Todo lo que no está expresamente prohibido está permitido. Un principio general del derecho en las democracias liberales que el sector progresista del Tribunal Constitucional utiliza como argumento para avalar la ley de amnistía, poco más de un año después de haberse aprobado. Esta es una de las conclusiones de la segunda jornada de debate en el pleno del alto tribunal celebrada esta mañana de martes. De hecho, este razonamiento es uno de los pilares del borrador de sentencia que ha escrito Inmaculada Montalbán, vicepresidenta y una de las representantes del llamado bloque progresista.
Para la mayoría de los magistrados la Carta Magna española no prohíbe, y de hecho permite, las leyes de amnistía, de manera que el poder legislativo tiene capacidad para aprobarlas. En este sentido, los togados han debatido la figura jurídica de las leyes del olvido penal «en abstracto», pero sin entrar en concreto en la ley aún por aplicar en buena parte de sus beneficiarios, los independentistas. De esta manera, la mayoría va perfilando el argumentario expuesto por Montalbán, sin ninguna votación, y después de acumular casi siete horas de debate en dos jornadas. Los acuerdos a los que se han llegado entre las dos familias del tribunal continúan para construir una sentencia que mantenga vigente la ley del olvido penal para los independentistas.
Mañana podría dictarse sentencia
El ritmo del debate y las deliberaciones sorprende incluso a los magistrados que mañana ya entrarán en aspectos concretos del recurso de inconstitucionalidad presentado por el PP. Después, los togados deben detallar los tres aspectos que es necesario interpretar de una determinada manera para evitar la inconstitucionalidad de algún artículo. En este caso, tres puntos: concretar el plazo temporal, la legitimación al Tribunal de Cuentas de la acusación y que la ley también abarque a los manifestantes contra el Proceso. Aunque se ha habilitado toda la semana de pleno para debatir y aprobar la sentencia, algunas fuentes del TC apuntan que entre miércoles y jueves podría dictarse. De hecho, la resolución ya está pactada con una votación de seis votos a favor de mantener la ley como constitucional, y 4 en contra.
