Este lunes se reinicia el juicio a Gonzalo Boye, el abogado del presidente en el exilio, Carles Puigdemont. La funcional sede de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares volverá a llenarse con casi cincuenta procesados en el marco del caso Mito, una macrocausa contra la supuesta organización de narcotráfico dirigida por José Ramón Prado Bugallo, alias Sito Miñanco. Boye se enfrenta a una petición de la Fiscalía de 9 años y 9 meses de prisión por supuestos delitos de blanqueo de capitales y falsificación de documento oficial. Una acusación que, a medida que pasan las jornadas, muestra la debilidad e incluso, la rareza, de las pruebas y los indicios.
Una acusación basada en una derivada de la pieza principal de la investigación, el intento de entrada al Estado español de cuatro toneladas de cocaína a través de un barco. De hecho, tanto el ministerio fiscal como la multitud de defensas definen la vista -que se alargará hasta finales de febrero- conveniendo que es un juicio que acumula cinco juicios. Y uno de estos es el de Boye. Una acusación que es el resultado del cambio de declaraciones de dos imputados pactado con la fiscalía a cambio de beneficios procesales, como la puesta en libertad provisional.
En concreto, acusan a Boye de participar en una hipotética trama delictiva para recuperar un dinero confiscado en el aeropuerto de Barajas. Un servicio que habría realizado como abogado y que, de hecho, llevó a cabo, de manera que consiguió incluso que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid redujera a la mitad la multa impuesta a los que llevaban el efectivo al aeropuerto. Un dinero que pasó por todos los controles, incluso, del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac), sin detectar ningún tipo de blanqueo. En todo caso, la acusación fue muy posterior al inicio de la investigación de la causa, en 2016, y llegó justo cuando la justicia europea no permitió el regreso a España de Puigdemont, con Boye como abogado.
Una instrucción extraña
Las sesiones celebradas hasta ahora ya han mostrado grietas en el relato de la fiscalía contra Boye. Precisamente, el fiscal que formuló la acusación, Ignacio de Lucas, ha sido promocionado a la fiscalía europea y, por lo tanto, no está en la vista oral. También llaman la atención las promociones internas de las que han disfrutado los investigadores o participantes en las investigaciones, como jefes de grupo de unidades policiales como UDYCO, GRECO o UDEF, especializadas en organizaciones criminales, narcotráfico o delitos financieros. En todo caso, el minuto y resultado de las sesiones celebradas hasta ahora dejan vacíos que el presidente del tribunal, el magistrado Félix Alfonso Guevara, ha constatado en sus comentarios en los interrogatorios.
Así, destacan las imágenes de una supuesta reunión en un restaurante de Madrid que nadie vio, unas fotos que ahora reconocen que tomaron de las cámaras de seguridad del establecimiento. Imágenes, que para los abogados, son «muy creativas» porque son capturas donde aparecen los reunidos con ropa diferente dependiendo de la imagen, lo que hace pensar que son de días diferentes. También ha habido actos de vigilancia de seguimientos que no se han llevado a cabo, o el caso de un policía de GRECO Costa del Sol que habló de la reunión de Boye con otros implicados en Madrid y que luego tuvo que admitir que durante la investigación no había pisado nunca la ciudad. Curiosamente, el policía ha sido contrario a Boye en algunos juicios en su jurisdicción andaluza.
Nueva etapa, más dudas
El juicio se reanudará este lunes y se esperan aún más sorpresas. Por ejemplo, unas geolocalizaciones telefónicas del principal implicado, Sito Miñanco, que chocan con los actos de seguimiento de la policía. Es decir, que la policía lo sitúa en Madrid y, en cambio, aportan grabaciones telefónicas del mismo día que indican que estaba en Galicia. O el curioso caso de unas diligencias imprescindibles de la acusación, que se cursaron en Colombia y que nadie encuentra por ninguna parte. O el contraste patrimonial de un cliente de Boye -nexo del abogado con el caso- que la policía omite porque debilitaría la acusación. También cabe añadir una prueba documental aportada en la primera sesión, y admitida por el tribunal, emitida por el ministerio de Exteriores de Colombia y con el sello de confidencial, donde se constata que una de las supuestas reuniones incriminatorias para Boye no se pudo celebrar porque, básicamente, el otro participante estaba en Colombia.
En todo caso, los tres días de vista de esta semana serán interesantes, porque testificarán policías que participaron en la redacción de los actos de seguimiento que las periciales de geolocalización desmienten. También se esperan a los policías de la UDEF que formularon el atestado contra Boye con documentación requisada en su despacho, donde, por ejemplo, había el dossier de su defensa en el caso. Además, se podrán contrastar unos audios, también admitidos por el tribunal, donde uno de los abogados admite que a su cliente le han ofrecido beneficios a cambio de declarar contra el abogado de Puigdemont. Poco a poco, los documentos con los que se ha construido la acusación se han ido debilitando y esta semana puede ser clave a la vista de los testimonios previstos. Todo ello en un ambiente enrarecido por las carencias de una instrucción que los abogados de las defensas, hábilmente, destacan y profundizan.
