Como afirmaba Groucho Marx en la famosa escena de la locomotora cuando los hermanos humoristas se aventuraban por el salvaje Oeste americano, «¡más madera, que es la guerra!». Así se puede describir el rumbo que está tomando el proceso judicial para el traslado forzoso de las pinturas murales de Sixena que el Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC) lleva más de 70 años custodiando y conservando. En esta ocasión, vuelve a ser el gobierno de Aragón el protagonista. Su vicepresidenta y consejera de la Presidencia, Mar Vaquero, ha asegurado esta mañana que el MNAC vuelve a poner nuevos “obstáculos” para el cumplimiento de la sentencia que ordena el retorno de las pinturas murales de Sixena.
En rueda de prensa, Vaquero ha informado de una nueva iniciativa procesal. En detalle, el ejecutivo aragonés ha presentado en el Juzgado de Primera Instancia número 2 de Huesca las alegaciones al Informe de evaluación de riesgos sobre las pinturas murales presentado por el MNAC, que destapa el desinterés del ejecutivo de Jorge Azcón. En la misma línea han presentado una valoración propia del informe de evaluación de riesgos del MNAC y un segundo documento que aporta información sobre el Monasterio de Sixena, las zonas de reserva donde llegarán las obras y las condiciones. Una información que el MNAC lleva más de un año esperando y así lo denunció en el juzgado.
Aseguran que demostrarán su «buena fe procesal»
“Lo que busca el MNAC con su informe de evaluación de riesgos es suspender un plazo de ejecución que es firme, y por eso plantean un recurso indirecto a la providencia de la jueza y muestran una mala fe procesal evidente”, apuntan desde el gobierno aragonés. En cambio, aseguran que, Aragón “demostrará una vez más la buena fe procesal”, porque facilitará el acceso al monasterio por parte de los técnicos designados por el MNAC y les ofrecerá información sobre la zona de recepción del conjunto de las pinturas murales y su llegada al monasterio. Los servicios jurídicos aragoneses insisten a la jueza que “el museo está intentando modificar este calendario, alargándolo e incluso intentando evitar el cumplimiento de la sentencia”.
Por otro lado, remarcan que el gobierno de Aragón no ha mostrado inconvenientes en que se haga una evaluación de riesgos por parte de entidades como el Instituto del Patrimonio Cultural de España (IPCE) o el Centro Internacional de Estudios para la Conservación y la Restauración de los Bienes Culturales (ICCROM) siempre que esto “no suponga una suspensión o una ampliación del plazo acordado judicialmente para el retorno de las obras”.
