Después de nuevo años, el titular del juzgado de instrucción número cinco de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha decidido archivar la «pieza Drago» de el caso Pujol. En concreto, se trata de la pieza que afectaba el hijo menor del expresidente Jordi Pujol, Oleguer Pujol Ferrusola, y que lo acusaba de esconder 3.000 millones de euros y hacer blanqueo a través de operaciones inmobiliarias internacionales. En una brevísima interlocutoria de este 13 de julio, a la cual ha tenido acceso El Món, el magistrado asegura que «teniendo presente el que se ha actuado» en las diligencias de instrucción «no resulta justificada debidamente la perpetración de ningún delito». En este sentido, asegura que «todo y las diligencias practicadas no hay base ni siquiera para apreciar ningún indicio de delito y todo el que se suministró fueron simples sospechas, no aptas para un procedimiento penal». Este procedimiento provocó la entrada y cacheo del domicilio de Oleguer Pujol y el bloqueo de todo su patrimonio y recursos.
El caso Drago se remonta a la participación de Oleguer Pujol en una operación inmobiliaria por la venta de 1.152 locales e inmuebles de Banco Santander en 2007. Un negocio del cual Oleguer Pujol y sus socios cobraron las respectivas comisiones. El juez intuyó que había una operación de blanqueo y el caso hizo aumentar la factura mediática de la familia Pujol Ferrusola hasta los famosos «tres mil millones». Curiosamente, el pasado mas de noviembre, el juez Pedraz comunicó a las partes en una interlocutoria datada el 16 de septiembre -dos meses y medio antes-, que sobreseía las imputaciones de todos los investigados levadura, curiosamente, de Oleguer Pujol y dos de los socios, los holandeses John Willekes y Jacob Broers. El magistrado exoneraba con la complicidad del fiscal anticorrupción José Grinda el resto de socios del pequeño de los Pujol: José Maria de Villalonga Cardellà, su hijo José Maria de Villalonga Cabarrocas, Gabriela de la Rosa Misol y Javier de la Rosa Misol, ambos hijos del financiero Javier de la Rosa. Diez meses después, el juez, finalmente, ha hecho carpetazo al caso y ha decretado el sobreseimiento. Una petición reiterada por parte de sus letrados Albert Carrillo i Cristobal Martell.
El fiscal ya no lo veía claro desde septiembre
De hecho, el ministerio público ya empezó a tener dudas del resultado de las pesquisas el pasado mas de septiembre. Después de las investigaciones, el fiscal entendió que no se podía conformar ninguna operación de blanqueo porque, entre otras cosas, las operaciones fueron declaradas. El juez y el fiscal, pero, se estimaron hace diez meses continuar teniendo procesado Oleguer Pujol, para poder «dar volumen» a la causa contra la familia Pujol, que todavía está pendiente que se convoque día y hora para empezar el juicio.
Todo y la brevedad de la resolución de archivo, el juez hace suyas las conclusiones de los fiscales para el resto de exonerados. En este sentido, el ministerio público consideraba que no se podía acreditar que ninguno de los investigados durante nueve años participaran en la canalización de fondo o comisiones que se pagaron a través de dos sociedades fueran a favor de Oleguer Pujol. Al final, la conclusión de la instrucción es que los fondos que recibieron los investigados fueron “producto de su intermediación” y no como un ejercicio de blanqueo “ni en beneficio suyo ni de Oleguer Pujol”.
Nueve años de instrucción con petición de prisión
La instrucción del caso estalló con el cacheo del domicilio de Oleguer Pujol en Barcelona, el 24 de octubre del 2014, por parte de la poderosa Unidad de Delitos Económicos y Fiscales del Cuerpo Nacional de Policía (UDEF) y dirigida por la fiscalía anticorrupción. Justo semanas antes de la consulta soberanista del 9 de noviembre. El 12 de enero del año 2017, casi tres años después, Oleguer Pujol declaraba ante el juez instructor. Después de la declaración, el fiscal reclamó al magistrado que ordenara el ingreso a prisión sin fianza del pequeño de los hijos del expresidente. La fiscalía entendía que había riesgo de reiteración delictiva.
La tesis de la acusación era que la operación de compraventa de los inmuebles se hizo de tal manera que se ocultaron el dinero. Todo ello a través de un entramado de estructuras societarias radicadas en terceros países y de un seguido de contratos de asesoría con varias empresas para intentar engañar Hacienda. Pero la investigación mostró las costuras de la acusación porque las comisiones se declararon. Es más, una comisión de dos millones y medio de euros se regularizó a través de los mecanismos de la amnistía fiscal que impulsó entonces el ministerio de Hacienda español. Ahora, nueve años después, el juez y el fiscal han llegado a la conclusión que no hay ningún tipo de indicio de delito.
