La Fiscalía no ha tenido suerte. La Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional ha confirmado la absolución por el caso Camerún de la empresa DEFEX, la gran empresa estatal de armamento que tuvo que ser liquidada por el gobierno de Pedro Sánchez a raíz de los escándalos de corrupción que lo asediaban. En una resolución de 87 páginas, -22 páginas más extensa que la sentencia recurrida- a la que ha tenido acceso El Mundo, los magistrados consideran que la sentencia absolutoria del pasado 24 de febrero se ajusta a derecho y no defiende la tesis de fiscal que pedía penas más duras por los ejecutivos de la empresa.
De hecho, la absolución se forjó en base una carambola legal y gracias a la reforma del Código Penal de 2015, auspiciada por el gobierno español del PP, que introdujo la responsabilidad penal en las sociedades mercantiles de carácter estatal, a la que la empresa se pudo acoger. De este modo, la segunda instancia de la Audiencia Nacional, ha vuelto a avalar que la empresa semipública de armamento y seguridad, de la cual es mayoritariamente propietaria la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI), haya sido absuelta de los delitos de soborno, tráfico de influencias, falsedad documental, malversación y blanqueo de capitales.
El caso Camerún es solo la primera pieza separada de una causa sobre sus actividades comerciales en diferentes estados. La Audiencia Nacional también investiga adjudicaciones irregulares en favor de esta empresa en países como Angola o Arabia Saudí. Todavía no hay fecha de juicio por el resto de piezas separadas, en las cuales la fiscalía tiene puesta esperanza y expectativa de una condena más contundente. Ahora la Fiscalía no descarta recurrir al Tribunal Supremo.
Comisiones, sobornos y operaciones de estética
Defex fue acusada de obtener adjudicaciones del Gobierno del Camerún, entre el 2005 y el 2013, a cambio de comisiones y sobornos a autoridades y funcionarios para el suministro de material de defensa y seguridad. La sentencia absolvía la empresa y condenaba a dos años de prisión a su exdirector comercial Manuel Iglesias-Sarriá, por un delito de corrupción en las transacciones comerciales internacionales con la aplicación de la atenuante de dilaciones indebidas, pero curiosamente, lo absolvía de los delitos de falsedad documental, malversación de caudales públicos y de blanqueo de capitales, que reclama la fiscalía y que, en caso de estimarse, subiría la pena hasta 7 años más. La sentencia también mantiene la pena de dos años, a Óscar López i Salvadó, presidente de la subcontratista Aresa, que también fue condenado por el mismo delito de corrupción y que también se asegura echar el fantasma de la entrada en la prisión.
Todo y la ratificación de la absolución, la sala de apelaciones recoge el relato fáctico de la sentencia que consideraba probado los regalos o dàdives que se hacían a los militares cameruneses responsables de la compra del material o a sus parejas, como por ejemplo operaciones de cirugía estética, muebles, regalos o viajes en Barcelona. A pesar de acreditarse estos regalos, los magistrados de la apelación, creen que no puede haber malversación de fondos públicos porque los sobornos se pagaron a través de un banco privado o a través de subcontratistas. Es más, entienden que no podía haber responsabilidad penal de la empresa porque los pagos se hicieron entre los años 2005 y el septiembre de 2014, justo antes de la entrada en vigor en 2015 de la reforma que introdujo “la extensión del régimen de responsabilidad penal a las sociedades mercantiles estatales”.
