Todas las semanas tienen lunes. Esta es una de las afirmaciones universales que posiblemente no conlleven mucho debate, a menos que seas un firme seguidor de Immanuel Kant o Friedrich Nietzsche. Esta semana también ha comenzado con un lunes, un día en que se reiniciaba la larguísima vista oral del juicio contra los Pujol Ferrusola. La semana venía con la resaca de las anteriores sesiones, donde las defensas desmenuzaron las conjeturas del policía coordinador de la investigación, el inspector 89140, Álvaro Ibáñez.
El juicio se reanudaba con su testimonio, porque restaban que algunas defensas acabasen el trabajo. Y lo terminaron. Pero vendrían más y que debían servir para dar argumentos a la fiscalía y que no aguantaron el embate de las defensas. Otros que debían dar detalles, más que importantes, sobre el pecado original del caso, es decir, la operación Cataluña. Y dieron más de lo esperado para sorpresa de todos. Además, de los gestores bancarios andorranos que describieron, con cierta nostalgia, cómo era el negocio bancario de Andorra. Unos testimonios que han deshecho el mito de que en el Principado vivían del queso de bola, el tabaco barato y los paquetes de cinco kilos de azúcar que las familias cargaban en provechosas excursiones dominicales.
Por otro lado, también han subido al estrado los colaboradores, socios y conocidos de Jordi Pujol Ferrusola en México que, si bien por un lado, han certificado un cierto olfato para los negocios, también han delatado que, a menudo, se pillaba los dedos. A todo hay que añadir, los habituales problemas técnicos y cómo se agudiza que el presidente del Tribunal, José Ricardo de Prada, padezca el síndrome Mitch Buchanon, es decir, como el famoso socorrista de «Baywatch», no hace más que salir al rescate de las acusaciones y de los policías que testifican. Y, por supuesto, no ha faltado la presencia del dragón del caos -octavo pasajero de este juicio- que solo Pilar, la cuidadosa agente judicial, es capaz de hacer creer. El balance más que positivo para las defensas: la «deja» es más verosímil, no había organización entre hermanos y los negocios del primogénito eran de verdad.
Los atestados, en la Thermomix de las defensas
Tres de los testimonios principales de la semana han sido los miembros del grupo 24 de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), es decir, el escuadrón que ha construido policialmente la acusación contra la familia del expresidente. Esta semana pasó por el estrado, el inspector 89140 -coordinador de la instrucción- que, no aguantó la presión de las defensas que quedaban por interrogar. De las preguntas surgieron respuestas como que admitían «poder haber cometido algún error formal» y que no justifican algunas de las reflexiones y opiniones «policiales» de los informes. Tal fue la presión que el presidente del Tribunal se calzó con el flotador al rescate del policía, y reconocen a los abogados defensores que los «magistrados sacarían sus conclusiones».
El agente 105.601, uno de los policías encargados de analizar las cuentas de los Pujol Ferrusola en Andorra, que firmó cuatro de la cincuentena de atestados de la causa, siguió el guion que le había marcado el ministerio fiscal para defender «movimientos» que sumaban 30 millones de euros de los miembros de la familia. Sin especificar detalles interesantes, como que los movimientos eran entradas y salidas, inversiones y desinversiones, y el modelo bancario de las famosas «compensaciones» que estaban en boga en la Andorra de los años 80 y 90 del siglo pasado. Las defensas, en un acto de astucia que se explicaría en sesiones más adelante, no formularon ninguna pregunta. Y al final llegó, el último miembro de la UDEF para declarar. Lo hizo desde Luxemburgo, donde tiene, casualmente, uno de los destinos de oro del Cuerpo Nacional de Policía. Un país, por otro lado, paradigma de los nuevos paraísos fiscales. Era el policía 88.095 que reemplazó como jefe del grupo 24 al 89.140 cuando este fue imputado en el escándalo del pendrive.
Con el fiscal no tuvo ningún problema. Como diría el presidente del tribunal, fue un interrogatorio «poco espontáneo» y se dedicó a recitar el contenido de los informes policiales. Pero llegó el turno de las defensas, especialmente de los abogados de Jordi y Josep Pujol Ferrusola, Cristóbal Martell y Jaime Campaner. Que como dos buenos isleños, están acostumbrados a ver el mundo de manera diferente. Al fin y al cabo, Mallorca o Gran Canaria solo son islas si se las mira desde fuera. Ambos sacaron la Thermomix y la conectaron a sus preguntas. Los policías vieron cómo poco a poco desmenuzaban sus atestados. El 88.095 tragaba saliva y miraba la pantalla desde todos los ángulos como si buscara alguna instrucción para terminar de justificar afirmaciones de sus informes como «puede ser un error al redactar el párrafo», «quizás un error de apreciación».
Un ‘pendrive’ y una pelea
Punto por punto, los abogados preguntaban de dónde provenía cada «conclusión policial» o las «comprobaciones» que se habían llevado a cabo para cada opinión expresada en los atestados. En este punto comenzó una debilidad notoria, hasta que como el chiste del padre y el hijo, con los búhos, pronunció la frase maldita que nunca puede pronunciar un investigador «No, no lo comprobé». Además, Campaner, especializado en los métodos de prueba en los procesos penales, se ocupó con profesionalidad y destreza, a recordar que mucha de la información aportada provenía de un pendrive confiscado en el registro del asesor fiscal Joan Anton Sánchez Carreté. Un dato clave porque es una prueba que también podría tener los días contados porque se llevaron más información de la que permitía el juez.
