Continúan las novedades en el funcionamiento del ministerio fiscal desde que Teresa Peramato sustituyó como fiscal general a Álvaro García Ortiz, inhabilitado por el Tribunal Supremo a raíz de la condena por revelación de secretos. El pasado 30 de abril se formalizaron los últimos nombramientos en puestos clave del ministerio público, como la Fiscalía del Tribunal Constitucional, del Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional y fiscalías superiores. En total son 22 renovaciones de plazas, algunas de las cuales estaban vacantes.
Entre los nombramientos, destaca la promoción de Pedro Crespo, jefe de la fiscalía del Tribunal Constitucional, como fiscal de sala. Crespo es el fiscal que se ha opuesto a levantar las medidas cautelares a los presos políticos y a los miembros del exilio mientras se tramita el recurso de amparo por la inaplicación de la amnistía. Ahora conserva su cargo como máximo responsable del ministerio público en el TC, pero, además, su categoría profesional sube un escalón, hasta el más alto que puede tener un fiscal.
También son relevantes renovaciones en cargos muy deseados, como comisionados en organismos internacionales: es el caso de Ángel Bodoque, el fiscal que acusó al abogado del exilio, Gonzalo Boye, en el caso Mito, que estará cuatro años más como corresponsal de España en Eurojust en asuntos de salud pública.
A todo esto, hay que añadir la polémica de la propuesta de María Isabel Martín López como nueva fiscal Superior de Madrid. Es una fiscal muy valorada en formación, muy experimentada en una fiscalía delicada como es la de Melilla, especialista en yihadismo y vigilancia penitenciaria. Un nombre que sustituiría a Almudena Lastra, la fiscal que metió en un lío a García Ortiz señalando que como fiscal general había filtrado la información sobre la pareja de Ayuso a la prensa. Una decisión que ha levantado polvo en el ámbito político al considerar que se trata de una purga. También cabe subrayar entre los nombramientos el de María José Osuna Cerezo, nueva fiscal de sala en jefe de la Inspección Fiscal de la Fiscalía General del Estado, que controla el funcionamiento del ministerio público. Osuna ha ejercido en Tarragona desde 1988 y es una de las impulsoras del proyecto Barnahaus, un modelo que comienza a recoger muchos éxitos en la protección de los menores.
Crespo, contra el levantamiento de las medidas cautelares
Pedro Crespo es un fiscal veterano que lleva la toga desde 1991. Precisamente, su andadura como miembro del ministerio público comenzó en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Después de pasar por varias fiscalías fue nombrado letrado del Tribunal Constitucional en el año 2003, organismo donde ha hecho carrera. En el año 2021 fue nombrado jefe de la fiscalía ante el Tribunal Constitucional, pero ahora Peramato lo eleva más al altar y lo nombra fiscal de sala, es decir, accede a la máxima categoría profesional -como si fuera un magistrado del Tribunal Supremo- y, además, se incorpora a la Junta de Fiscales de Sala. Peramato ha valorado «su plan de actuación» y el «profundo conocimiento de la fiscalía en este ámbito» y su propuesta de «transparencia» y por «la especialización de sus miembros».
Crespo ha sido el fiscal encargado de informar sobre los recursos de amparo por la inaplicación de la amnistía presentados por Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa, así como de los miembros del exilio el presidente Carles Puigdemont, Lluís Puig y Toni Comín. Junto con los recursos se presentaron, por parte de los condenados por malversación, las peticiones de suspensión de la condena de inhabilitación. Los miembros del exilio reclamaron los levantamientos de las medidas cautelares, las órdenes de detención, lo que les permitiría regresar a Cataluña sin miedo de ser arrestados y encarcelados mientras esperan la resolución del TC sobre su amnistía. Todos alegaban la aplicación del artículo 56 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, que permite dejar sin efectos las decisiones judiciales que afectan los derechos de los procesados. Crespo se opuso.
