Este mediodía se ha celebrado la ceremonia de la apertura del año judicial que ha presidido, como cada año, el rey español Felipe de Borbón, a la sala de vistas del Tribunal Supremo, a Madrid. Un acto que ha contado con toda la cúpula del Poder Judicial así como del ministerio fiscal, en un ambiente enrarecido por las negociaciones de investidura del nuevo gobierno español, la posibilidad de una ley de amnistía para el independentismo y el enquistamiento de la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Pero ni la amnistía ni el Proceso han aparecido durante la ceremonia, un hecho inédito en los últimos años de la convocatoria.
De hecho, el presidente del Consejo General del Estado, Francisco Marín, ha pronunciado una sonora abucheada al PP y el PSOE por la politización de la justicia. En este contexto, y antes del parlamento de Marín, el Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, ha obviado referirse a la amnistía que negociarían el gobierno y el independentismo. Un silencio interesante a raíz de la presión de la asociación mayoritaria de fiscales, Asociación de Fiscales, que reclaman su opinión contraria a negociar una ley de estas características.
Silencio y reformas
García Ortiz ha hecho el sordo al comunicado de la Asociación de Fiscales con que criticaba «el silencio» del fiscal general por las palabras del presidente en el exilio Carles Puigdemont con que reclamaba que el ministerio público parara la persecución al independentismo. «Transcurridas más de 24 horas desde que tal exhortación llegara desde Bruselas, el Fiscal General del Estado no ha querido dicho nada cuando ayer mismo firmaba dos decretos que fueron remitidos a todas las fiscalías territoriales», critica la plataforma de fiscales. La Asociación de Fiscales asegura que «el silencio ante la gravedad del que pide no es una opción válida para quien ostenta la dirección del ministerio fiscal».
El Fiscal General del Estado ha obviado absolutamente la cuestión y se ha limitado a repasar los datos más destacables de la Memoria de la Fiscalía. Unos datos que ha utilizado para cargar contra los «negacionistas» del cambio climático y de la LGTBfòbia. Por otro lado, ha reclamado a los miembros de la carrera fiscal «ejemplaridad en actas y manifestaciones» y ha recordado que son «Estado». Así mismo, ha reclamado poner en marcha la reforma procesal que permita a los fiscales dirigir las investigaciones penales en sustitución de los jueces instructores. Ha defendido a capa y espada la jerarquía de la institución para preservar el principio de seguridad jurídica y unidad de acción, así como igualdad ante la ley. Un principio que ha recordado que muchos utilizan para criticar su actuación o poner en entredicho la imparcialidad de su acción.
En todo caso, ha pedido separar las críticas a su figura de la institución como colectivo que ha definido como «valioso». Siguiendo este hilo ha razonado que el ministerio público tiene «la capacidad de conformar una voluntad única en respuesta a la interpretación de la ley y del interés social». «No hay ninguna decisión del fiscal general que no esté sometida a «motivación, publicidad y oso a decir consenso». «Que la ciudadanía esté tranquila», ha concluido.
