El juicio contra los Pujol Ferrusola avanza. Pero, después de 24 jornadas, aún queda trabajo por hacer durante un tiempo. Sobre todo, para las acusaciones, que deben encontrar el eslabón que confirme su teoría, es decir, que el dinero de Andorra provenía de comisiones ilegales de adjudicaciones de la administración catalana. Por el momento, o el eslabón es muy débil o, simplemente, no existe. Y esto es lo que ocurre con la verdad judicial: todo aquello que no se demuestra no existe.
En cambio, la ya larga vista oral ha servido para confirmar el pecado original de la causa. Es decir, que el embrión del caso Pujol fue la operación Cataluña. Un dispositivo clandestino de las cloacas del Estado para encontrar información delicada -financiera o no- de lo que el Estado suponía que eran los líderes del soberanismo y del movimiento político que acabaría llamándose Procés, como los presidentes Jordi Pujol y Artur Mas y el del líder de ERC, Oriol Junqueras.
La prueba practicada hasta ahora, así como el grueso de documentos aportados, no solo acreditan la existencia de la operación, sino que se han aportado elementos que estaban ocultos pero que acaban de dar coherencia y completan el relato de las maniobras de la policía patriótica. Por ejemplo, el hecho de que uno de los policías destinados en Andorra delatara la semana pasada al comisario que le había dado la orden de empezar a presionar a la entidad donde los Pujol tenían el dinero. Asimismo, ha quedado en evidencia la operación relámpago para extraer la base de datos del Banco Privado de Andorra (BPA) en la embajada de España en el Principado. La documentación que consta en el sumario chirría con declaraciones prestadas en la sala de vistas.
Pedro Esteban, el nombre que faltaba
Una de las sorpresas del juicio ha sido el testimonio de Celestino Barroso, agregado de Interior en la embajada en el año 2014. Él fue el encargado de advertir al propietario de la BPA, Higini Cierco, y al consejero delegado, Joan Pau Miquel, que podrían cerrarles el banco si no colaboraban con la policía patriótica. La conversación con las presiones, difundida por El Món, fue grabada por Miquel y actualmente es una de las pruebas de cargo en la querella andorrana contra el expresidente español, Mariano Rajoy, y sus ministros de Interior y de Hacienda, Jorge Fernández Díaz y Cristóbal Montoro.
Barroso admitió la existencia de las conversaciones, aunque se quitó las pulgas de encima alegando que actuó por orden del comisario Pedro Esteban, jefe de la brigada de Información del CNP en Barcelona y hombre protegido por Eugenio Pino, entonces director adjunto operativo del cuerpo estatal y actualmente único condenado por la operación Cataluña. Esteban era el hombre operativo en Cataluña de la policía patriótica y había sido superior de Barroso, cuando el inspector estaba destinado en Barcelona.
Así lo demuestra una conversación grabada el 4 de marzo de 2014, donde Esteban se quejaba con amargura a Pino y Marcelino Martín Blas, entonces jefe de Asuntos Internos de la policía española, que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) no le ayudaba en sus tareas contra el Procés. De hecho, fue el policía que articuló toda la trama contra los jueces soberanistas. El mismo día, Martín Blas le pide que aparque la cuestión andorrana porque «está demasiado calentita». Una expresión que hace reír a Villarejo, que remarca el concepto “calentita”. Eran los tiempos en que la policía patriótica maniobraba en el principado andorrano para obtener datos bancarios de los líderes soberanistas.
«Pedro Barna», fiscales y periodistas
Para rematar el clavo, cabe añadir que, el 17 de julio de 2014, José Manuel Villarejo anotó información que le había pasado “Pedro Barna”, en referencia a Pedro Esteban. Según anota Villarejo, Esteban le explica que el fiscal de Andorra es “catalán” y que un “posible contacto es Grinda”, en referencia al fiscal anticorrupción, José Grinda. También reafirma que “los datos de las cuentas [de Andorra] se consiguen a través de Celestino, muy mosca con Marcelino Martín Blas”. Barroso aseguró que no había visto nunca a Martín Blas.
