El caso Pegasus es como el octavo pasajero de los últimos años tras el silencio que ha supuesto la aplicación de la ley de amnistía. Y más, a la vista de la dispersión en varios juzgados del ciberespionaje en el mundo independentista, con diferentes ritmos y convicciones. Ahora, sin embargo, se ha movido el caso impulsado por Sentinell Alliance, es decir, cinco empresarios e informáticos, que fueron espiados con el software espía y que denunciaron a altos cargos del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), la Guardia Civil y los fabricantes de software espía Pegasus y Candiru.
De hecho, Joan Arús y Jordi Baylina, los dos primeros querellantes, declaran este martes ante la magistrada Júlia Tortosa Garcia-Vaso en el Juzgado de Instrucción 2 de Barcelona para ratificar el escrito de querella y declarar como víctimas de espionaje ilegal con lo que califican de «software espía de grado militar». Pau Escrich, Joan Matamala y Xavier Vives completarán sus declaraciones el 20 de abril. Precisamente, será este el día en que entregarán los móviles para que los forenses informáticos de los Mossos d’Esquadra así como el disco duro de Joan Matamala, que según la querella tiene la infección “paciente 0” de Candiru a nivel global.
Cinco querellantes
Los cinco querellantes son empresarios y desarrolladores de protocolos de código abierto para gobernanza descentralizada, votación digital, identidad digital soberana y soluciones de escalabilidad blockchain. Según recuerdan, los cinco, las autoridades españolas justificaron el espionaje alegando que «el desarrollo de herramientas de voto digital de código abierto constituía una amenaza a la seguridad nacional». De hecho, ninguno de los querellantes fue nunca imputado a pesar de la profusa investigación a la que fueron sometidos. Finalmente, las pesquisas que les afectaban fueron archivadas sin cargos. Esta cibervigilancia se extendió a los asesores y familiares de los afectados como el padre, la madre y la hermana de Elies Campo (asesor tecnológico de los querellantes, entonces directivo de Telegram Messenger) que recibieron 13 infecciones Pegasus. Cabe decir que de ellos no era objeto de ninguna investigación judicial.
Aunque el pasado 20 de marzo, la jueza rechazó encartar a Félix Vicente Azón Vilas, exdirector general de la Guardia Civil entre 2018 y 2020, que desde febrero de 2025 ejerce como magistrado del Tribunal Supremo. De hecho, su aforamiento sobrevenido traslada la competencia a la Sala Penal del Supremo, donde los querellantes pueden sopesar reiterar la querella. Continúan como investigados la exdirectora de la Guardia Civil María Gámez Gámez, la exdirectora del CNI Paz Esteban López, los fundadores y directivos de NSO Group (Shalev Hulio, Yuval Somekh) y sus filiales en Luxemburgo (Q Cyber Technologies y OSY Technologies), y los directivos de Saito Tech Ltd (Candiru): Eran Shorer, Ya’akov Weizman y Eitan Achlow.
En este sentido, ha solicitado los atestados y las autorizaciones de uso de Pegasus en dos megasumarios abiertos contra el independentismo en la Audiencia Nacional. Por otro lado, la instructora ordenó la traducción de la querella al hebreo y al francés para notificar a los directivos de NSO Group y Candiru en Israel y Luxemburgo, paso previo a las comisiones rogatorias internacionales.
