El caso de los atentados del 17-A en Barcelona y Cambrils vuelve a la palestra política. Después de años reclamando una comisión de investigación en el Congreso sobre la masacre, ahora una vez constituida, la cámara baja se ha puesto en marcha. Una de las primeras medidas será debatir los planes de trabajo aportados por los diferentes grupos. En este punto, ERC y Junts han mostrado cierta unidad estratégica en los objetivos y los métodos que quieren aplicar a la comisión. Dos documentos, a los que ha tenido acceso El Món, están firmados por el jefe de filas de los republicanos, Gabriel Rufián y de Junts, Míriam Nogueras.
Tan republicanos como juntaires tienen como uno de los puntos a aclarar la oscura relación de la imam de Ripoll, Abdelbaky Se Satty —supuesto cerebro de la célula yihadista—, con el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), los servicios de información del Estado. De hecho, desde Junts exigen la “desclasificación de los documentos” que estarían en manos del CNI sobre los atentados y sobre la actividad en España de Abdelbaky Se Satty.
Las dos formaciones independentistas basan su estructura de trabajo en dos conceptos clave. Por un lado, el derecho a saber la verdad de las víctimas, más allá de la verdad judicial recogida en las diferentes sentencias. Y, por otro lado, discernir las posibles responsabilidades políticas que se podrían derivar de la tragedia. Bajo estas dos ideas, los republicanos, por ejemplo, ERC pide aprovechar la comisión para revisar “las medidas de integración para evitar los efectos de la capilarizació del discurso de odio y del extremismo religioso entre varias comunidades poblacionales”.
La imam, clave de vuelta
En sus planes de trabajo, a los que ha tenido acceso El Món, los dos grupos parlamentarios fijan como prioritario desembrollar la figura de la imam. Así ERC reclama “analizar las diversas incongruencias detectadas sobre la identificación de los restos de Se Satty”. Una petición que Juntos también aducen en su escrito, recordando que lo dieron por muerte antes de tener las pruebas concluyentes. Un verdadero caballo de batalla de las defensas y algunas acusaciones particulares durante el juicio a la Audiencia Nacional. En este sentido, los republicanos también quieren “conocer con detalle la relación del Imam responsable de los atentados de Cambrils y Barcelona con el CNI, su remuneración, si hubo, la duración y el objetivo final de esta relación”. A la lista también se añade “analizar las actuaciones del Ministerio del Interior y las medidas de control que se aplicaban a Se Satty, sabiendo que formaba parte o tenía relación con movimientos del yihadismo”.
Los juntaries reclaman “aclarar la relación entre los servicios secretos españoles (CNI) y el Imam de Ripoll” que califican de “cerebro del atentado yihadista que, de acuerdo con los explosivos encontrados en Alcanar, tenía que ser lo más sangriento de los atentados yihadistas cometidos a Europa hasta la fecha”. “Según las investigaciones policiales, los terroristas se estaban preparando para atentar en lugares de gran afluencia como la Sagrada Familia, el Camp Nou o incluso la Torre Eiffel”, apuntan desde Juntos en su escrito. En esta línea, proponen la desclasificación de los documentos sobre cualquier información reservada o secreta que las autoridades del Estado tengan sobre los atentados y sobre la figura de la imam. En el mismo sentido, los de Juntos quieren “investigar la posible responsabilidad del Estado en la compra de precursores de explosivos que realizaron los miembros de la célula” y que “llegaron a acumular 500 kilogramos de explosivos”. En definitiva, quieren establecer durante la comisión si el Estado actuó de manera “negligente”.
Otras objetivos y medidas
Las dos formaciones incluyen en su plan de trabajo aprender de los errores que llevaron a los atentados. En concreto, “proponer las medidas oportunas de prevención y control de los informantes de la policía, los servicios de inteligencia y/o cualquiera de los organismos públicos que sean susceptibles de haber intervenido en los hechos investigados”. También enfatizan la necesidad “de aclarar la correlación de errores a la cadena de comunicación y coordinación entre las fuerzas policiales en relación con la figura de la Imam de Ripoll”. Los juntaires también suman la posibilidad de la reapertura de las investigaciones y los republicanos insisten a encontrar responsabilidades políticas. Ambos grupos proponen una duración de los trabajos de unos seis meses o antes de acabar el primer periodo de sesiones de la legislatura.