El mismo día, Villarejo mantuvo una conversación telefónica con el entonces secretario de Estado para la Seguridad, Francisco Martínez, Chisco en sus dietarios. El número dos del ministerio le llamó por “la problemática de Cataluña«, y que quería hablar “sobre los datos de Andorra», que le preocupaban, según Villarejo. Hacía diez días que había salido publicada la portada de El Mundo con las cuentas de Andorra, firmada por el periodista Fernando Lázaro, ahora ya fallecido. De hecho, Lázaro hizo un acta de manifestación notarial, el 25 de septiembre de 2018, negando que su fuente fuera Martín Blas. Un movimiento que cobraría fuerza con el paso del tiempo para aclarar quién filtró la información a El Mundo. Fuentes de la policía patriótica apuntan a El Món que la documentación de la BPA llegó a manos de Martínez, que la entregó al ministro del Interior, Fernández Díaz, que a su vez la filtró a Lázaro. En caso de que la documentación hubiera sido entregada por miembros operativos a la prensa, habría sido a otros periodistas del mismo medio, que después siguieron el caso Pujol.
El 23 de julio, Esteban informa a Villarejo que de “el 11 al 18 de julio un fiscal estuvo en Andorra”. El 21 de agosto hay otra anotación en la agenda de Villarejo, donde hace una lista de cuestiones pendientes para hablar con Martínez. Al día siguiente, 22 de agosto se encuentran y Villarejo le explica que en Andorra han celebrado un encuentro el fiscal anticorrupción español, José Grinda, el fiscal de Andorra, Alfons Alberca, y el juez Josep Maria Pijuan, que había sido instructor del caso Palau y que ya ejercía en Andorra. De hecho, Pijuan, que formaba parte del tribunal que juzgaba al equipo directivo de la BPA, fue recusado el 20 de septiembre de 2018 y se apartó del caso para no «contaminarlo».
El 2015 y unos documentos que no cuadran
Todas estas reuniones cobrarían fuerza en el año 2015. La intervención de la BPA daría la clave. Los encuentros de Joan Pau Miquel con la policía patriótica, tres reuniones en el Hotel Villamagna de Madrid, no habían servido de nada. Y las amenazas se cumplieron. La BPA y su filial española, Banco Madrid, fueron intervenidos y les bajaron la persiana el 10 de marzo de 2015. Trece días después se preparó lo que se conoce como la operación Relámpago, que después se bautizaría como Magne. El viernes 20 de marzo, un mail del Grupo 22 de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), dirigido por el inspector Álvaro Ibáñez, con tip 89140 –desclasificado por las autoridades norteamericanas, que participaron en la operación contra la BPA– muestra cómo preparaban un operativo para succionar toda la información bancaria en la embajada de España en Andorra, el 24 de marzo. Una operación que ahora se plantea como irregular y que ya ha salido dos veces en la vista oral del juicio contra los Pujol.
Según la documentación que consta en la Comisión Rogatoria Internacional 10/2015, que ha sido entregada a la Audiencia Nacional y a la que ha tenido acceso El Món, la fiscalía especial contra la corrupción y la criminalidad organizada, dirigida por Grinda y Juan José Rosa a través de las diligencias de investigación 7/2015, articuló una operación para conseguir material indiciario. Así, remitió al fiscal andorrano Alberca, que se habría reunido con el fiscal Grinda y el juez Pijuan, la petición de clonar los datos. Una petición extraña: solo hay que ver que en el sello de registro de entrada hay dos anotaciones a bolígrafo, concretamente, las cifras 15,17 y 1244. Unas anotaciones manuscritas que corresponderían, en todo caso, a las 15.17 horas. Es decir, la hora que se habría remitido a las autoridades judiciales andorranas, tal como apuntó Joan Pau Miquel en su testimonio del pasado diez de marzo. Cabe decir que la fecha de recepción es del 24 de marzo de 2015, a las 14.46 horas y con el número de registro 1263, una hora que parece la de envío de la copia previamente remitida a la Audiencia Nacional. De hecho, si fuera la hora de recepción de la justicia andorrana estaría en lengua catalana.
