Jerez de la Frontera. Domingo día 11 de noviembre. La Asociación de Fiscales, poderosísima asociación mayoritaria en el ministerio público, celebra su congreso. Un cónclave en plena polémica política por el anuncio del acuerdo entre PSOE, ERC y Junts per Catalunya sobre la amnistía. La corriente de fondo es una animadversión de los fiscales contra el pacto, que implica que el socialista Pedro Sánchez continúe de inquilino a la Moncloa como presidente del gobierno español a cambio de amnistiar a los represaliados del Procés.
El congreso es clausurado por un hombre clave en el organigrama de control del Estado del PSOE, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que hace una defensa cerrada de la institución ante un público que mira con desconfianza los cambios, la reforma y el posicionamiento mediático ponderado que reclama. El final del discurso es un serio aviso a navegantes. “Quiero aprovechar este momento entre compañeros para manifestar que cualquier posicionamiento del ministerio fiscal respecto a la anunciada ley de amnistía exige, en todo caso, conocerla en su literalidad, y este posicionamiento se hará a través de las vías estatutarias y en los procedimientos en los que el ordenamiento jurídico pide nuestra intervención”, advierte el fiscal general del Estado.
De la retórica a los hechos: una carta de aviso
Como afirmó en el mismo discurso Álvaro García Ortiz, no había «retórica» en sus palabras. “La carrera fiscal y, por supuesto, este fiscal general velarán siempre por la independencia de los tribunales y procurarán ante estos órganos la satisfacción del interés social”, añadió. «Es nuestro imperativo constitucional y legal», remachó. Era el principio de la recta final de la estrategia del fiscal general del Estado para evitar que la institución jerárquica que dirige, el ministerio fiscal, sea una más de las trabas que está generando el sistema judicial español, que ha reaccionado de forma extremadamente airada contra la ley que amnistiará independentistas. Una puesta en práctica de la famosa expresión de Pedro Sánchez, con la pregunta «¿de quién depende la fiscalía?», de noviembre de 2019.
Las palabras de García Ortiz no se quedaron en el simple discurso. Y, una vez presentado el texto de la proposición de ley orgánica de amnistía, remitió una carta dirigida especialmente a su máxima oposición dentro del ministerio fiscal, pero también al total de 2.691 fiscales que actúan en el Estado español. La misiva estaca dedicada, sobre todo, a los cuatro fiscales de sala del Tribunal Supremo, los omnipotentes Javier Zaragoza, Fidel Cadena, Consuelo Madrigal y Jaime Moreno, los fiscales del juicio del Primero de Octubre. Una carta dura en la que recordaba la estructura jerárquica del ministerio público como garantía de la seguridad jurídica. El contenido de la carta dejaba claro que, como máximo representante de una institución que «tiene que velar por la separación de poderes del Estado”, ordenaba que los fiscales se abstuvieran de hacer ningún tipo de pronunciamiento público sobre la ley.
El aviso, con tono de amenaza, también incidía en el hecho de que el único posicionamiento que el ministerio fiscal se podría permitir sería cuando la ley fuera publicada de manera definitiva en el Boletín Oficial del Estado (BOE). “En todo caso”, enfatizaba, “el posicionamiento será técnico y jurídico y la fiscalía española lo hará a través de los canales estatutarios y en los procedimientos en los cuales se demanda nuestra intervención”. En este sentido, levantaba el dedo a los cuatro fiscales del Proceso y al resto de integrantes del ministerio público sobre los cuales tiene autoridad como fiscal general del Estado. Así, subrayaba que «se tiene que mantener una posición pública que refuerce el principio de imparcialidad del ministerio fiscal en virtud de la cual actúa con plena objetividad e independencia en defensa de los intereses que tiene encargados«.
Las palabras del fiscal general del Estado constituyen un esbozo del papel que tendrá que tener la fiscalía en los procesos que se pueden ver afectados por la ley de amnistía. El ministerio público es una pieza fundamental que puede permitir o facilitar que la resolución de los casos amnistiables sea más o menos rápida y poner a prueba la eficacia de la aplicación de la ley.
La reforma de la fiscalía que se prepara, mar de fondo
De hecho, sin embargo, el objetivo de Pedro Sánchez con la fiscalía es doble. Por un lado, dejar manga ancha para la esperada reforma del ministerio fiscal y de sus funciones, restablecer y reforzar el principio de jerarquía. Una forma de evitar que la fiscalía del Supremo o de la Audiencia Nacional o una fiscalía territorial es conviertan en reinos de taifas o un nido de ametralladoras contra las instrucciones que se den desde la jefatura del ministerio público con la aplicación de ley de amnistía y en otros casos.
El plan es ambicioso, porque la reforma que se prepara en el ministerio público implicará una revisión por la puerta trasera del poder judicial. Sobre todo, en cuanto a la instrucción de las causas, que podrían pasar a manos de los fiscales y dejar a los magistrados que ahora son de instrucción como jueces de garantías. Una cuestión delicada que siempre se ha ido demorando. La reacción agresiva por parte del poder judicial contra el concepto político de lawfare ha sido una declaración de guerra al poder legislativo y ejecutivo. El Tribunal Constitucional no forma parte del poder judicial, al contrario, es un organismo pensado para controlar los tres que Pedro Sánchez ya tiene sobre un control jurídico ‘progresista’. Por eso, hay la sospecha que la voluntad del nuevo poder legislativo será intentar reformar el poder judicial y, como pieza imprescindible, el ministerio fiscal.
Cambios que ya se han hecho y la estrategia de ir caso por caso
De momento, ya hay quejas de las asociaciones de fiscales por cambios quirúrgicos que la Fiscalía General está haciendo en fiscales de segunda y tercera categoría, en fiscalías territoriales. Cambios que se prevén que pueden beneficiar el cumplimiento sin problemas de las órdenes de fiscalía en lugares como Sabadell, Terrassa, Granollers, Girona o Tarragona.
Es decir, que el papel de la fiscalía será clave para controlar la actitud restrictiva de ciertos jueces en la aplicación de la ley de casos concretos en que la ley deja margen de juego a los magistrados en su aplicación. Por ejemplo, en casos de manifestantes sin una relación directa con el referéndum del Primero de Octubre o la consulta soberanista del 9-N, pero detenidos en protestas que no se entenderían sin el Procés soberanista. De hecho, este es uno de los casos que la entidad Alerta Solidaria ha puesto como modelo de causas que se escaparían a la ley de amnistía que está a punto de tramitarse.
El Consejo Fiscal
Uno de los estamentos imprescindibles de la estrategia del ministerio público es el Consejo Fiscal. Un órgano que preside el fiscal general del Estado e integrado por el teniente fiscal del Tribunal Supremo, el fiscal inspector jefe y nueve fiscales pertenecientes a cualquiera de las categorías del ministerio fiscal. El Consejo Fiscal puede funcionar en Pleno y en Comisión Permanente y sus acuerdos se tienen que adoptar por mayoría simple, pero si hay empate, quien manda y bascula es el voto del presidente.
Su competencia básica es elaborar los «criterios generales en orden a asegurar la unidad de actuación del ministerio fiscal, en cuanto a la estructuración y el funcionamiento de sus órganos». Junto con el Consejo fiscal, el fiscal general del Estado tendrá que establecer y ordenar los criterios en la aplicación de la ley de amnistía y la revisión de casos. De hecho, como pasó con la derogación del delito de sedición y la reforma del delito de malversación, cuando la fiscalía territorial catalana pidió una ampliación de plazo al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña para poder formular los escritos de acusación una vez recibiera instrucciones del fiscal general del Estado.
