Uno de los puntos más oscuros en el caso de los atentados del 17 de agosto de 2017 en Barcelona y Cambrils fue cómo la célula yihadista llegó a almacenar en cantidades industriales, en Alcanar y en viviendas del Ripollès, elementos indispensables para la fabricación de explosivos. En concreto, ingredientes para fabricar TAPT, triperóxido de triacetona, fácil y barato de fabricar y conocido como la Madre de Satán.
Fue uno de los agujeros negros de la investigación, pero tampoco abrió titulares porque los explosivos estallaron en la urbanización Montecarlo de Alcanar, de manera que sus efectos se limitaron a los miembros de la célula, dos terroristas muertos –entre ellos, supuestamente, el imán Abdelbaki es Satty– y afectaciones para miembros de los Mossos d’Esquadra, de los Bomberos y de los equipos de limpieza que actuaron en el lugar del siniestro. También resultó afectado el miembro de la célula Mohamed Houli, superviviente en la explosión y que en la comisión de investigación del Congreso sobre el 17-A apuntó a la responsabilidad de los servicios de inteligencia españoles en la articulación del grupo dirigido por el imán, por falta de vigilancia de Es-Satty.
La facilidad con la que los miembros de la célula de Ripoll adquirieron los elementos para fabricar explosivos fue objeto de un profundo análisis del Centro Nacional de Inteligencia (CNI). De hecho, era una prueba que el centro buscaba en descarga suya –sus agentes no habían controlado al imán– para apuntar a otro organismo del Estado, el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), en la responsabilidad de la escasa dificultad que tuvieron los yihadistas para obtener los materiales. Con este objetivo, el CNI compró los mismos elementos por internet y para demostrar que, cuatro meses después del atentado, no había ningún tipo de problema para adquirirlos, sin que se disparara ninguna alarma. El CNI era comandado entonces por el veterano general Félix Sanz Roldán y el jefe de la División Antiterrorista era Luis García Terán, actual número dos de los servicios de inteligencia españoles.
«Mistery shopping»
Según detallan fuentes de La Casa -nombre del CNI en el argot de los espías-, solo dos meses después de los atentados y de la explosión de Alcanar, el jefe de la división antiterrorista, Santiago R., ordenó a la Unidad de Tácticas, Técnicas y Procedimientos de grupos Terroristas, dirigidos por Danton, nombre en clave de D.D., un «mistery shopping». Es decir, comprar ocultando su identidad, por internet o físicamente, suficiente material precursor de explosivos, imitando las cantidades que adquirieron los terroristas y almacenaron en Alcanar. Incluso, bombonas de butano a través de la plataforma Wallapop.
Miembros del equipo de este mistery shopping relatan a El Món que pudieron comprar sin problemas los materiales como la acetona o el peróxido de hidrógeno (agua oxigenada) o ácido sulfúrico. «Incluso, pedimos que el pedido fuera entregado en repositorios de Amazon», explican las mismas fuentes mientras muestran parte del informe. «Recogimos el material sin ninguna dificultad», aseguran. La alerta en el CNI se disparó y remitieron un durísimo informe al CITCO, que entonces dirigía el comisario del Cuerpo Nacional de Policía José Luis Olivera, -uno de los principales actores de la policía patriótica contra el independentismo- enfatizando las fallas de seguridad y de prevención.
Al fin y al cabo, el CNI buscaba quitarse las pulgas de encima en uno de los puntos más oscuros de los atentados y apuntar directamente al CITCO, organismo que, según su criterio, tenía la competencia y la responsabilidad de escuchar este tipo de compras. Es decir, el CITCO tenía la misión de controlar y fiscalizar las adquisiciones sospechosas para la fabricación de explosivos. «La respuesta del CITCO después de los atentados no fue muy efectiva, se limitaron a hacer un díptico informativo para droguerías y almacenes de materiales químicos», reprochan desde el CNI.
Entre 200 y 500 kilos de explosivos
La investigación del Juzgado Central de Instrucción 4 de la Audiencia Nacional recogió, de fuentes de los Tedax de los Mossos d’Esquadra, que en Alcanar había entre 200 y 500 kilos de explosivos y 17 granadas de mano, así como un puñado de aparatos electrónicos que debían servir de pulsadores o iniciadores de la explosión y para la fabricación de detonadores a distancia. También encontraron un cinturón de explosivos y material para hacer tres más, aparte de las 104 bombonas de gas butano, que habían adquirido en varias compras por internet.
