Varapalo de las democracias occidentales a la obsesión de los servicios de seguridad españoles contra el independentismo catalán. La ofensiva internacional de la Audiencia Nacional para obtener ayuda en la investigación de Tsunami Democràtic se puede definir como un verdadero fracaso. Suiza, Holanda, los Estados Unidos y Canadá o bien se negaron a la colaboración de manera diplomática o bien cerraron cualquier opción al considerar que los magistrados del juzgado central de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Alejandro Abascal o Manuel García Castellón según el momento, investigaban delitos de carácter político.
La respuesta a las comisiones rogatorias internacionales emitidas en el marco de las diligencias 85/2019 sobre Tsunami Democràtic –alimentadas por las 99/18, la gran macrocausa contra el independentismo– es bastante contundente. Los documentos, a los cuales ha tenido acceso El Món, muestran como la Guardia Civil convenció a los jueces instructores de la existencia «de una revuelta popular» que incluso hacía peligrar la monarquía española. Pero esta convicción no se trasladó a las instancias judiciales internacionales, que ayudaron poco o nada a perseguir el movimiento de protesta surgido a raíz de la sentencia del Procés, la resolución que condenaba a casi 100 años de prisión los líderes civiles e institucionales del independentismo de 2017.
Suiza cierra el paso a España al constatar una persecución política
Suiza devolvió los papeles a la Audiencia Nacional con un argumento muy claro. Guillem Rosseau, jefe de la Oficina Federal de Suiza, firmaba el 26 de marzo de 2020 un documento denegatorio del apoyo judicial y policial requerido por España. «Principalmente», alegaba, «observamos que, aunque los hechos descritos en la solicitud española tienen una calificación penal en la legislación suiza, el carácter político del delito, si hay delito, constituye, en todo caso, un motivo de inadmisibilidad de la solicitud en virtud de la legislación suiza en materia de asistencia judicial penal, que nos impide – sin dejarnos ninguna opción – conceder la asistencia judicial a la autoridad requeridora española». Una afirmación bastante contundente.
De hecho, no era la primera vez que Suiza denegaba el auxilio judicial en España en su obsesión contra el independentismo. Tal como avanzó este diario, también fracasaron las peticiones del Tribunal Supremo por extraditar el presidente en el exilio, Carles Puigdemont, –si viajaba al país alpino y era detenido– y de la secretaria general de ERC, Marta Rovira, que está exiliada en Ginebra. La justicia de la confederación helvética se negó en redondo por exactamente los mismos motivos.
Los americanos no lo ven claro
La Audiencia Nacional también atravesó el océano para perseguir a los supuestos organizadores del Tsunami Democrático. Emitió dos comisiones rogatorias para Canadá y Estados Unidos. Las dos resultaron un fiasco también. El Grupo de Asistencia Internacional del Canadá, con Michelle Fergusson al frente, remitió un oficio a la Audiencia Nacional informando de que el «Canadá no puede proporcionar la información que solicita el juez». De hecho, García Castellón pedía los titulares de unos dominios de internet que tenía registrados una compañía canadiense, Tucow’s Inc. Esta empresa aseguró a las autoridades canadienses que no tenían esta información porque lo tramitaban a través de un distribuidor.
Por su parte, los Estados Unidos también esquivó las peticiones españolas. La respuesta a la comisión rogatoria de la Audiencia Nacional es igual de severa. Sandra Barbolescu, delegada del Departamento de Justicia de los EE.UU, escribió el 7 de febrero del 2020 a la justicia española requiriendo más información sobre los hechos que se investigaban, porque un primer examen indicaba que podría vulnerar la primera enmienda de la Constitución norteamericana, que determina el derecho a la reunión y libertad de expresión de los ciudadanos.
Holanda «lamenta no poder dar más información»
Holanda tampoco ha ayudado mucho, por no decir nada, a las autoridades españolas. El fiscal Marcel Trick, encargado de la colaboración de enlace entre la justicia española y la holandesa, cumplió el requisito de pedir información de la empresa BV DOTE TK, que sería donde se alojarían presuntas cuentas de aplicaciones del Tsunami Democrático. Pero, hechas las pesquisas, Holanda remite en España datos de un correo electrónico vinculado a una dirección web pero ningún dato personal de sus titulares o ejecutores, porque, entre otras cosas, aseguran que no las tienen ni las pueden rastrear. «Lamentamos no poder dar más información», asegura la respuesta a la solicitud española.
