El sumario del caso Volhov no deja de ofrecer sorpresas. Un nuevo ejemplo es un profuso atestado de la Guardia Civil, de casi 700 páginas, donde los agentes de la Unidad de la Policía Judicial se queman las cejas buscando la financiación del Procés, de la Casa de la República, en Waterloo, o, incluso, de Tsunami Democrático. El informe policial, de 8 marzo del 2023, ha sido librado al titular del juzgado de instrucción número 1, que lleva la investigación de la causa Volhov y de la causa madre, la operación Estela, de la cual todavía permanece abierta una pieza separada. En concreto, la que afecta a las fundaciones que dirigía Víctor Tarradellas, uno de los protagonistas de la estrafalaria supuesta trama rusa del Procés.
El atestado, al que ha tenido acceso El Món, investiga posibles delitos de malversación, prevaricación, soborno y tráfico de influencias de varios implicados, todos relacionados con instituciones deportivas catalanas. De hecho, los agentes ponen el foco en la actividad de la Unión de Federaciones Deportivas de Cataluña (UFEC) y de la Plataforma Pro-Selecciones Deportivas de Cataluña, que vinculan con la creación del «Comité Olímpico Catalán». El seguimiento de estas entidades y sus dirigentes hace que los guardias civiles encargados de la investigación den un paso más y también incluyan en el paquete de las actividades secesionistas la Candidatura Olímpica Barcelona Pirineos 2030, y de rebote, al expresidente Artur Mas y al presidente del Comité Olímpico Español (COE), Alejandro Blanco.
La tesis de los agentes actuantes es que el volumen presupuestario del proyecto olímpico, que calculaban en 1.500 millones de euros –con 400 millones de aportaciones del Comité Olímpico Internacional, según afirma la Guardia Civil–, podía ser un objetivo bastante jugoso para los investigados. De hecho, convencieron al juez para investigarlo con el único argumento de que durante las pesquisas habían detectado «irregularidades» que, curiosamente, los policías interpretan con una copiosa jurisprudencia, incluso, del Tribunal General de la Unión Europea y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, así como diversa doctrina del Tribunal Supremo. Todo ello hace que el informe policial parezca más una resolución judicial que un atestado policial, que tendría que aportar pruebas.
Micrófonos en una comida
El 6 de noviembre de 2019, los agentes D19921C y R92560Q averiguaron que se celebraría una comida en un restaurante del paseo Marítimo de Vilanova i la Geltrú (Garraf) propiedad de la madre de Gerard Figueras, entonces secretario general del Deporte de la Generalitat. Según la Guardia Civil, en esta comida, que se tenía que celebrar el 7 de noviembre, los participantes serían el expresidente de la Generalitat Artur Mas, el presidente de Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco, y el presidente de la Diputación de Girona y alcalde de Banyoles (Pla de l’Estany), Miquel Noguer. El orden del día del encuentro era para «concretar detalles sobre la candidatura de los Juegos Olímpicos de Invierno del año 2030». Un proyecto que, finalmente, el gobierno de Pere Aragonés ha guardado al cajón.
La convocatoria de la comida puso en guardia a los investigadores teniendo en cuenta que era posible que en aquella reunión se hablara y se concretaran «aspectos de contratación y adjudicación pública para este acontecimiento». Además, hacen constar en el atestado que tenían presentes las «irregularidades» que se iban desprendiendo de los «diferentes indicios» que la investigación en aquellos momentos estaba proporcionando, especialmente, respecto a la «concesión irregular de subvenciones y desvío de fondos públicos». Con este argumentario, solicitaron al juez proceder «a la grabación de la conversación en el restaurante». Finalmente, hicieron un oficio, el 9 de diciembre de 2019, narrando el contenido de la conversación. El atestado no detalla qué mecanismo, aparato o sistema se utilizó para grabar la conversación.
La financiación del proyecto olímpico
Según dedujeron los guardias civiles de la comida, la conversación fue sobre «como emprender la financiación del proyecto olímpico». De hecho, se comentaron quién podría llevar la dirección técnica y financiera en el ámbito institucional de la aventura olímpica. En aquellos días, a parecer de los agentes, estaban esperando la decisión del departamento de Presidencia, entonces en manos de la consejera Meritxell Budó, sobre cuál debía ser la entidad adjudicadora, la empresa Ferrocarriles de la Generalitat o bien la Fundación Olímpica. Es decir, fue un encuentro donde se ponía sobre la mesa como se tendría que articular la acción institucional del proyecto. La condición de expresidente que tenía Artur Mas y la buena relación que había tejido con el presidente del COE durante sus años de gobierno hizo posible la celebración de la reunión, que podía ayudar en un proyecto que se orientaba a desarrollar el Pirineo.
«La comida aclaró algunas incógnitas», aseguran los agentes. Así, constatan que Figueras habría informado que, «de momento, todo se hacía desde Deportes y Presidencia para poder ir ejecutando -y también utilizando Ferrocarriles de la Generalitat». Los analistas del instituto armado también añaden explicaciones de Alejandro Blanco, que comentó que el gobierno español cubría el coste. «El COE lo paga casi todo», dijo, según la Guardia Civil. Un comentario que los policías interpretan como que se planteaban «proveer una serie de fondos para poner en marcha el proyecto olímpico». De hecho, Blanco habría «advertido» que hacía falta «ser cuidadosos porque, aunque el COE es un ente privado, está sujeto a criterios públicos a la hora de contratar». Los policías en ningún momento pueden extraer del encuentro ningún indicio de ninguna irregularidad.
Sin relación con el Procés
Después de la comida, los guardias civiles continuaron las escuchas al teléfono de Gerard Figueras, que ubicaban en el centro de la investigación sobre una supuesta utilización de fondos públicos para financiar el Procés. En este marco, los policías remarcan que Figueras tenía a sus manos documentación sobre el otorgamiento de subvenciones para proyectos relacionados con la candidatura. Un hecho que no es ninguna sorpresa porque, naturalmente, la gestión desde el departamento de Presidencia de todo aquello relacionado con el deporte recae sobre la figura del secretario general del Deporte y la Actividad Física, que es lo que era Figueras.
Por otro lado, los guardias civiles aportan a la causa
Después de escrutar subvenciones y convenios, todas en orden desde el punto de vista legal, la Guardia Civil subraya que «sobre la posibilidad de irregularidades en la adjudicación de contratos públicos relacionados con la candidatura olímpica se ha hecho eco la prensa». En esta línea, aportan una noticia de
