Duro comunicado de respuesta del Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, que no se amedrenta ante la decisión del Tribunal Supremo de imputarlo por el caso de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. En el comunicado, García Ortiz advierte y deja claro que no piensa dimitir. También ha convocado el consejo fiscal y una Junta de Fiscales para dar las explicaciones pertinentes.
No obstante, también se queja de que la apertura de la causa penal contra el máximo representante del Ministerio Público afecta de lleno al sistema de poder institucional del Estado y a un órgano de «relevancia constitucional». «La atribución de la condición de investigado al Fiscal General del Estado es inédita en nuestro país y obliga a hacer una reflexión profunda sobre los hechos que la motivan, las circunstancias que la rodean y las consecuencias que puede generar no solo en la futura actuación del Ministerio Fiscal, sino en toda la Justicia española», afirma García Ortiz.
No dimitir es «más prudente»
El fiscal general ha asegurado que «el convencimiento de que la continuidad en el cargo es lo menos grave y más prudente para la institución a medio y largo plazo, y que en pureza refuerza la independencia de la Fiscalía española, anuncio mi intención de seguir ejerciendo mis responsabilidades como fiscal general del Estado».
«Soy consciente de la repercusión pública de la noticia y no desconozco la afectación que supondrá al trabajo de las y los fiscales de nuestro país», añade. «Pero es, precisamente, la ponderación de estas circunstancias lo que me persuade para continuar ejerciendo plenamente mis atribuciones legales», concluye. Así, insiste en que continuará trabajando con «pleno respeto a la ley y al Estado de derecho».
Siguiendo este hilo, «nos encontramos ante un asunto que no es particular del Fiscal General del Estado, sino que se encuadra en el ámbito de las competencias que la Constitución española y la Ley que regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal encomienda a este órgano de relevancia constitucional». Sin embargo, no deja de recriminar la causa de la imputación, porque recuerda que «el ordenamiento jurídico atribuye a la Fiscalía la función de informar de los asuntos relevantes que conozca para garantizar el derecho de la ciudadanía a recibir información veraz, más aún en un caso como este en el que con bolas o falsedades se comprometía la imagen de la institución y de varios de sus integrantes».
