El instructor del caso Santos Cerdán está dispuesto a dejar claro los límites del terreno de juego de la investigación. Así lo refleja una resolución, dictada este jueves, en la que niega la mayoría de diligencias solicitadas por la defensa del exnúmero tres del PSOE, de cara a la vista del próximo 22 de julio, para decidir sobre la continuidad de su ingreso en prisión.
En su resolución, el magistrado Leopoldo Puente niega entregar el expediente que justificó una medalla para Koldo García por parte de la Guardia Civil, así como la «totalidad de los audios» que grabó el exasesor ministerial y que han servido de base para mantener a la Unidad Central Operativa (UCO) del instituto armado ocupada elaborando informes.
Puente solo acepta entregar los audios originales que integran el atestado de la UCO del pasado 5 de junio que sirvió para imputar a Santos Cerdán. Por otro lado, el juez también bloquea la entrega del sumario que se sigue en el Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional y de donde nació la causa contra Cerdán y el exministro José Luis Ábalos. Por otro lado, la sala penal del Supremo también ha ratificado la decisión de Puente de ordenar a la Guardia Civil un sobre el proceso de adjudicación de obras resaltadas en fluorescente en la documentación aportada por el investigado Víctor d’Aldama, precisamente en las diligencias seguidas en la Audiencia Nacional.
«No es posible»
La resolución, de 15 páginas a la que ha tenido acceso El Món, el magistrado indica que «no es posible ni procedente en este momento, facilitar copia íntegra de la totalidad del material intervenido». El juez concreta que aún se desconoce el contenido completo. De hecho, recuerda que aún no ha sido ni incorporado a la causa y, por tanto, no se ha podido tener en cuenta, para tomar ninguna decisión. En este sentido, Puente remarca que la totalidad de los dispositivos intervenidos tienen una información que supera los 10 terabytes, que se plasmaría en 65 millones de páginas en caso de ser volcada por escrito. De esta manera, solo acepta entregar los audios del informe del 5 de junio, en una sesión especial, el día 23 de julio, y con la dirección técnica del Departamento de Ingeniería Digital del Servicio de Criminalística (SECRIM) de la Guardia Civil, que deberá hacer un informe sobre su origen.
Especialmente duro es el juez con otras peticiones de la defensa coordinada por Benet Salellas y Jacobo Teijelo que las rechaza y las tilda de «inútiles o perjudiciales». Principalmente, reclamar a la Dirección General de la Guardia Civil todas las colaboraciones que hubiera realizado Koldo García con unidades del instituto armado entre el 2018 y el 2024. El juez cree que este expediente «en nada contribuirá a la determinación» del objeto de la investigación «conocer el número de ocasiones» en que Koldo García hubiera participado y «cualquier clase de colaboración con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado (en particular, con la Guardia Civil), en relación con qué asuntos concretos (siendo claro que no respecto a lo que ahora importa) y protagonizando conductas particulares».
