La sala penal y civil del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) ha rechazado el recurso de súplica interpuesto contra el archivo de la querella que cinco exconsejeros de Cultura presentaron contra la jueza de Huesca, el gobierno aragonés y el Ayuntamiento de Sixena, que ejecuta el traslado de las obras murales expuestas en el Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC). Una querella que interpreta que el comportamiento de los tres se puede encuadrar en el delito previsto en el artículo 323 del Código Penal.
En concreto, un delito que castiga con la pena de prisión de seis meses a tres años, o multa de 12 a 24 meses, a aquel que cause daños en bienes de valor histórico, artístico, científico, cultural o monumental, o en yacimientos arqueológicos, terrestres o subacuáticos. Si los daños son de gravedad, como sería el caso, porque son bienes especialmente “relevantes”, la pena podría aumentar. También el artículo 324 prevé una pena similar si el delito se produce por imprudencia. Pero esta querella fue archivada, y la nueva resolución, de siete páginas y a la que ha tenido acceso El Món, considera que no hay motivos para anular la decisión de inadmisión.
La querella está firmada por Laura Borràs, Lluís Puig, Ferran Mascarell, Àngels Ponsa y Joan Manuel Tresserras. El recurso presentado por la defensa letrada de los cinco exconsejeros de Cultura, dirigida por Jaume Alonso-Cuevillas, entendía que, al inadmitirla, se había vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva por las interpretaciones «sesgadas» de la resolución. Asimismo, apostaba por la acción penal con el fin de denunciar que no se había valorado la prueba documental del caso que “describe la realidad material del estado de las pinturas murales».
Pero, además, la resolución conocida hoy, que ratifica el archivo, recuerda que es necesario mantener de momento una pieza separada por «la absoluta falta de fundamento de la querella presentada». En este marco, los magistrados interpretan que «puede haber abuso o mala fe procesal en el uso del instrumento procedimental de la querella». Es decir, los jueces de Aragón pretenden ahora investigar si los consejeros actuaron de mala fe y abuso de derecho para decidir si los sancionan.
