Finalmente, el magistrado instructor del caso Koldo, Ángel Luis Hurtado, ha decidido atender las peticiones de la fiscalía anticorrupción y las acusaciones populares y ha decidido este jueves ordenar la prisión provisional para el exministro de Transportes, José Luis Ábalos y su asesor Koldo García. Unas demandas incorporadas en los escritos de acusación tanto del fiscal del caso, el fiscal jefe anticorrupción, Alejandro Luzón, como en las de las acusaciones populares, donde se cuenta el PP.
Las peticiones de prisión se han argumentado en una vista oral celebrada esta mañana en la sede del Tribunal Supremo. Las acusaciones reclamaban la medida del encarcelamiento sin fianza de acuerdo con el riesgo de fuga a la vista de las altas penas que se solicitan, de hasta 30 años de prisión y 3,9 millones de euros de multa por las maniobras que habría hecho Ábalos en las adjudicaciones del material sanitario durante la pandemia de la COVID.
En la vista celebrada, Ábalos ha pedido la palabra para expresar al juez que no tenía ningún motivo para fugarse. Su abogado ha insistido en que una medida tan grave podría vulnerar el riesgo de representación política y la presunción de inocencia. De hecho, el juez al haber decidido encarcelarlo, el exnúmero tres del PSOE se ha convertido en el primer diputado en el Congreso en activo y con el acta que habría sido encarcelado. El juez, sin embargo, ve un «riesgo extremo» de fuga que «no se puede conjurar» solo con las medidas cautelares de retirada del pasaporte.
Las acusaciones presionan al juez
Aunque la Fiscalía, que hasta ahora no había pedido prisión como sí lo hizo con Santos Cerdán, reclama una condena de 24 años de prisión para Ábalos y 19 años y medio para Koldo por presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, soborno, tráfico de influencias, malversación y uso de información privilegiada y una multa de 3,9 millones de euros, las acusaciones aumentan la petición. Así solicitan penas de 30 años de prisión para Ábalos y Koldo, a quienes atribuyen los mismos delitos que la Fiscalía más dos más: prevaricación y falsedad en documento oficial.
