Al ataque, pero con precauciones de no otorgar el rol de fiscalía en la sombra -como se ha hecho históricamente- con las acusaciones populares de carácter político. Esta tarde, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, se ha sentado en el banquillo de los acusados para responder de la acusación de revelación de secretos ante la sala segunda del Tribunal Supremo que preside Andrés Martínez Arrieta. Consciente de la importancia de la imagen que supone una imagen inédita como es que por primera vez un Fiscal General sea interrogado como acusado, también ha marcado sus reglas del juego. Se ha quitado la toga y ha advertido cómo sería su declaración.
Así, al sentarse en el estrado, dejó claro que no respondería a las acusaciones y no dudó en cargar contra la defensa de Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, a quien calificó de «desleal«. De hecho, se sienta en el banquillo a raíz de la filtración de un correo que demostraba la negociación entre el abogado de Amador, para conseguir una conformidad por dos casos de fraude fiscal y esquivar la prisión. Unos hechos por los cuales se le llega a pedir 6 años de prisión y 12 de inhabilitación.
Entrando ya en el fondo de los interrogatorios, García Ortiz sentenció que él «no hizo llegar ningún correo» a ningún periodista. Todo esto, en el contexto de que su letrado, el abogado del Estado, José Ignacio Ocio, que las respuestas de su cliente, en ningún caso, podían avalar la diligencia de los registros en su despacho y en sus dispositivos móviles. De hecho, ha remarcado que la defensa continúa insistiendo que es «nula de pleno derecho». En este sentido, cabe recordar que los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que instruyeron el caso han admitido que se pasaron de la raya confiscando datos.
Una actuación «desleal»
García Ortiz no ha tenido reparos en expresar sus razones para la negativa a responder a las acusaciones populares y en especial a la particular de González Amador. Así ha asegurado que el desarrollo del caso le ha llevado a pensar «que hay una actuación -entiendo- desleal, no con el acusado, claro, sino con el tribunal». En este sentido, ha recordado que la causa se inició con una querella que si bien debe contener «los datos necesarios para trasladar al tribunal los antecedentes de hecho ciertos y necesarios para descubrir la verdad». Ahora bien, a juicio del fiscal general, esta premisa no se ha cumplido porque «se ha reconducido el relato del proceso contra él».
Así ha recordado al Tribunal que la querella no recogía que el correo clave de la presunta filtración, de dos de febrero de 2024, se envió por parte de su defensa no solo a la Fiscalía de Delitos Económicos, a una cuenta genérica, sino a un abogado del Estado. «Si lo hubiera incluido, quizás no se hubieran dirigido las indagaciones solo contra la Fiscalía y, específicamente, contra el fiscal general», ha reflexionado. En la misma línea, ha añadido que es el mismo perjudicado, en este caso la pareja de Díaz Ayuso, quien entrega al jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel Rodríguez, alias MAR, el correo del acuerdo con la fiscalía.
En el paquete hay incluido un tercer movimiento, en concreto, que no mencionar en la instrucción que el mismo MAR, había hablado con un periodista de El Mundo. «Estas tres actuaciones, omitidas en el relato de hechos de la querella, y solo descubiertas en la instrucción del procedimiento, parecen alejadas de la buena fe procesal y del respeto que todos debemos al proceso», ha defendido. Para rematar, García Ortiz ha subrayado que González Amador no ha pedido responsabilidad civil del Estado para intentar que toda la pena recaiga sobre el acusado. «Una pena anticipada», ha descrito.
