El caso Sixena está delatando que la única verdadera intención del traslado al monasterio de los Monegros de los murales que se encuentran en el Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC) es, sencillamente, que los catalanes no las tengan. La prueba definitiva es un informe preparado por el MNAC para preparar el traslado y advertir de los riesgos que supone, entregado a la jueza y que no se ha podido completar porque Aragón no ha aportado ninguna información sobre dónde y en qué circunstancias quiere recibir y exponer los murales. Tanto es así, que los servicios jurídicos del MNAC han presentado un durísimo escrito de alegaciones al Juzgado de Primera Instancia número dos de Huesca, acompañando el informe, donde recriminan el papel del gobierno aragonés -y, de paso, de la jueza, por no obligarlos a responder- y denuncian que se ha dejado tirado incluso al Ayuntamiento de Sixena, principal impulsor del proceso judicial.
El informe de valoración de riesgos del traslado, de 63 páginas y al que ha tenido acceso El Món, es un documento indispensable para ejecutar la sentencia que obliga al traslado. El documento tiene como marco de referencia las leyes de protección patrimonial, las normas UNE y los códigos deontológicos que las acompañan. Ahora bien, el informe no se ha podido completar porque Aragón, desde que la sentencia es firme y la ejecución ha comenzado su curso, aún no ha informado de dónde deben instalarse los murales, ni dónde se producirá la «descarga y desembalaje» y la «reinstalación». Una «información relevante» que no ha sido aportada y hace imposible poder evaluar del todo, tanto a corto plazo como a largo, los riesgos del traslado que con tanta visceralidad demanda el director general de Cultura del gobierno de Aragón, Pedro Olloqui.
Los servicios jurídicos de la institución catalana se sorprenden, en el escrito, del hecho de que el Gobierno de Aragón no haya aportado esta información y dejan entrever que la jueza también ha mirado hacia otro lado. Incluso, plantean que la dejadez del gobierno aragonés implica que el cronograma aprobado definitivamente por la jueza el 10 de abril -aunque aún no es firme, por un recurso interpuesto- ha perdido validez. Por lo tanto, aunque la información del traslado llegara en los próximos días, la evaluación de riesgos haría imposible cumplir con la agenda ordenada por la jueza, de 56 semanas. De ahí que el MNAC haya pedido a los técnicos del Ministerio de Cultura integrados en el Instituto de Patrimonio Cultural Español (IPCE) que realicen la evaluación de riesgos. Una manera de obligar al ministerio que dirige Ernest Urtasun a involucrarse en el caso, porque sus técnicos serían los únicos capaces de impedir el traslado.
«Un informe incompleto»
El informe de evaluación de riesgos es una especie de manual de instrucciones absolutamente necesario para proceder al traslado de una obra de arte. El texto contiene una introducción explicativa del contexto de la evaluación, una descripción del estado actual del conjunto pictórico y una exposición de la metodología seguida para realizar la evaluación. Pero el núcleo del informe analiza los «riesgos asociados al traslado a la sala capitular del Monasterio de Vilanova de Sixena».
En este punto, el MNAC prevé lo que califica de «riesgos a corto plazo» y «riesgos a largo plazo», todo expuesto en orden cronológico las sucesivas fases del traslado. En el corto plazo, los técnicos incluyen los trabajos previos, la fragmentación y desmontaje, el embalaje y la carga, el transporte por carretera, la descarga y desembalaje y la reinstalación. En cuanto al largo plazo, «lo más relevante que se ha identificado consiste en la interrupción del equilibrio fisicoquímico que pueden sufrir las pinturas murales al ser trasladadas» que detalla con unas «tablas de evaluación de riesgos» incorporadas en el informe.
Pero la desidia de Aragón no ha permitido «completar el informe», ya que no ha aportado ningún tipo de información sobre las fases de «descarga, desembalaje y reinstalación», absolutamente «esenciales» para completar la evaluación de riesgos. «Falta información relativa al espacio donde serán reinstaladas las pinturas murales ni del sistema de colocación», alegan desde el MNAC. En cuanto a los riesgos a largo plazo, el MNAC argumenta que «no ha dispuesto de información para evaluar el impacto de las futuras condiciones de conservación de las pinturas». Es decir, conocer el espacio donde irán a parar las pinturas como «un elemento crítico para la preservación a largo plazo de las pinturas».
