A tres días del juicio a la presidenta del Parlamento suspendida, Laura Borràs, la Fiscalía está cerrando acuerdos en conformidad con los otros dos acusados del caso para tener con ellos un pacto a cambio de que admitan la fragmentación de contratos. Una maniobra que deja en una situación compleja a la defensa de Borràs, que basa su argumentación en la carencia de prueba y en la inexistencia del ánimo que requiere el delito de prevaricación de que la acusan. En concreto, el acuerdo principal del ministerio público con la defensa de Isaías Herrero, el informático que se habría beneficiado de la fragmentación de los contratos, sería admitir los hechos a cambio de una condena que no implique la pena de prisión. El equipo de letrados de Borràs se ha tomado la decisión con deportividad, pero avisa de que el juicio se hará igual, y «con sorpresas».
El acuerdo, avanzado por
No depender de unos mails sospechosos
El acuerdo que ofrece la Fiscalía pasa por que Herrero se ahorre la prisión a cambio del reconocimiento de los hechos. Es decir, que confiese en el juicio que fragmentaba las adjudicaciones de acuerdo con Borràs. El hecho de que el fiscal busque este acuerdo se debe a los términos de la defensa de la presidenta de Junts que plantea el abogado Gonzalo Boye, que quiere impugnar la prueba recogida, básicamente los emails y mensajes de Whatsapp, por carencia de garantías en la cadena de custodia y por carencia de diligencia en el traspaso de la información entre los agentes encargados de la investigación. Al final, una de las pruebas primordiales aportadas por la defensa de Borràs es precisamente una pericial que ha analizado en profundidad la manera con que se llevó a cabo la extracción y la custodia de la prueba incriminatoria recogida.
A Isaías Herrero, la Fiscalía le reclama, en principio, exactamente la misma pena que a Laura Borràs: 6 años de prisión, 21 años de inhabilitación, pero le rebaja la multa en mitad de lo que pide para la presidenta suspendida de la cámara catalana, 72.000 euros. El acuerdo de conformidad le rebajaría la condena a menos de dos años para evitar la entrada en prisión. Y su confesión debilitaría la posición de Borràs. De hecho, fuentes judiciales creen que Herrero estaría dispuesto a colaborar con el ministerio fiscal para estrechar el círculo a Borràs a cambio de evitar la prisión. Herrero ya llegó a un acuerdo con la Fiscalía en un delito de tráfico de drogas que, precisamente, destapó el caso Borràs a través de las escuchas telefónicas que se le hacían.
La defensa de Borràs, con ganas de hacer el juicio
La noticia de un acuerdo inminente entre la defensa de Herrero, dirigida por los abogados Marina Roig i Àlex Solà, y el ministerio fiscal no ha cogido por sorpresa el equipo de defensa de Borràs. Hacía unos quince días que sospechaban de una maniobra como esta, a pesar de que admiten que desconocían su alcance. Pero, en todo caso, no intentaran llegar a ningún acuerdo y su intención es celebrar el juicio para acreditar que Borràs no cometió ningún ilícito penal. «Tampoco lo cometió Herrero, de aquí que no entendemos un acuerdo de estas características», comentan fuentes del caso.
Así, la imputación de prevaricación con los delitos continuados de falsedad documental y falsedad documental en destino continuarían para Borràs. Pero esto no afecta a la línea de defensa que tiene planteada, es decir, impugnar la prueba documental con que se sustentaría la acusación y de donde se desprenderían los acuerdos para elaborar contratos que no superaran los 18.000 euros. La idea de la defensa, y que ya se esbozará en las cuestiones previas, es que técnicamente no se puede asegurar ni garantizar que los mails sean auténticos. Una idea a la que también dará forma un perito especializado en informática. El juicio, en definitiva, gana espectacularidad en el sentido de que la principal encausada se verá prácticamente sola defendiendo su inocencia y negando los hechos que la persona que teóricamente se beneficiaba de los contratos habrá admitido.