Durante el juicio, los responsables de los establecimientos donde los terroristas yihadistas hicieron las compras de material químico que la policía identifica como precursores de explosivos explicaron, con cierto punto de acomplejamiento, cómo consiguieron cantidades considerables de material sensible como la acetona o el peróxido de hidrógeno (agua oxigenada) o ácido sulfúrico. Los testigos narraron la facilidad con que se podían comprar grandes cantidades de material considerado “peligroso” sin muchos problemas burocráticos.
Cinco establecimientos implicados
Los terroristas compraron estos productos en almacenes de Vic, Tortosa, Ripoll, Vinaròs y Sant Carles de la Ràpita, sin levantar ninguna sospecha. Solo en un caso, porque la furgoneta que llevaban no estaba homologada para transportar determinado tipo de productos químicos. Según la sentencia, los yihadistas compraron el material con diferentes excusas. En concreto, en la Industrial Sabonera de Tortosa argumentaron que necesitaban peróxido de hidrógeno para “blanquear ropa en Marruecos” donde “era muy difícil encontrarlo”. Fue el argumento del primer intento de compra, el 11 de julio, que no se consumó porque fallaba el DNI para hacer la carta de transporte. Pero el argumento fue repetido al día siguiente por Youssef Aalla, al comprar 100 litros del mismo producto.
En el almacén Colors de Tortosa, justificaron que la venta era para “limpiar madera” y en, Pinturas Vic, para “limpiar piezas metálicas por inmersión”. En Pinturas Galindo, de Vinaròs, dijeron que lo querían para “limpiar piezas de aluminio y hierro”. En el momento del juicio, los responsables de los establecimientos advirtieron que era necesario pedir a los compradores para qué querían este tipo de mercancías. Al fin y al cabo, los requisitos para esta venta, únicamente era pedir la ficha de transporte de ADR, de materia peligrosa, donde se identifica el origen, el destino y el transportista. Además, todos estos productos se pagaron en efectivo, por lo tanto, un segundo control de trazabilidad de las compras era más dificultoso.
Desde los atentados, apuntan algunos de estos testigos fuera del estrado, ya no se pueden realizar este tipo de ventas con esta facilidad. En cualquier caso, para la compra de acetona o de disolvente, como ocurrió en pinturas Audí de Tortosa, no se requería ningún tipo de requisito. En total adquirieron unos 500 litros de acetona.
Reformar la legislación
A pesar del informe alarmante del CNI, y el «díptico» del CITCO, el Estado no reaccionó de manera inmediata. No fue hasta la ley 25/2022, de 1 de diciembre, sobre precursores de explosivos que se incorporó toda la normativa europea de control a la legislación española. Ahora, el Ministerio del Interior deja bien claro que el responsable del control de los precursores es el CITCO, que otorga las licencias para su compra y distribución.
Una ley sobre la cual el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en su presentación, afirmaba que el objetivo era «reforzar las limitaciones de acceso de los particulares a estas sustancias químicas». El gran cambio que la norma implicaba era que «los compradores de estos productos deberán rellenar y entregar al vendedor una declaración de cliente con los datos particulares y comerciales, y la obligación de comunicar la operación al CITCO».
Hasta el momento, España aplicaba de manera descafeinada el Reglamento de la Unión Europea núm. 98/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de Europa que regulaba la comercialización de este tipo de productos susceptibles de utilizar para fabricar explosivos. Después de los atentados, y con el aliento del CNI en el cuello, el ministerio impulsó la Ley 8/2017, de 8 de noviembre, sobre precursores de explosivos, que exigía más requisitos. Posteriormente, aprobó la resolución de 16 de mayo de 2018 de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la cual se establecían los modelos de la solicitud y de la licencia que autoriza a los particulares para adquirir, poseer, utilizar o introducir en España los precursores de explosivos. El CNI, con ganas de quitarse responsabilidades de encima, apuntó directamente al CITCO de una de las grandes fallas de seguridad del Estado.
