Dura carta del Fiscal General del Estado, Álvaro Garcia Ortiz, a los fiscales de sala de Tribunal Supremo y así como el resto de miembros del ministerio fiscal sobre la ley de amnistía. En una misiva de dos llanuras, a la que ha tenido acceso El Mundo, el fiscal Álvaro García Ortiz, avisa que como institución emitirá su opinión de acuerdo con su estatuto orgánico y en los caminos que establece su función. Aixi mismo, recuerda que firma la carta como «jefe superior» de la institución en todo el territorio español. Así pide “imparcialidad” del ministerio fiscal y «la objetividad y la independencia» así como lo respecto al del derecho vigente y a primeros de legalidad.
«El ministerio fiscal», comienza la cara, es un «órgano de relevancia constitucional integrado con autonomía funcional al Poder Judicial. Siguiendo este hilo, entre «las misiones destaca la defensa de la legalidad, tiene que respetar el principio de legalidad, tiene que respetar el principio de separación de poderes consustancial en el Estado de Derecho y evitar que cualquier injerencia a las funciones constitucionalmente atribuidas a cada una de los tres poderes del Estado». En este sentido, remarca que fiscalía tiene que velar por respecto de las instituciones constitucionales y a los derechos fundamentales y libertades públicas con las actuaciones exija su defensa».
Posicionamiento de futura amnistía
El fiscal general enfatiza que, en primer término, antes de habla de la ley de amnistía lo primero «exige conocer la definitiva norma que la regule una vez forme parte de nuestro ordenamiento detrás su publicación al BOE». «El posicionamiento -en todo caso técnico-jurídico- de la Fiscalía española se realizará a través de los caminos estatutarios y a los procedimientos en los cuales demanda la intervención del ministerio público». En consecuencia», aduce, «el Fiscal General del Estado tiene que mantener una posición pública que refuerce el principio de imparcialidad con plena objetividad e independencia en defensa de los intereses».
Así reclama «la observancia del derecho vigente y la sujeción a primeros de legalidad constituyen mandatos imperativos por el ministerio fiscal, en ocasiones desarrollados en las condiciones más difíciles, el que aumenta el valor añadido del cumplimiento de la misión institucional de los que y los fiscales de nuestro país tienen encomendada». La carta está especialmente dirigida a los fiscales de sala del Tribunal Supremo, Javier Zaragoza, Fidel Cadena, Consuelo Madrigal y Javier Moreno -conocidos del juicio del Proceso- y el resto de la carrera fiscal.
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