Trece años después, esta mañana ha comenzado el juicio del caso Efial, sobre manipulación de contratos en 14 ayuntamientos catalanes en relación con la consultora que da nombre al sumario. Un inicio, sin embargo, con cierta sorpresa, por los acuerdos de conformidad entre cuatro acusados con el ministerio fiscal. Unos pactos que han hecho levantar las orejas del resto de defensas advirtiendo que podría prejuzgar a los acusados que se mantendrán en el banquillo de los acusados. Una opinión que el presidente del Tribunal, José Ricardo de Prada, ha sido rápido en detener alegando que es criterio de la sala que las «conformidades parciales no entren en absoluto en el ámbito probatorio del resto de los acusados.
De esta manera, y en palabras del magistrado, se ha celebrado un «microjuicio» con sentencia in voce. De esta manera el extécnico del Ayuntamiento de l’Ametlla de Mar, Jaume Beltrán, el técnico del Ayuntamiento de Vandellòs y l’Hospitalet de l’Infant, Conrad Solé, y los empresarios Josep Manuel Bassols y Oriol Mestre han reconocido los hechos y han aceptado condenas menores de prisión, inhabilitación, multas y trabajos en la comunidad.
Después de dictar sentencia, ha comenzado el tedioso trámite de las cuestiones previas, es decir, la prefase del juicio, sobre la validez de las pruebas, posibles prescripciones, vulneraciones de derechos fundamentales o la aportación de nueva prueba. Una fase que José Ricardo de Prada ha llevado bien atada para evitar que los abogados entraran en el fondo de las defensas advirtiendo que las cuestiones previas tienen un objetivo concreto y no es una previa del juicio. El juicio es la segunda pieza del caso Efial, la primera fue con ayuntamientos de la comunidad de Madrid y terminó con absoluciones.
Los cuatro acuerdos
Los cuatro acuerdos se han podido celebrar después de largas negociaciones con el fiscal anticorrupción Fernando Bermejo, y que han terminado con el cambio de fiscal del caso que ha tenido presente atenuantes como confesión y las dilaciones indebidas. En síntesis, Jaume Beltrán, ingeniero de la empresa Cala Gestió, impulsada por la consultora Efial para recibir adjudicaciones de contratos públicos del Ayuntamiento de l’Ametlla de Mar, ha aceptado una condena por los delitos continuados de prevaricación administrativa, fraude en concurso público y soborno de tres años de inhabilitación por prevaricación, ocho meses de prisión e inhabilitación por el fraude continuado en concurso público, y diez meses de prisión, una multa de cuatro meses de 20 euros diarios, y dos años y seis meses de inhabilitación por soborno.
En el caso del empresario Josep Manel Bassols ha aceptado una condena por soborno activo con una pena de nueve meses de prisión, una multa de cuatro meses de diez euros diarios, y dos años y seis meses de inhabilitación especial para el empleo o cargo público. Igualmente, el empresario Oriol Mestre ha aceptado la condena por un delito de blanqueo de capitales con una pena de dos meses de prisión, sustituida por una multa de cuatro meses con una cuota diaria de seis euros, así como una multa de 344.775,595 euros. El acuerdo prevé también una responsabilidad personal subsidiaria de dos meses que se sustituye por trabajos en beneficio de la comunidad.
Finalmente, Conrad Solé, técnico vinculado al Ayuntamiento de Vandellòs y l’Hospitalet de l’Infant, ha firmado una condena por un delito continuado de prevaricación administrativa y un delito continuado de fraude en la contratación pública. El acuerdo contempla dos años y seis meses de inhabilitación especial para ejercer como gerente de una empresa pública y para el derecho de sufragio pasivo por la prevaricación, así como ocho meses de prisión y otras inhabilitaciones por el delito de fraude.
El juicio continúa
Una vez el presidente del Tribunal ha dictado la sentencia por conformidad, ha continuado el juicio para el resto de acusados que son presidente de Efial Antonio Martos, Ramon Cuadrado, Francesc Xavier Termes, el exalcalde de Torredembarra Daniel Massagué, Xavier Xifrá, el exalcalde de l’Ametlla de Mar Andreu Martí, Ramon Cardús, María Dolores Martínez, el exalcalde de Ascó Rafael Vidal, Jordi Santamaria, Antonio Carné, Roger Rocamora, María Neus Puig, Carles Puigdoménech, Daniel Martín. Sus defensas han pedido la retirada de indicios recogidos en intervenciones telefónicas y de registros de sedes de las diferentes empresas y procesados. También por falta de taxatividad penal de las acusaciones y vulneración del derecho de tipicidad penal.