«Extrema complejidad técnica»
El informe presentado al juzgado de Huesca resalta «la extraordinaria complejidad técnica» que supone el traslado de las pinturas desde el MNAC al monasterio. Una complejidad que proviene de «la extrema fragilidad del bien patrimonial en cuestión, sus dimensiones, que son 166,26 m2, de los cuales 117,20 m2 corresponden a la pintura mural original y 49,06 m2 a las pérdidas de las representaciones originales de los arcos que fueron reconstruidas por el taller de Josep Gudiol a consecuencia del incendio que sufrieron en 1936 cuando aún estaban en el Monasterio».
El MNAC asegura a la jueza que «como museo tiene una amplia experiencia en el traslado de obras de arte en el marco de las operaciones habitualmente típicas como el préstamo de obras entre museos». Ahora bien, también avisa y admite a la togada que «no tiene capacidad para llevar a cabo un operativo de esta envergadura y complejidad en el marco de las exigencias actuales en materia de conservación del patrimonio cultural debido a sus características singulares». Unas «singularísimas características que obligan a reiterar la incapacidad técnica del MNAC para realizar el traslado en las condiciones exigibles y garantizando la integridad de las pinturas».
Comité de expertos
En el contexto que el MNAC insiste que el informe de evaluación de riesgos es «parcial e incompleto» porque Aragón no ha proporcionado la información «necesaria y relevante» para hacer cumplir la sentencia, el traslado puede multiplicar el peligro de destrucción de los murales. «La falta de información puede conllevar que la toma de decisiones sobre procesos determinados -como, por ejemplo, la fijación temporal o permanente de la capa pictórica o el grado de despiece de las pinturas- pueda resultar contraproducente o incluso incrementar considerablemente el riesgo de deterioro de las pinturas murales», subraya el escrito presentado al juzgado.
«Esta falta de información impide igualmente evaluar los riesgos derivados del cambio de estado de las pinturas y la interrupción o la modificación de las condiciones de estabilidad», añaden. De ahí que el MNAC concluya que es «imposible evaluar los riesgos de aquello que no se conoce». En este sentido, a estas alturas y en el caso de que Aragón se despertara y aportara la información, sería imposible cumplir con el cronograma establecido por la jueza en ejecución. En todo caso, para avanzar, y a la vista del posicionamiento de Aragón que no informa, el MNAC pide que su informe de evaluación de riesgos cuente con la «validación de un comité de expertos del más alto prestigio tanto a nivel nacional como internacional«. En todo caso, reclama que Aragón proporcione la información para poder cumplir con la sentencia e incluso comenzar la licitación pública del traslado con todas las garantías y estándares internacionales.
El MNAC incluso ayuda al Ayuntamiento de Sixena
El hecho de que el gobierno de Aragón no aporte la información y no diga nada ha generado una extraña confluencia de intereses donde también recibe la jueza instructora. Con precisa intencionalidad, los abogados del MNAC, dirigidos por Juan José Marín López y Abel Garriga, ponen en el centro al Ayuntamiento de Sixena porque tanto la actitud del ejecutivo aragonés como la de la jueza perjudican sus intereses. Así, razonan que si bien «el MNAC tiene profundas discrepancias con la mayoría de las posiciones adoptadas por el ayuntamiento de Sixena», en cambio comparten la «fundada percepción de que el tribunal posterga de manera injustificada e inexplicable los derechos e intereses legítimos del ayuntamiento», con el entendimiento de que aprobaron el cronograma más cercano a los intereses del gobierno aragonés sin siquiera esperar que los técnicos enviados por el mismo Ayuntamiento evaluaran los riesgos del traslado.
El MNAC carga contra el ejecutivo aragonés porque reclama a la jueza que le permita incorporar al expediente judicial una documentación y archivos imprescindibles para aplicar la sentencia. Los abogados del MNAC se quejan porque esta documentación «técnicamente importante» que reclaman se incorporó digitalmente al expediente (son 9,07 gigas) el 5 de diciembre de 2025. En este sentido, los servicios jurídicos del MNAC no ocultan su «más absoluta perplejidad» porque demuestra que el gobierno de Aragón ni se ha mirado la documentación en siete meses después de haber sido presentada. «Es realmente extraño que, sin conocer esta documentación técnica del MNAC, la ejecutante Comunidad Autónoma de Aragón haya podido formarse una opinión técnica –y tomar las consiguientes decisiones procesales– sobre los múltiples y complejos aspectos técnicos de la presente ejecución», ironiza el MNAC. La prueba del 9 que, al gobierno de Aragón, las pinturas de Sixena solo le interesan para que los catalanes no las tengan.