Para terminar de arreglarlo, Martell sacó una carta que el policía no se esperaba. Un email incorporado en su atestado que desmonta la tesis de todos los atestados. En concreto, que los negocios de Jordi Pujol Ferrusola eran simulados y, por lo tanto, el dinero que cobraba a través de sus sociedades por proyectos en España, Gabón, México, Argentina o Vacarisses provenía de comisiones por adjudicaciones de la administración catalana. Si la fiscalía aún no ha podido relacionar ningún cobro con ninguna adjudicación, si los proyectos se han confirmado reales solo faltaba una «pelea entre socios» para demostrar que el hijo mayor del expresidente hacía negocios de verdad, con más o menos destreza, suerte u oportunidad. Por eso, Martell mostró en la sala un email donde se podía identificar cómo se las tenían Pujol con sus socios por el cumplimiento de los contratos. La pregunta fue para enmarcar: «¿También simulaban las peleas?!». El silencio de la sala lo interrumpió el presidente del Tribunal que, con indulgencia disimulada, comunicó al abogado que había recibido el mensaje.
La historia de Andorra de los últimos 40 años
La semana ha ayudado a aclarar el escenario de Andorra como protagonista del caso contra los Pujol pese a las graves dificultades técnicas que el juez andorrano culpaba a las autoridades españolas. «Es de ellos» afirmaba el magistrado andorrano cuando fallaba la conexión recordando una antigua expresión de las casas catalanas cuando solo había tres canales de TV y fallaban más que una escopeta de feria. Aún así, hasta tres gestores bancarios han pasado por el estrado. Uno de los testimonios estrella, Josep Maria Pallerola, que gestionaba las cuentas de los integrantes de la familia. Hay que tener en cuenta que con los andorranos pasa como con la Guardia Civil, que para entenderla tienes que ser guardia civil. Por eso, las explicaciones de Pallerola no solo eran música celestial para las defensas sino para cualquier curioso de la historia del Coprincipado.
Pallerola relató que el dinero que comenzó a gestionar provenía de la herencia del abuelo y no recordaba si el dinero lo habían traído en una bolsa o en una maleta. «Mire, solo mirábamos que el dinero no viniera de la droga, ni del crimen organizado, o de las armas…», aclaró. Una idea que solo se entiende en un país que cogobernado por un obispo y por un jacobino en el Palacio del Elíseo, y que ha sobrevivido gracias a un secreto bancario más o menos riguroso y a una flexibilidad legal para la evasión de impuestos.
De hecho, por la Audiencia Nacional han desfilado decenas de comerciantes, médicos, mecánicos, pequeños empresarios, un señor de Olesa de Montserrat, otro de Sabadell o un carpintero de muebles, que tenían cuentas en Andorra en los años 90 y que, a pesar de una edad avanzadísima, aún se asustaban cuando los abogados del Estado los interrogaban presentándose como portavoces de «La Agencia Tributaria«. De hecho, hubo uno que se dirigió con una sonrisa expansiva al tribunal para informarle que «En Cataluña era una tradición familiar tener una cuenta en Andorra». Andorra vivía de eso, de una red de bancos familiares que dejaron estar la magra tierra de cultivo de las montañas por la virtud y la esperanza del negocio bancario de proximidad y de lejanía.
Nada de organización criminal
Los testimonios andorranos, más allá de los relacionados con la operación Cataluña, dejaron también una autopista a las defensas al detallar que cada hermano iba a su aire. Una vez Jordi Pujol Ferrusola repartió el dinero que provenía de la supuesta herencia, cada oveja lo llevó a su corral e hizo lo que consideró. Así lo explicaron Pallerola, Joan Jové o Marta Pallerola, tres de los gestores bancarios de Andbank y BPA. Los tres insistieron al tribunal que los Pujol nunca tuvieron cuentas «secretas» en Andorra, porque no existían, sino que eran cuentas numeradas, con una identificación a una parte reducida de la plantilla de gestión de la entidad.
De ahí las off-shore, que respondían a fundaciones establecidas en Panamá, que tenían un número de identificación a los cuales solo podían acceder determinados empleados. Era un sistema conocido como cláusula Falciani, es decir, de protección de los clientes, para evitar casos de empleados «poco cuidadosos» con la información. Marta Pallerola fue bastante clara cuando le preguntaron si se podían identificar los titulares de las cuentas: «Hombre, ¿para eso estamos aquí no?».
De Andorra también declaró Manuel Cerqueda, presidente del grupo Andbank, que aseguró que los Pujol eran clientes de la Banca Reig, la entidad origen del actual grupo. Cerqueda explicó al tribunal que estuvieron «encantados de que se marcharan de la entidad hacia el BPA» y que les pidieron «destruir la documentación». Un hecho replicado por los hermanos Pujol que recuerdan a Cerqueda que pidieron «documentación» no que la destruyeran y que la entidad les respondió que no la tenían. Curioso dato porque parte de esta documentación apareció en manos de la fiscalía española. Cerqueda fue detenido en 1989 por el caso BACASA, acrónimo de Banc Agrícola i Comercial d’Andorra cuando la policía española realizó una redada contra una red de evasión fiscal con varias detenciones alrededor de Cataluña. Andorra tiene un pasado.
