». De hecho, iba «dos o tres días por semana», aunque su lugar de trabajo era la sede de Barcelona, y que a menudo pasaba la noche allí. Pujol subrayó que su tarea eran cuestiones «administrativas, contables y económico-financieras», pero no hacía los pliegos porque no tenía ningún conocimiento.
Ahora bien, todo lo que hacía era cumpliendo órdenes e indicaciones del presidente de la consultora, Antonio Martos. Según el testimonio, Martos ejercía de gerente de la sociedad tortosina, que presidía la entonces primera teniente de alcalde de Urbanismo, Meritxell Roigé. Siguiendo su relato, Martos era el responsable de las finanzas y de planificación de la GUMTSA mientras otros profesionales asumían tareas «técnicas». Toda la documentación que le mostró la fiscal anticorrupción sirvió al testigo para cargar toda la responsabilidad a Martos. Hay que tener en cuenta que el presidente del tribunal, José Ricardo de Prada, llamó la atención a la fiscal anticorrupción porque formulaba preguntas capciosas que podían haber implicado al testigo en alguno de los delitos que se juzgan.
Pujol esquivó las preguntas sobre las ofertas de varias empresas que querían entrar en una licitación del Ayuntamiento de Tortosa o de su entramado empresarial. El testigo insistió en que no preparaba él los pliegos de las licitaciones y no sabía quién lo hacía. En cuanto a la sociedad de l’Ametlla de Mar, el testigo agregó que Efial tenía un contrato con el consistorio y que se planteó abordar una nueva licitación cuando se aproximaba el vencimiento. En sus correos, mostrados en la sala, aparecen referencias al borrador del pliego de cláusulas que debía tener un importe aproximado de 450.000 euros para un contrato de un año prorrogable. El exconsultor de Efial admitió que podía haber preparado el documento, pero dijo que no recordaba «quién tomaba las decisiones finales».
Un registro de comisiones
Si la jornada del miércoles había servido para que los analistas del caso compararan los ingresos de Martí en Andorra con las licitaciones que otorgaba a través de la consultora, este jueves se remató el clavo. Uno de los investigadores encontró en un trastero un bloc con anotaciones manuscritas con cantidades relacionadas con un supuesto «libro mayor» que los policías interpretan como las supuestas comisiones. También se encontraron datos de la Agencia Tributaria, cuentas bancarias o documentación relacionada con Deep Blue Business, empresa supuestamente pantalla con sede en Tortosa.
Las facturas de esta empresa a una constructora tenían anotaciones a mano con cantidades que corresponderían a comisiones que irían entre el 2,5 y el 3% del importe total de la adjudicación. Ahora bien, la Guardia Civil obvió un detalle importante, como hacer una prueba caligráfica para comprobar si las anotaciones manuscritas eran del exalcalde. O bien, que los números no terminaban de cuadrar. Así, los defensores pusieron como ejemplo una factura de 12.798,77 euros que se comparó con el posible porcentaje de comisión de una obra que se adjudicó por 1,3 millones de euros. Una comisión que, siguiendo el cálculo de la Guardia Civil, debería alcanzar los 40.000 euros.
Uno de los elementos de la acusación es que Deep Blue Business facturaba a varias empresas, pero también hacía importantes retiradas de efectivo. El cálculo de la investigación asciende a 563.000 euros retirados de las cuentas de la empresa. Pero las defensas se encargaron de dejar claro que la Guardia Civil no ha podido determinar dónde fueron a parar ese dinero. Los mismos agentes recuperaron los ingresos de dinero en Andorra que consideran irregulares por parte del exalcalde. Los investigadores señalan una cantidad de unos 1.379.000 euros sin una procedencia «suficientemente justificada». Un importe que es «desproporcionado» con la herencia documentada de 40.000 euros con la que se intentaron justificar los ingresos en Andorra.
La Cala Gestió y Torredembarra
Uno de los trabajadores de la empresa municipal la Cala Gestió admitió al tribunal que fue subrogado como empleado de Efial hacia la sociedad de l’Ametlla de Mar, donde hacía de administrativo. El testigo aseguró que no se pagaba ninguna factura sin el consentimiento del presidente de Efial o el presidente de la Cala Gestió, el entonces alcalde Martí. Ambos, según el testigo, llevaban la batuta sobre las adjudicaciones. En ese mismo sentido testificó la teniente de alcalde de Torredembarra entre 2011 y 2013, Francesca Falguera.
La regidora resaltó que desconocía el detalle de los servicios y la gestión que ofrecía Efial al consistorio. Aportó un detalle de cómo Efial fue la encargada de solicitar una devolución del IVA que superaba los dos millones de euros. Según la versión de Falguera, los pagos a la consultora contaban con los informes desfavorables del secretario municipal, con quien aseguró que la relación con el exalcalde, Daniel Massagué, no era buena.
Otra trabajadora también adujo que Efial trabajaba mucho en el Ayuntamiento pero que no sabía exactamente qué hacía allí, porque trabajaba en otro departamento. Finalmente, uno de los concejales que testificó recordó que fue justamente por «las irregularidades» que detectaron en la adjudicación de contratos menores a Efial que acudieron a la Fiscalía, junto con otra regidora. Las sospechas llegaron porque estos contratos de unos 18.000 euros se iban encadenando y no se hacía ningún concurso público, todo esto durante dos años.