Por otro lado, el escrito de la fiscalía andorrana de la Sección Especial de Instrucción Especializada, donde se adjunta la petición española, se registra el 24 de marzo de 2015, pero curiosamente “sin hora”. Un hecho insólito. A continuación, y a raíz de la petición de la fiscalía, la justicia andorrana dicta una interlocutoria con fecha 24 de marzo para que, de forma urgente, se entregue la base de clientes por parte de los técnicos de la BPA. Todo a partir de las 15.17 horas. Es decir, la hora con la que se habría tenido que iniciar el proceso de traspaso de datos. Pero una nota interior del servicio de seguridad de la embajada desvirtúa este relato.
La Guardia Civil, en medio
Siguiendo el hilo oficial de la documentación, a partir de las 15.17 horas, hora de envío del fax, la fiscalía andorrana recibe la petición española. En principio se lee la petición y se escribe el documento de no oposición. A continuación se remite el escrito al juzgado andorrano, que ordena la localización de Carlos Salvadó y Santiago Guillén, gestores informáticos de la BPA, para que graben los datos informáticos en un disco duro externo. Al mismo tiempo, la jueza instructora debe coordinar la entrega a un funcionario del Cuerpo Nacional de Policía. La entrega se realiza en la embajada, sin ningún control judicial.
Una nota interior del Servicio de Seguridad de la Guardia Civil de la embajada española, que detalla la reunión del agregado de Interior y miembros del CNP, narra unos hechos muy diferentes. En esta nota, a la que ha tenido acceso El Món, se constata que a las 10.05 horas del mismo 24 de marzo –es decir, cinco horas antes de la recepción de la comisión rogatoria internacional– ya se habían personado y reunido en dependencias de la embajada los miembros del CNP desplazados desde España, así como el Inspector Celestino Barroso Martín –que el pasado 11 de marzo negó en su testimonio tener conocimiento de esta operación en la legación diplomática– con Josep Molina Fuste y Miguel González García (de IBM, Ibermática Andorrana), ambos supuestamente designados por directivos de BPA (supuestamente Carlos Salvadó Miras y Santiago Guillén Sánchez). No se marcharon hasta las 19.35 horas. El clonado se estaba realizando, según se desgrana de la documentación, desde mucho antes de la llegada de la orden española y de la autorización de la justicia andorrana. Estos documentos han servido ahora para plantear una nulidad del proceso judicial abierto en Andorra.
La operación Magne, en marcha
Esta operación de clonaje se termina de entender gracias a un informe con fecha de diez de abril de 2015, al que también ha tenido acceso El Món, justo un mes después de que el Banco de Madrid y la BPA hubieran sido intervenidos. El informe lo firma Manuel Vázquez, entonces comisario en jefe de la UDEF, y lo envía a Eugenio Pino. Vázquez deja claro que la UDEF ya tiene “vaciado el servidor de Banco de Madrid, en la oficina central de Capitán Haya”, en referencia a la dirección de la sede en Madrid de la unidad policial. También incluye que se han “escaneado los contratos de aperturas de cuenta” y que han accedido “a todos los contratos de clientes desde 2012”.
Además, recuerda a Pino que tienen los “correos del personal del banco, entre los trabajadores, entre trabajadores y clientes y a la inversa”. Asimismo, Vázquez informa que tiene las “datos de riesgo de cada cliente” y los “expedientes de cada cliente”. En definitiva, toda la documentación de las investigaciones internas que hacía la entidad sobre sus clientes acerca de solvencia, patrimonio, ingresos u origen de los fondos que ingresaban. En este sentido, recuerda que se desplazaron a “Andorra a bloquear el servidor de Banco Madrid”. Según el comisario Vázquez, “la información recogida se entregó a la fiscalía”, que asumió el compromiso de devolvérsela en los siguientes días. En total, recogieron los datos de 32.000 clientes del grupo BPA. El 30 de septiembre de 2016, otra nota interna del ministerio del Interior, mostraba su inquietud porque esta información tan delicada aún no se había judicializado. Poco a poco, el entramado se va aclarando.