Anticipar la sentencia
Según el fiscal Crespo, suspender la inhabilitación o retirar las órdenes de detención que impiden el retorno de los exiliados «podría interpretarse como un adelanto de la decisión del Tribunal Constitucional». “Se estaría produciendo, de facto, el efecto pretendido con la interposición del recurso de amparo, lo que equivaldría a su estimación anticipada”, argumentaba. Y añadía una curiosa reflexión a propósito de la duración del tiempo de tramitación del recurso, sobre todo en los casos de Junqueras, Romeva o Turull. Según él, teniendo presente que las inhabilitaciones son hasta el año 2031 y 2030, fechas que no son próximas y el tiempo que falta para llegar es superior a la tramitación normal de un recurso de amparo, sería anticipar la decisión. En cuanto a los miembros del exilio, el fiscal alegaba que las órdenes de detención no tienen ninguna afectación y no provocan un perjuicio irreparable a los dos políticos, porque siguen en el extranjero porque quieren eludir la acción de la justicia española.
En el caso de Puigdemont argumentó que el presidente exiliado interpretaba la orden de detención como “una coacción que le impide entrar en territorio nacional lo que, en términos jurídicos, no es más que el fruto de su propio temor –no susceptible de tutela cautelar– a ser privado de libertad en virtud de una resolución judicial que a su vez es consecuencia de su propia conducta procesal, concretada en la decisión de eludir la acción del tribunal que la adoptó”. Por tanto, como “se mantiene voluntariamente fuera del radio de acción de la justicia española”, no tiene derecho al levantamiento de la medida.
Los fiscales del caso Boye, muy cuidados
Curiosamente, dos fiscales más relacionados de manera indirecta con el Procés también continúan en cargos bastante deseados en la fiscalía española. De hecho, ya sorprendió el nombramiento del fiscal Ignacio de Lucas como representante español en la Fiscalía Europea, justo después de articular y construir la acusación contra Gonzalo Boye, el abogado de Carles Puigdemont, por un delito de blanqueo en relación con el caso Mito.
Una vez De Lucas se fue a Bruselas, el fiscal que mantuvo la acusación, Ángel Bodoque, también conserva uno de los destinos más codiciados. El propuesto 13 de octubre, el ministro de Justicia, Félix Bolaños, renovaba, a petición de la fiscalía general, el nombramiento de Bodoque como Corresponsal Nacional de Eurojust para asuntos de salud pública. Es decir, la persona de la oficina de cooperación judicial europea en asuntos de narcotráfico que tiene delegadas las gestiones cuando hay dos estados que investigan una causa o bien una causa que afecta a más de dos estados.
Otros nombramientos
Las propuestas de la fiscal general que debe rubricar el Consejo de Ministros también incorporan como fiscal de sala en jefe de la sección Civil de la fiscalía del Tribunal Supremo a Pilar Martín Nájera, una de las impulsoras de la Red Civil Internacional de Fiscales y una referente de la doctrina jurídica del ámbito civil. María Eugenia Hernández, fiscal especializada en Violencia sobre la mujer, Vigilancia Penitenciaria y Seguridad Vial, se incorporará a la Fiscalía de la Audiencia Nacional. Antonio Romeral, un experto en delitos económicos –desde el año 2000 es miembro de la Fiscalía contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, donde es la mano derecha del jefe, Alejandro Luzón–, seguirá como teniente fiscal a pesar de las dudas que había sobre su continuidad. Romeral puso trabas a la investigación de la fiscalía de Tarragona contra Cristóbal Montoro.
Otro de los nombres que destaca es la nueva fiscal de la sección social de la fiscalía del Tribunal Supremo, María Pilar Rodríguez Fernández, togada desde 1993. Después de una larga experiencia en el ámbito penal, en 2018 se encargó de renovar la fiscalía de la jurisdicción civil en Madrid, un gigante que se encontraba desbordado. El orden en el servicio ha sido la razón de fondo para su promoción al Supremo. En el ámbito de los Países Catalanes también cabe subrayar el nombramiento de Adrián Salazar Cortázar como fiscal superior en las Islas Baleares, donde está destinado desde 1988.
