Después de intentar el último subterfugio para esquivar la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) el Tribunal de Cuentas ha acordado aplicar la ley de amnistía a los 35 excargos de la Generalitat encausados por los gastos vinculados al referéndum del 1-O y a la acción exterior del procés. Así lo ha comunicado ERC a través de un comunicado. Entre los encausados a los que se les aplica la ley del olvido penal por el independentismo están los expresidentes Carles Puigdemont y Artur Mas, el ex vicepresidente Oriol Junqueras y los exconsejeros Raül Romeva, Toni Comín y Lluís Puig. Según fuentes del Tribunal, sin embargo, el tribunal aún no ha formalizado la decisión en formato de resolución que sería la respuesta a los recursos de reposición interpuestos por todas las partes a su decisión de alargar la aplicación de la amnistía.
El organismo presentó cuestiones prejudiciales ante el TJUE porque entendía que la responsabilidad contable que tenía sobre la mesa no encajaba con el derecho europeo. La respuesta de la magistratura europea del pasado 16 de julio fue fulminante avalando de arriba a abajo la ley, argumentando que la ley no vulneraba la legislación de la Unión y que las persecuciones por malversación podían ser perfectamente amnistiadas. Ahora bien, los miembros del Tribunal, dieron diez días a las partes para que alegaran lo que consideraran conveniente.
Solo SCC quería revisar la causa
Sociedad Civil Catalana, denunciante y acusación intentó rehacer la causa reclamando al Tribunal de Cuentas que comprobase «el origen de los cinco millones» que habría costado el referéndum. El ministerio fiscal, por su parte, registró un escrito durísimo contra la decisión del Tribunal y exigió que no se demorase y dictase ya la resolución aplicando la amnistía. El mismo sentido de las defensas y el Gobierno de la Generalitat que también reivindicó la aplicación inmediata de la ley. Finalmente, la magistratura ha cerrado un procedimiento que quería suplir las carencias de responsabilidad civil que tenía la sentencia del Procés dictada por el Tribunal Supremo.
