Dos resoluciones del Juzgado de Instrucción número 32 de Barcelona han resucitado una investigación que parecía dormir el sueño de los justos. En concreto, la investigación sobre el espionaje con Pegasus a los exdiputados de la CUP, David Fernández, Albert Botran y Carles Riera. Por un lado, en un breve auto el juzgado, al que ha tenido acceso El Món, ha acordado remitir una solicitud al Consejo de Ministros para que desclasifique la información del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) vinculada al espionaje. Y por otro lado, la emisión de una Orden Europea de Investigación a Luxemburgo para identificar los activos financieros del grupo que fabrica y comercializa el software espía.
Ambas decisiones llegan después de que el caso estuviera en el cajón del juzgado sin que ni la fiscalía ni el gobierno español hayan impulsado de manera efectiva la investigación. La defensa del caso, en manos del abogado Benet Salellas, busca determinar «responsabilidades por un espionaje que vulnera derechos fundamentales y que se inscribe en una dinámica más amplia de represión política». Con las dos resoluciones, por parte de las víctimas aseguran que «se reafirma la voluntad de continuar hasta el final para esclarecer los hechos y arrojar luz sobre unas prácticas que evidencian la existencia de estructuras estatales operando con opacidad».
Dos objetivos
La orden de desclasificación desbloquea una solicitud que llevaba años pendiente. En concreto, desde el año 2022 que se abrieron las diligencias. Ahora, el magistrado instructor concluye que «resulta imprescindible interesar» la desclasificación de los documentos, una orden dictada hacia el Consejo de Ministros quien por ley debe proceder a liberar la información.
Por otro lado, la Orden Europea de Investigación a Luxemburgo sirve, según explica la resolución, para identificar las cuentas bancarias de las empresas vinculadas a Pegasus y analizar sus movimientos entre 2016 y 2022, con el objetivo de determinar si ha habido financiación o pagadores desde el Estado español. Las empresas relacionadas por el juez son OSY TECHNOLOGIES SARL, como propietaria de las empresas NSO Group y Q CYBER TECHNOLOGIES LIMITES, que comercializarían el software.
